Juana Maryel Hernández Soto
Expediente 1161/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juana Maryel Hernández Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1161/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se declaró no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Valoración documental. el presente expediente constituye un asunto concluido. , estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. , se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que ha quedado firme el proveído que declaró no presentada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1161/2021-I Puebla, Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de este asunto, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar la prevención de dieciocho de noviembre del presente año, feneció el dos de diciembre dos mil veintiuno, pues la quejosa fue notificada el veinticuatro de noviembre del año en curso. Sin embargo, no se presentó escrito aclaratorio en el citado plazo pese a estar debidamente notificada. Se tiene por no presentada la demanda de amparo Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Por último, se ordena a la Oficial Judicial "A" realice las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; de manera personal a la quejosa y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 1161/2021-I Puebla, Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de este asunto, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar la prevención de dieciocho de noviembre del presente año, feneció el dos de diciembre dos mil veintiuno, pues la quejosa fue notificada el veinticuatro de noviembre del año en curso. Sin embargo, no se presentó escrito aclaratorio en el citado plazo pese a estar debidamente notificada. Se tiene por no presentada la demanda de amparo Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Por último, se ordena a la Oficial Judicial "A" realice las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; de manera personal a la quejosa y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1161/2021. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe el oficio de cuenta en formato digitalizado signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo 1172/2021 formado con motivo de la demanda de amparo promovida por * En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, asunto bajo el esquema de "juicio en línea", que fueron señalados actos reclamados de naturaleza penal y son atribuidos a autoridades de la misma materia, por lo que estimó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto en razón de la materia. Por tanto, consideró que la competencia legal para conocer del referido juicio, debe surtirse a favor del juzgado que conozca de dicha materia, siendo este un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En ese sentido, ya que por turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, este operador jurídico acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda presentada.... Sobre todo porque se observa que los actos reclamados, son de naturaleza penal y son atribuidos a autoridades de la misma materia. En consecuencia, se instruye librar el oficio de acuse para el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitirlo por interconexión. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Sobre todo porque las imprecisiones desde las denominaciones de las autoridades hasta en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar causales de improcedencia y hasta pueden implicar la comisión de un delito especial, lo anterior, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio de amparo -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".El dictado, acuerdo, libramiento o decreto de cualquier orden de citación, orden de presentación, orden de detención, orden de aprehensión, orden de arraigo, cita de comparecencia, orden de búsqueda, orden de localización, orden de investigación ministerial, orden de privación de la libertad personal, orden de presentación ministerial, orden de captura, orden de arresto, cita de comparecencia para formulación de imputación, incoada en mi contra, así como también tener el derecho de saber si existe denuncia o acusación alguna en mi contra." Sin embargo, varios de los actos mencionados con antelación, de tenerse señalados como tales en el presente juicio encontrarían causales de improcedencia. Entre ellos lo siguientes: "El dictado, acuerdo, libramiento o decreto de cualquier orden de citación, orden de presentación, orden de detención, orden de arraigo, cita de comparecencia, orden de búsqueda, orden de localización, orden de investigación ministerial, orden de privación de la libertad personal, orden de presentación ministerial, orden de captura, orden de arresto, cita de comparecencia para formulación de imputación, incoada en mi contra, así como también tener el derecho de saber si existe denuncia o acusación alguna en mi contra". Esos actos encontrarían diferentes causales de improcedencia, porque convergen a las hipótesis jurídicas de orden de presentación con fines de investigación, citación para la audiencia inicial y actos para integrar una carpeta por hechos delictuosos, que no pueden reclamarse en amparo indirecto. Cierto, la orden ministerial de presentación con fines de investigación, emitida conforme a las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no implica la restricción de la libertad para la quejosa aun cuando vaya dirigida a esta, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse a declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial, ya no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Lo cual también permite afirmar la improcedencia que se actualizaría, respecto de la orden de investigación reclamada, pues la obligación impuesta al Ministerio Público desde el artículo 21 de la constitución federal, restringe la vía de amparo indirecto contra los actos para la integración de una carpeta por hechos delictuosos. Bajo este contexto, es válido afirmar que si la quejosa intentara señalar dichos actos en la demanda de amparo, encontraría una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en términos de la fracción XXIII del numeral 61, relacionada con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,3 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, titulada: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"....Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Mientras que el reclamo de la orden de comparecencia para formulación de imputación, también resultaría improcedente conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada con registro digital 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Por otro lado, por cuanto hace a la orden de arraigo, debe indicarse que la misma debe ser librada por un juez de orden federal, sin embargo la quejosa omitió señalar a alguna autoridad de dicha esfera competencial. Ahora, los antecedentes relatados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, reflejan que, según su dicho, acudieron a su domicilio elementos de la policía ministerial (sic) adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes le comentaron que llevaban consigo una orden de aprehensión contra ella, que debían ejecutar. Bajo este contexto, resalta una notoria contradicción en los hechos relatados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, al grado de que presentan un escenario de obligatoria aclaración para esclarecer cuáles hechos tienen relación, en verdad, con los actos reclamados. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: este operador jurídico ya revisó los antecedentes relatados en la demanda, motivo por el cual debe evitar (la quejosa) la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presente un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Por otro lado, dado lo manifestado en líneas precedentes, también existen diversas irregularidades en las autoridades señaladas como responsables, en específico, las siguientes: Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla (con carácter de ordenadora), Fiscal General del Estado de Puebla (con carácter de ordenadora), Director General de la Agencia Estatal de Investigación (con carácter de ordenadora); y Director de Seguridad Pública de Zacatlán, Puebla (con carácter de ejecutora). Lo anterior, porque las tres primera dependencias citadas por aquélla, no tienen facultades legales para emitir órdenes de aprehensión o de arraigo, aunado a que si la quejosa deseara señalarlas por los diversos actos mencionados encontraría las causales de improcedencias mencionadas con antelación. Incluso la autoridad señalada como ejecutora - Director de Seguridad Pública de Zacatlán, Puebla-tampoco podría llevar a cabo dicha ejecución, ya que esta únicamente realiza funciones circunscritas a mantener el orden público. Entonces, la quejosa debe aclarar el capítulo de responsables ordenadoras y ejecutoras que si tienen facultades legales para disponer el ordenamiento y cumplimiento de órdenes de aprehensión, y que fueron señaladas en la demanda de amparo, a saber: Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, (ordenadora) Juez de Oralidad Penal y ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (ordenadora), Fiscal General del Estado de Puebla (ejecutora), y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (ejecutora). Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste si desea limitar los actos combatidos a la orden de aprehensión y detención y la orden de comparecencia, librada en su contra (de la quejosa), para evitar las causales de improcedencia que se actualizarían respecto de los demás actos reclamados, así como la introducción de antecedentes novedosos, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, lo cual podría implicar la comisión del delito especial, 2. Indique si desea perfeccionar el señalamiento de las autoridades judiciales ordenadoras, para dejar en su lugar al Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, y al Juez de Oralidad Penal y ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, 3. Exprese si desea retirar de la demanda a las autoridades ordenadoras que señaló como Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación y a la diversa ejecutora señalada como Director de Seguridad Pública de Zacatlán, Puebla, para evitar una causal de improcedencia, conforme a las razones expuestas con antelación; e 4. Indique si desea perfeccionar el señalamiento de las autoridades ejecutoras para dejar en su lugar únicamente al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 244/2021 -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere a la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de la demanda. Sin que se tenga como tal, el correo electrónico que la quejosa pretendió señalar como domicilio procesal, dado que las normas de la Ley de Amparo no contemplan ese medio electrónico como una vía para realizar notificaciones personales. De modo que la dirección de correo electrónico que proporcionó, sólo se tendrá como un medio de contacto por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados por aquella en el primer acápite de la demanda, porque no les otorgó facultades amplias en forma expresa. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad indicadas); y cúmplase.
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