Juana Olga Autran Gómez
Expediente 134/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Olga Autran Gómez
Actuaciones
- Incidental
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 134/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintiuno. De la primera certificación secretarial que antecede se advierte que en la Circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que hasta el día de hoy se provee el ocurso de cuenta. Atento a la segunda certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juana Olga Autran Gómez, para el efecto que: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por JUANA OLGA AUTRAN GÓMEZ, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por ésta y, en su lugar, dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin incurrir en las mismas deficiencias que se han evidenciado en esta parte considerativa, resuelva nuevamente lo que conforme a derecho corresponda. En el entendido de que, incluso, podrá sostener el mismo sentido que la resolución combatida si a su consideración así resulta procedente, pero en todo caso deberá exponer los razonamientos lógico jurídicos que determinen el sentido de su resolución. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento al fallo amparador, mediante oficio 2368/2020 la Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de dos de diciembre de la presente anualidad, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de enero de dos mil veinte, que recayó al recurso de revocación que se interpuso en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 2131/2019 de su índice y, con libertad de jurisdicción, procedió a dictar una nueva resolución en base a las siguientes consideraciones. En primer término, desglosó las manifestaciones hechas valer por el abogo patrono de Juana Olga Autran Gómez (aquí quejosa) y las realizadas por el abogado de los coherederos María del Carmen Guadalupe, Araceli Lina y Luis Bernardo, los tres de apellidos Autran Gómez, así como de Rafael Vicente Autrán Cabañas. Aunado a ello, invocó el contenido de lo dispuesto por los artículos 1628, 1638, 1639, fracciones III y IV, 1640, 1655, 1658, 1660 del Código Civil del Estado, de los que se desprenden algunas facultades y obligaciones de los albaceas en el cumplimiento de su encargo, así como los diversos contenidos de los artículos 647, 648, 649, 653 y 654 del citado ordenamiento, que establecen los plazos legales para realizar determinadas acciones (caucionar el manejo de los bienes, realizar la formación de inventario, rendir cuentas de su administración, etc). De lo que concluyó, que el término conferido al albacea de una sucesión para rendir cuenta, debe computarse de momento a momento, a partir de la fecha en que le sea discernido el cargo, puesto que la obligación de rendirla es inherente a ese cargo, es decir, por el solo hecho de continuar en la administración del acervo hereditario tiene el deber ineludible de hacer la rendición y subsiste, aun en el caso de que el procedimiento en el juicio correspondiente se viera suspendido. Además que el albacea, ya sea provisional, judicial o definitivo, está obligado a rendir dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su cargo, las cuentas de su administración correspondiente del año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de ese ese deber, y las cantidades que resulten liquidas se depositaran a disposición del juzgado y la garantía otorgada por el interventor o por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Así, una vez presentada la cuenta mensual, anual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados, por un término de diez días, para que se impongan de ella. Si todos los interesados aprobaren la cuenta o no la impugnaren, el juez la aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no está conforme, se tramitará el incidente respectivo, pero es indispensable, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. Por lo que, el albacea en el término señalado por la autoridad judicial, debe concluir las operaciones de liquidación y presentar sus cuentas, amén que no pueden dejarse al arbitrio del albacea indefinidamente. En ese sentido, el juez responsable estableció que los coherederos se opusieron respecto de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, de los cuales los coherederos solicitaron su preservación, hasta en tanto se aclarara el origen de las cantidades de dinero que dichos instrumentos representan y las operaciones referidas en los "balances de movimientos" que fueron presentados en la respectiva cuenta, pero no así respecto de los diversos billetes 638069, 638055 y 638112, que fueron depositados por la propia recurrente en su favor. Por tanto, bajo su óptica jurídica resultaba parcialmente fundada la oposición referente a los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, en atención, a que el albacea es el encargado de la administración de bienes y rendir cuentas del albaceazgo, resultando inconcuso que sea el propio abogado patrono, que únicamente le concierne funciones y atribuciones que le confiere el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles, quien comparezca ante ese juzgado a exhibir los billetes de depósito derivado de la rendición de cuentas que le es designada como una obligación a la albacea. Así, advirtió que en autos del juicio de origen existen cuentas de administración que están pendientes de aprobación, ya que los coherederos promovieron el incidente de oposición a la cuenta anual de la administración del albaceazgo comprendiendo su ejercicio del ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, misma que no ha sido aprobada, por lo que resulta improcedente aprobar el pago y cobro de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que si hicieron por abogado patrono a favor del albacea, aun los billetes de depósito 638069, 638055 y 638112, presentados por la albacea a su favor, y de los cuales no se opusieron los coherederos. Procediendo a precisar que los billetes de depósito números 620763, 620764, 620765 y 620766 los dos primeros contemplan meses de marzo a diciembre de dos mil quince, enero a diciembre de dos mil dieciséis y los dos últimos periodos de enero a diciembre de dos mil diecisiete y enero a junio de dos mil dieciocho, que se encuentran contemplados dentro del periodo a la rendición de cuenta de ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, y que se encuentra pendiente de aprobación. Por ello, a su consideración resulta fundamental resolver el incidente de oposición propuesto por los coherederos para efectos de no contravenir lo dispuesto por el dispositivo 654 del Código Adjetivo Civil, máxime que de un razonamiento lógico jurídico, los mismos no podían ser autorizados para su pago y cobro, al haber sido impugnada por los coherederos en su momento y hasta ese momento no se encuentra aprobada. Además, manifestó que la albacea es también coheredera y tiene un porcentaje legal correspondiente de los bienes de la sucesión, sin embargo para no afectar derechos de audiencia, debido proceso y a fin de no vulnerar algún derecho fundamental de alguno de los coherederos y del albacea, lo procedente era dejar a cuenta de la sucesión dichos billetes de depósito que se encuentran a disposición de los coherederos en la secretaria de su juzgado, en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de administración del albacea. Además, aun cuando únicamente refirieron su oposición de las cuentas en términos de lo previsto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, más no las impugnaron en la forma que corresponde, si promovieron su inconformidad en cuentas anteriores y que aún no ha sido aprobada. En consecuencia, resolvió que es parcialmente procedente el recurso de revocación planteado en contra del auto de fecha de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y procedió a modificar el mismo, dejando intocado el resto, para quedar como siguiente: "En cuanto, al ocurso de Juana Olga Autran Gómez, con número de registro 83 de la libreta de promociones; dígasele a la promovente, que una vez que aclare la rendición de su administración en la sucesión a bienes de Ana María Gómez, comprendido el periodo del ocho de octubre de dos mil diecisiete, al ocho de octubre de dos miel dieciocho, se acordara procedente, esto en el entendido que se encuentra pendiente de resolver, Incidente de Oposición de la cuenta anual de su administración de albaceazgo, y de los cuales comprende algunos de periodo anterior y posterior de los billetes de depósito que requiere su pago y cobro a su favor en su ocurso, por lo que, de autorizar su pago vulneraría los derechos de audiencia y debido proceso de los coherederos, en atención a lo previsto por el numeral 14 y 17 Constitucional, ya que además contravendría lo dispuesto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, por ende, los billetes a que requiere el pago a su favor, quedan a disposición de parte interesada, en la Secretaría de este Juzgado hasta en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de su administración, en el entendido, que queda pendiente su aclaración a la rendición de cuenta de su administración por dicho periodo". En tales condiciones, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y, en su lugar, dictó otra en la que con libertad de jurisdicción, en la que resolvió nuevamente lo que conforme en derecho correspondió. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veinte, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomos que se formaron para los efectos legales conducentes. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes."Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintiuno. De la primera certificación secretarial que antecede se advierte que en la Circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que hasta el día de hoy se provee el ocurso de cuenta. Atento a la segunda certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juana Olga Autran Gómez, para el efecto que: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por JUANA OLGA AUTRAN GÓMEZ, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por ésta y, en su lugar, dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin incurrir en las mismas deficiencias que se han evidenciado en esta parte considerativa, resuelva nuevamente lo que conforme a derecho corresponda. En el entendido de que, incluso, podrá sostener el mismo sentido que la resolución combatida si a su consideración así resulta procedente, pero en todo caso deberá exponer los razonamientos lógico jurídicos que determinen el sentido de su resolución. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento al fallo amparador, mediante oficio 2368/2020 la Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de dos de diciembre de la presente anualidad, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de enero de dos mil veinte, que recayó al recurso de revocación que se interpuso en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 2131/2019 de su índice y, con libertad de jurisdicción, procedió a dictar una nueva resolución en base a las siguientes consideraciones. En primer término, desglosó las manifestaciones hechas valer por el abogo patrono de Juana Olga Autran Gómez (aquí quejosa) y las realizadas por el abogado de los coherederos María del Carmen Guadalupe, Araceli Lina y Luis Bernardo, los tres de apellidos Autran Gómez, así como de Rafael Vicente Autrán Cabañas. Aunado a ello, invocó el contenido de lo dispuesto por los artículos 1628, 1638, 1639, fracciones III y IV, 1640, 1655, 1658, 1660 del Código Civil del Estado, de los que se desprenden algunas facultades y obligaciones de los albaceas en el cumplimiento de su encargo, así como los diversos contenidos de los artículos 647, 648, 649, 653 y 654 del citado ordenamiento, que establecen los plazos legales para realizar determinadas acciones (caucionar el manejo de los bienes, realizar la formación de inventario, rendir cuentas de su administración, etc). De lo que concluyó, que el término conferido al albacea de una sucesión para rendir cuenta, debe computarse de momento a momento, a partir de la fecha en que le sea discernido el cargo, puesto que la obligación de rendirla es inherente a ese cargo, es decir, por el solo hecho de continuar en la administración del acervo hereditario tiene el deber ineludible de hacer la rendición y subsiste, aun en el caso de que el procedimiento en el juicio correspondiente se viera suspendido. Además que el albacea, ya sea provisional, judicial o definitivo, está obligado a rendir dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su cargo, las cuentas de su administración correspondiente del año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de ese ese deber, y las cantidades que resulten liquidas se depositaran a disposición del juzgado y la garantía otorgada por el interventor o por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Así, una vez presentada la cuenta mensual, anual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados, por un término de diez días, para que se impongan de ella. Si todos los interesados aprobaren la cuenta o no la impugnaren, el juez la aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no está conforme, se tramitará el incidente respectivo, pero es indispensable, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. Por lo que, el albacea en el término señalado por la autoridad judicial, debe concluir las operaciones de liquidación y presentar sus cuentas, amén que no pueden dejarse al arbitrio del albacea indefinidamente. En ese sentido, el juez responsable estableció que los coherederos se opusieron respecto de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, de los cuales los coherederos solicitaron su preservación, hasta en tanto se aclarara el origen de las cantidades de dinero que dichos instrumentos representan y las operaciones referidas en los "balances de movimientos" que fueron presentados en la respectiva cuenta, pero no así respecto de los diversos billetes 638069, 638055 y 638112, que fueron depositados por la propia recurrente en su favor. Por tanto, bajo su óptica jurídica resultaba parcialmente fundada la oposición referente a los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, en atención, a que el albacea es el encargado de la administración de bienes y rendir cuentas del albaceazgo, resultando inconcuso que sea el propio abogado patrono, que únicamente le concierne funciones y atribuciones que le confiere el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles, quien comparezca ante ese juzgado a exhibir los billetes de depósito derivado de la rendición de cuentas que le es designada como una obligación a la albacea. Así, advirtió que en autos del juicio de origen existen cuentas de administración que están pendientes de aprobación, ya que los coherederos promovieron el incidente de oposición a la cuenta anual de la administración del albaceazgo comprendiendo su ejercicio del ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, misma que no ha sido aprobada, por lo que resulta improcedente aprobar el pago y cobro de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que si hicieron por abogado patrono a favor del albacea, aun los billetes de depósito 638069, 638055 y 638112, presentados por la albacea a su favor, y de los cuales no se opusieron los coherederos. Procediendo a precisar que los billetes de depósito números 620763, 620764, 620765 y 620766 los dos primeros contemplan meses de marzo a diciembre de dos mil quince, enero a diciembre de dos mil dieciséis y los dos últimos periodos de enero a diciembre de dos mil diecisiete y enero a junio de dos mil dieciocho, que se encuentran contemplados dentro del periodo a la rendición de cuenta de ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, y que se encuentra pendiente de aprobación. Por ello, a su consideración resulta fundamental resolver el incidente de oposición propuesto por los coherederos para efectos de no contravenir lo dispuesto por el dispositivo 654 del Código Adjetivo Civil, máxime que de un razonamiento lógico jurídico, los mismos no podían ser autorizados para su pago y cobro, al haber sido impugnada por los coherederos en su momento y hasta ese momento no se encuentra aprobada. Además, manifestó que la albacea es también coheredera y tiene un porcentaje legal correspondiente de los bienes de la sucesión, sin embargo para no afectar derechos de audiencia, debido proceso y a fin de no vulnerar algún derecho fundamental de alguno de los coherederos y del albacea, lo procedente era dejar a cuenta de la sucesión dichos billetes de depósito que se encuentran a disposición de los coherederos en la secretaria de su juzgado, en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de administración del albacea. Además, aun cuando únicamente refirieron su oposición de las cuentas en términos de lo previsto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, más no las impugnaron en la forma que corresponde, si promovieron su inconformidad en cuentas anteriores y que aún no ha sido aprobada. En consecuencia, resolvió que es parcialmente procedente el recurso de revocación planteado en contra del auto de fecha de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y procedió a modificar el mismo, dejando intocado el resto, para quedar como siguiente: "En cuanto, al ocurso de Juana Olga Autran Gómez, con número de registro 83 de la libreta de promociones; dígasele a la promovente, que una vez que aclare la rendición de su administración en la sucesión a bienes de Ana María Gómez, comprendido el periodo del ocho de octubre de dos mil diecisiete, al ocho de octubre de dos miel dieciocho, se acordara procedente, esto en el entendido que se encuentra pendiente de resolver, Incidente de Oposición de la cuenta anual de su administración de albaceazgo, y de los cuales comprende algunos de periodo anterior y posterior de los billetes de depósito que requiere su pago y cobro a su favor en su ocurso, por lo que, de autorizar su pago vulneraría los derechos de audiencia y debido proceso de los coherederos, en atención a lo previsto por el numeral 14 y 17 Constitucional, ya que además contravendría lo dispuesto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, por ende, los billetes a que requiere el pago a su favor, quedan a disposición de parte interesada, en la Secretaría de este Juzgado hasta en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de su administración, en el entendido, que queda pendiente su aclaración a la rendición de cuenta de su administración por dicho periodo". En tales condiciones, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y, en su lugar, dictó otra en la que con libertad de jurisdicción, en la que resolvió nuevamente lo que conforme en derecho correspondió. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veinte, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomos que se formaron para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, el cual dice: De la primera certificación secretarial que antecede se advierte que en la Circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que hasta el día de hoy se provee el ocurso de cuenta. Atento a la segunda certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juana Olga Autran Gómez, para el efecto que: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por JUANA OLGA AUTRAN GÓMEZ, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por ésta y, en su lugar, dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin incurrir en las mismas deficiencias que se han evidenciado en esta parte considerativa, resuelva nuevamente lo que conforme a derecho corresponda. En el entendido de que, incluso, podrá sostener el mismo sentido que la resolución combatida si a su consideración así resulta procedente, pero en todo caso deberá exponer los razonamientos lógico jurídicos que determinen el sentido de su resolución. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento al fallo amparador, mediante oficio 2368/2020 la Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de dos de diciembre de la presente anualidad, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de enero de dos mil veinte, que recayó al recurso de revocación que se interpuso en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 2131/2019 de su índice y, con libertad de jurisdicción, procedió a dictar una nueva resolución en base a las siguientes consideraciones. En primer término, desglosó las manifestaciones hechas valer por el abogo patrono de Juana Olga Autran Gómez (aquí quejosa) y las realizadas por el abogado de los coherederos María del Carmen Guadalupe, Araceli Lina y Luis Bernardo, los tres de apellidos Autran Gómez, así como de Rafael Vicente Autrán Cabañas. Aunado a ello, invocó el contenido de lo dispuesto por los artículos 1628, 1638, 1639, fracciones III y IV, 1640, 1655, 1658, 1660 del Código Civil del Estado, de los que se desprenden algunas facultades y obligaciones de los albaceas en el cumplimiento de su encargo, así como los diversos contenidos de los artículos 647, 648, 649, 653 y 654 del citado ordenamiento, que establecen los plazos legales para realizar determinadas acciones (caucionar el manejo de los bienes, realizar la formación de inventario, rendir cuentas de su administración, etc). De lo que concluyó, que el término conferido al albacea de una sucesión para rendir cuenta, debe computarse de momento a momento, a partir de la fecha en que le sea discernido el cargo, puesto que la obligación de rendirla es inherente a ese cargo, es decir, por el solo hecho de continuar en la administración del acervo hereditario tiene el deber ineludible de hacer la rendición y subsiste, aun en el caso de que el procedimiento en el juicio correspondiente se viera suspendido. Además que el albacea, ya sea provisional, judicial o definitivo, está obligado a rendir dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su cargo, las cuentas de su administración correspondiente del año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de ese ese deber, y las cantidades que resulten liquidas se depositaran a disposición del juzgado y la garantía otorgada por el interventor o por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Así, una vez presentada la cuenta mensual, anual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados, por un término de diez días, para que se impongan de ella. Si todos los interesados aprobaren la cuenta o no la impugnaren, el juez la aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no está conforme, se tramitará el incidente respectivo, pero es indispensable, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. Por lo que, el albacea en el término señalado por la autoridad judicial, debe concluir las operaciones de liquidación y presentar sus cuentas, amén que no pueden dejarse al arbitrio del albacea indefinidamente. En ese sentido, el juez responsable estableció que los coherederos se opusieron respecto de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, de los cuales los coherederos solicitaron su preservación, hasta en tanto se aclarara el origen de las cantidades de dinero que dichos instrumentos representan y las operaciones referidas en los "balances de movimientos" que fueron presentados en la respectiva cuenta, pero no así respecto de los diversos billetes 638069, 638055 y 638112, que fueron depositados por la propia recurrente en su favor. Por tanto, bajo su óptica jurídica resultaba parcialmente fundada la oposición referente a los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, en atención, a que el albacea es el encargado de la administración de bienes y rendir cuentas del albaceazgo, resultando inconcuso que sea el propio abogado patrono, que únicamente le concierne funciones y atribuciones que le confiere el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles, quien comparezca ante ese juzgado a exhibir los billetes de depósito derivado de la rendición de cuentas que le es designada como una obligación a la albacea. Así, advirtió que en autos del juicio de origen existen cuentas de administración que están pendientes de aprobación, ya que los coherederos promovieron el incidente de oposición a la cuenta anual de la administración del albaceazgo comprendiendo su ejercicio del ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, misma que no ha sido aprobada, por lo que resulta improcedente aprobar el pago y cobro de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que si hicieron por abogado patrono a favor del albacea, aun los billetes de depósito 638069, 638055 y 638112, presentados por la albacea a su favor, y de los cuales no se opusieron los coherederos. Procediendo a precisar que los billetes de depósito números 620763, 620764, 620765 y 620766 los dos primeros contemplan meses de marzo a diciembre de dos mil quince, enero a diciembre de dos mil dieciséis y los dos últimos periodos de enero a diciembre de dos mil diecisiete y enero a junio de dos mil dieciocho, que se encuentran contemplados dentro del periodo a la rendición de cuenta de ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, y que se encuentra pendiente de aprobación. Por ello, a su consideración resulta fundamental resolver el incidente de oposición propuesto por los coherederos para efectos de no contravenir lo dispuesto por el dispositivo 654 del Código Adjetivo Civil, máxime que de un razonamiento lógico jurídico, los mismos no podían ser autorizados para su pago y cobro, al haber sido impugnada por los coherederos en su momento y hasta ese momento no se encuentra aprobada. Además, manifestó que la albacea es también coheredera y tiene un porcentaje legal correspondiente de los bienes de la sucesión, sin embargo para no afectar derechos de audiencia, debido proceso y a fin de no vulnerar algún derecho fundamental de alguno de los coherederos y del albacea, lo procedente era dejar a cuenta de la sucesión dichos billetes de depósito que se encuentran a disposición de los coherederos en la secretaria de su juzgado, en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de administración del albacea. Además, aun cuando únicamente refirieron su oposición de las cuentas en términos de lo previsto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, más no las impugnaron en la forma que corresponde, si promovieron su inconformidad en cuentas anteriores y que aún no ha sido aprobada. En consecuencia, resolvió que es parcialmente procedente el recurso de revocación planteado en contra del auto de fecha de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y procedió a modificar el mismo, dejando intocado el resto, para quedar como siguiente: "En cuanto, al ocurso de Juana Olga Autran Gómez, con número de registro 83 de la libreta de promociones; dígasele a la promovente, que una vez que aclare la rendición de su administración en la sucesión a bienes de Ana María Gómez, comprendido el periodo del ocho de octubre de dos mil diecisiete, al ocho de octubre de dos miel dieciocho, se acordara procedente, esto en el entendido que se encuentra pendiente de resolver, Incidente de Oposición de la cuenta anual de su administración de albaceazgo, y de los cuales comprende algunos de periodo anterior y posterior de los billetes de depósito que requiere su pago y cobro a su favor en su ocurso, por lo que, de autorizar su pago vulneraría los derechos de audiencia y debido proceso de los coherederos, en atención a lo previsto por el numeral 14 y 17 Constitucional, ya que además contravendría lo dispuesto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, por ende, los billetes a que requiere el pago a su favor, quedan a disposición de parte interesada, en la Secretaría de este Juzgado hasta en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de su administración, en el entendido, que queda pendiente su aclaración a la rendición de cuenta de su administración por dicho periodo". En tales condiciones, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y, en su lugar, dictó otra en la que con libertad de jurisdicción, en la que resolvió nuevamente lo que conforme en derecho correspondió. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veinte, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomos que se formaron para los efectos legales conducentes. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, el cual dice: De la primera certificación secretarial que antecede se advierte que en la Circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que hasta el día de hoy se provee el ocurso de cuenta. Atento a la segunda certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juana Olga Autran Gómez, para el efecto que: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por JUANA OLGA AUTRAN GÓMEZ, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por ésta y, en su lugar, dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin incurrir en las mismas deficiencias que se han evidenciado en esta parte considerativa, resuelva nuevamente lo que conforme a derecho corresponda. En el entendido de que, incluso, podrá sostener el mismo sentido que la resolución combatida si a su consideración así resulta procedente, pero en todo caso deberá exponer los razonamientos lógico jurídicos que determinen el sentido de su resolución. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento al fallo amparador, mediante oficio 2368/2020 la Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de dos de diciembre de la presente anualidad, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de enero de dos mil veinte, que recayó al recurso de revocación que se interpuso en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 2131/2019 de su índice y, con libertad de jurisdicción, procedió a dictar una nueva resolución en base a las siguientes consideraciones. En primer término, desglosó las manifestaciones hechas valer por el abogo patrono de Juana Olga Autran Gómez (aquí quejosa) y las realizadas por el abogado de los coherederos María del Carmen Guadalupe, Araceli Lina y Luis Bernardo, los tres de apellidos Autran Gómez, así como de Rafael Vicente Autrán Cabañas. Aunado a ello, invocó el contenido de lo dispuesto por los artículos 1628, 1638, 1639, fracciones III y IV, 1640, 1655, 1658, 1660 del Código Civil del Estado, de los que se desprenden algunas facultades y obligaciones de los albaceas en el cumplimiento de su encargo, así como los diversos contenidos de los artículos 647, 648, 649, 653 y 654 del citado ordenamiento, que establecen los plazos legales para realizar determinadas acciones (caucionar el manejo de los bienes, realizar la formación de inventario, rendir cuentas de su administración, etc). De lo que concluyó, que el término conferido al albacea de una sucesión para rendir cuenta, debe computarse de momento a momento, a partir de la fecha en que le sea discernido el cargo, puesto que la obligación de rendirla es inherente a ese cargo, es decir, por el solo hecho de continuar en la administración del acervo hereditario tiene el deber ineludible de hacer la rendición y subsiste, aun en el caso de que el procedimiento en el juicio correspondiente se viera suspendido. Además que el albacea, ya sea provisional, judicial o definitivo, está obligado a rendir dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su cargo, las cuentas de su administración correspondiente del año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de ese ese deber, y las cantidades que resulten liquidas se depositaran a disposición del juzgado y la garantía otorgada por el interventor o por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Así, una vez presentada la cuenta mensual, anual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados, por un término de diez días, para que se impongan de ella. Si todos los interesados aprobaren la cuenta o no la impugnaren, el juez la aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no está conforme, se tramitará el incidente respectivo, pero es indispensable, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. Por lo que, el albacea en el término señalado por la autoridad judicial, debe concluir las operaciones de liquidación y presentar sus cuentas, amén que no pueden dejarse al arbitrio del albacea indefinidamente. En ese sentido, el juez responsable estableció que los coherederos se opusieron respecto de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, de los cuales los coherederos solicitaron su preservación, hasta en tanto se aclarara el origen de las cantidades de dinero que dichos instrumentos representan y las operaciones referidas en los "balances de movimientos" que fueron presentados en la respectiva cuenta, pero no así respecto de los diversos billetes 638069, 638055 y 638112, que fueron depositados por la propia recurrente en su favor. Por tanto, bajo su óptica jurídica resultaba parcialmente fundada la oposición referente a los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que se hicieron por el abogado patrono a favor de la albacea Juana Olga Aurran Gómez, en atención, a que el albacea es el encargado de la administración de bienes y rendir cuentas del albaceazgo, resultando inconcuso que sea el propio abogado patrono, que únicamente le concierne funciones y atribuciones que le confiere el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles, quien comparezca ante ese juzgado a exhibir los billetes de depósito derivado de la rendición de cuentas que le es designada como una obligación a la albacea. Así, advirtió que en autos del juicio de origen existen cuentas de administración que están pendientes de aprobación, ya que los coherederos promovieron el incidente de oposición a la cuenta anual de la administración del albaceazgo comprendiendo su ejercicio del ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, misma que no ha sido aprobada, por lo que resulta improcedente aprobar el pago y cobro de los billetes de depósito 620763, 620764, 620765 y 620766 que si hicieron por abogado patrono a favor del albacea, aun los billetes de depósito 638069, 638055 y 638112, presentados por la albacea a su favor, y de los cuales no se opusieron los coherederos. Procediendo a precisar que los billetes de depósito números 620763, 620764, 620765 y 620766 los dos primeros contemplan meses de marzo a diciembre de dos mil quince, enero a diciembre de dos mil dieciséis y los dos últimos periodos de enero a diciembre de dos mil diecisiete y enero a junio de dos mil dieciocho, que se encuentran contemplados dentro del periodo a la rendición de cuenta de ocho de octubre de dos mil diecisiete al ocho de octubre de dos mil dieciocho, y que se encuentra pendiente de aprobación. Por ello, a su consideración resulta fundamental resolver el incidente de oposición propuesto por los coherederos para efectos de no contravenir lo dispuesto por el dispositivo 654 del Código Adjetivo Civil, máxime que de un razonamiento lógico jurídico, los mismos no podían ser autorizados para su pago y cobro, al haber sido impugnada por los coherederos en su momento y hasta ese momento no se encuentra aprobada. Además, manifestó que la albacea es también coheredera y tiene un porcentaje legal correspondiente de los bienes de la sucesión, sin embargo para no afectar derechos de audiencia, debido proceso y a fin de no vulnerar algún derecho fundamental de alguno de los coherederos y del albacea, lo procedente era dejar a cuenta de la sucesión dichos billetes de depósito que se encuentran a disposición de los coherederos en la secretaria de su juzgado, en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de administración del albacea. Además, aun cuando únicamente refirieron su oposición de las cuentas en términos de lo previsto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, más no las impugnaron en la forma que corresponde, si promovieron su inconformidad en cuentas anteriores y que aún no ha sido aprobada. En consecuencia, resolvió que es parcialmente procedente el recurso de revocación planteado en contra del auto de fecha de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y procedió a modificar el mismo, dejando intocado el resto, para quedar como siguiente: "En cuanto, al ocurso de Juana Olga Autran Gómez, con número de registro 83 de la libreta de promociones; dígasele a la promovente, que una vez que aclare la rendición de su administración en la sucesión a bienes de Ana María Gómez, comprendido el periodo del ocho de octubre de dos mil diecisiete, al ocho de octubre de dos miel dieciocho, se acordara procedente, esto en el entendido que se encuentra pendiente de resolver, Incidente de Oposición de la cuenta anual de su administración de albaceazgo, y de los cuales comprende algunos de periodo anterior y posterior de los billetes de depósito que requiere su pago y cobro a su favor en su ocurso, por lo que, de autorizar su pago vulneraría los derechos de audiencia y debido proceso de los coherederos, en atención a lo previsto por el numeral 14 y 17 Constitucional, ya que además contravendría lo dispuesto por el numeral 654 del Código de Procedimientos Civiles, por ende, los billetes a que requiere el pago a su favor, quedan a disposición de parte interesada, en la Secretaría de este Juzgado hasta en tanto, se apruebe o repruebe la cuenta de su administración, en el entendido, que queda pendiente su aclaración a la rendición de cuenta de su administración por dicho periodo". En tales condiciones, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y, en su lugar, dictó otra en la que con libertad de jurisdicción, en la que resolvió nuevamente lo que conforme en derecho correspondió. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veinte, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomos que se formaron para los efectos legales conducentes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de siete de diciembre de dos mil veinte y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a las partes, el contenido del presente proveído.
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