Juana Martínez Serafin

Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
13/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Juana Martínez Serafin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de febrero de la presente anualidad; lo anterior, sin contar los días veinticinco y veintiséis del mes y año en comento, por ser inhábiles. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de veinte de junio de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General de Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General Regional de esta ciudad,, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la quejosa ********************enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa, en esta ciudad, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General Regional de esta ciudad, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y la cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "LUAR", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud de la directa quejosa. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión) (.) Las autoridades responsables Secretario de Salud; y, Director del Hospital General de Uruapan; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promociones registradas bajo los números de control interno 10040, 12106, 15426, 17821, 18999 20229, 2710, 3543, y, 4372, mismos que fueron recibidos en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional los días veintitrés de junio, diez de agosto, treinta de septiembre, diez y treinta de noviembre, y veintitrés de diciembre, todos ellos de dos mil veintidós; y, diecisiete de febrero y dos y quince de marzo de dos mil veintitrés, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) De igual manera, hicieron del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular UREA, Unidad Renal Ambulatoria, con domicilio ubicado en Paseo Loma Larga, número 1239, colonia Lomas del Valle Norte, teléfono 45-25-19-38-98, Uruapan, Michoacán de Ocampo. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir, por lo que no sufrirá afectaciones en su tratamiento, informando además que se la aplicara como parte del tratamiento dialítico los medicamentos denominados "Hierro" y "Eritropoyetina". d) Finalmente, informó que en caso de que el quejoso ********************requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio demandado, para que sea valorado y una vez que se genere la receta correspondiente podrá pasar al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito y en caso de que no se cuente con el deberá acudir al área de dirección para dejar una copia de la receta, y se realicen las gestiones administrativas pertinentes a fin de adquirir de manera directa el medicamento que requiera. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado; lo anterior, sin que pase desapercibido lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que no se le estaba proporcionando el medicamento correspondiente, así como que desconocía el motivo por el cual de dicha situación. Sin embargo, previo requerimiento a la autoridad responsable, ésta última informó el que el medicamento denominado Hierro y Eritropoyetina, forma parte del tratamiento que debe otorgarse a la parte quejosa, por lo que requirió a la empresa moral denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de que informara de manera fundada y motiva el motivo de la negativa del referido medicamento; con lo que se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación manifestara lo que a su interés legal conviniera. A lo que el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado federal el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, informó que hasta ese momento la parte quejosa si se encontraba recibiendo el tratamiento de hemodiálisis que necesita, teniendo programados los días miércoles y sábado de cada semana, en la clínica privada denominada "UREA, Unidad Renal Ambulatoria", con domicilio ubicado en Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Gobernador Constitucional, Secretario de Salud; Titular de la Dirección Administrativa de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Director del Hospital General de Apatzingán; y, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, todos ellos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito signado por el licenciado ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, por medio del cual, manifiesta que el peticionario de amparo recibe el tratamiento de hemodiálisis que necesita de manera subrogada, en la clínica particular denominada "Unidad Renal Ambulatoria, UREA", ubicada en Uruapan, Michoacán de Ocampo; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE CONTESTA REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán por sí y en representación de la diversa responsable Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán, a través del cual, en atención al requerimiento que le fuera formulado mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que requirió a la moral denominada "IGSA Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable", a efecto de que le informe si la clínica denominada "Unidad Renal Ambulatoria (UREA)" está entregando o no los medicamentos denominados Hierro y Eritropoyetina a la parte aquí quejosa, ya que la citada moral se encuentra obligada de a otorgar el mismo a la parte quejosa de menara ineludible, así como que en caso de que no se esté proporcionando el citado medicamento, informe de manera fundada y motivada el motivo de esa circunstancia ya que el multicitado medicamento se encuentra contemplado como parte del tratamiento que debe recibir la aquí quejosa. VISTA. Consecuentemente, como con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés. PARTE QUEJOSA CONTESTA VISTA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito signado por el licenciado Enrique Villanueva Arreola, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; por medio del cual, en atención a la vista que le fuera concedida mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, manifiesta que la quejosa Juana Martínez Serafín, se encuentra recibiendo de manera oportuna las sesiones de hemodiálisis correspondientes, teniendo programados los días miércoles y sábado de cada semana, en la clínica privada denominada "Unidad Renal Ambulatoria, UREA", con domicilio ubicado en Uruapan, Michoacán de Ocampo; sin embargo, manifiesta que no le han proporcionado el HIERRO que necesita, sin que conozca el motivo por el cual no se le está proporcionando el mismo. Refiriendo además, que, si la clínica es quien le otorga el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y son los médicos especialistas de la misma quienes prescriben los medicamentos necesarios para el tratamiento, motivo por el cual, la clínica denominada "Unidad Renal Ambulatoria, UREA", es quien deberá realizar a la parte quejosa los estudios y evaluaciones que considere pertinentes al quejoso, para que asimismo, le prescriban los medicamentos que requiera, los cuales son eritropoyetina, hierro y multivitamínicos, tal y como los venía recibiendo desde el inicio de su tratamiento de hemodiálisis. REQUERIMIENTO. En ese orden de ideas y toda vez que los actos reclamados constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a dichas autoridades, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, presten al quejoso la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), así como el MEDICAMENTO necesario para la enfermedad diagnosticada, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud; o bien, en caso de que, por las condiciones actuales de salud del aquí quejoso, no sea idóneo el suministro de los medicamentos que el impetrante de amparo venía recibiendo, deberá acreditarlo con la documental idónea expedida por su médico tratante. Máxime que, como lo manifestó el apoderado jurídico de las autoridades responsables licenciado José Eduardo Márquez Campos, mediante escrito presentado en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veintidós, parte del tratamiento que se le brinda al quejoso de mérito, consiste precisamente en la aplicación del tratamiento dialítico, así como la aplicación de los medicamentos Hierro y Eritropoyetina; de ahí que se encuentre justificado requerir a la autoridad responsable de mérito para que acredite con documental idónea el motivo por el cual ha dejado de brindarse a la parte quejosa el tratamiento de salud en la forma en la que lo venía recibiendo. En el entendido de que para el caso de que la negativa de suministro de los medicamentos a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, sea por cuestiones administrativas y no porque así lo haya determinado su médico tratante dentro del expediente clínico del multicitado quejoso, deberá girar las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida los medicamentos que requiera como parte de las sesiones hemodialíticas a la parte quejosa relativa al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto. INCLUSO, DEBERÁ DICTAR CUANTA MEDIDA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REQUIERA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDO LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD, NECESARIOS PARA PRESERVAR LA VIDA Y SALUD DEL HOY QUEJOSO. Es preciso disponer que la atención adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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