Judith Adela Navarro Bautista

Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
322/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Judith Adela Navarro Bautista
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Cosamaloapan, Veracruz, con las cuales se ordenó formar dos tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del presente asunto se aprecia que el tercero interesado Humberto Landa Pineda, exhibió como prueba en el presente asunto un dispositivo de almacenamiento denominado "USB", mismo que anexo en el escrito con registro 11559; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercera interesada la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado dispositivo. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho dispositivo, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 322/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Cosamaloapan, Veracruz, con las cuales se ordenó formar dos tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del presente asunto se aprecia que el tercero interesado Humberto Landa Pineda, exhibió como prueba en el presente asunto un dispositivo de almacenamiento denominado "USB", mismo que anexo en el escrito con registro 11559; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercera interesada la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado dispositivo. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho dispositivo, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Veracruz, recibida en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene acusando recibido del oficio 24095 con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el veinte de julio de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica al tercero interesado la sentencia de veinte del actual, la cual dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 322/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el día veintiséis de los actuales y turnado a este Juzgado ese mismo día, Judith Adela Navarro Bautista, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada V.Z.L.N., promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 4 a 24). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 27 a 33). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 168) la constancia de notificación respecto del emplazamiento del tercero interesado Humberto Landa Pineda (foja 110) el cual compareció y no invocó causa de improcedencia (foja 152) y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: El auto dictado en la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el juicio Ordinario Civil 1001/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz, en el que se decretó de manera provisional la convivencia entre la quejosa menor de edad de identidad reservada y su progenitor (foja 7). Fecha de notificación del acto reclamado a la parte quejosa, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós (foja 1034 del tomo II de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 168). Lo que se corrobora en razón que remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 1001/2019, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo que se estima así, pues se observa que no se hizo valer contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, susceptible de revocarlo o modificarlo. PREMISAS NORMATIVAS Para explicar lo anterior, se establecen las siguientes premisas. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a). Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b). Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c). Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La norma transcrita contiene la regla que rige la procedencia del juicio de amparo, consistente en que de manera previa a la instauración del juicio, el quejoso debe hacer valer los medios de defensa o recursos que la ley le otorga para combatir los actos que le irrogan perjuicio, en el entendido que el juicio será improcedente si el solicitante del amparo no satisface dicho presupuesto. El principio de definitividad tiene la finalidad de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia y, por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas (hacer un cambio parcial de la resolución) revocadas (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida) o nulificadas (dejar insubsistente el auto de autoridad). Asimismo, se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer, sea substanciado en todos sus términos hasta su sentencia o resolución que lo de por terminado. En efecto, el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan un daño irreparable en la sentencia." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de apelación, en contra de autos que causan un daño irreparable en la sentencia. Por su parte, los artículos 824 y 826, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establecen: "824. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución del auto o sentencia hasta que en segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y ésta sea conocida por el inferior. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado." "Artículo 826. Serán apelables en el efecto devolutivo: a).- Los autos que, con excepción de los señalados en el artículo anterior, tengan fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. Se entenderá que los autos tienen fuerza definitiva, cuando causen un gravamen que no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo aquéllos que se refieran a la mera tramitación del juicio;" De los preceptos transcritos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o sólo en el primero. b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución del auto o sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y ésta sea conocida por el inferior. c). Mientras que la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado (supuesto en el que se ubicaría el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, atento a lo dispuesto por el numeral 824 del citado ordenamiento legal). d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquéllos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten. e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entiende, aquéllos que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1001/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz, que remitió la responsable al rendir su informe justificado: a). Mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil diecinueve, Humberto Landa Pineda demandó en la vía ordinaria civil a Judith Adela Navarro Bautista, el divorcio incausado y se decretara la convivencia con su hija menor de edad de identidad reservada, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito (fojas 1 a 4 del tomo I de pruebas). b). En proveído de trece de febrero del año en cita, ente otras cuestiones, el juez responsable admitió la demanda, y ordenó emplazar a la demandada Judith Adela Navarro Bautista (fojas 26 y 27 del tomo I de pruebas). c). En auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, se tuvo a Judith Adela Navarro Bautista dando contestación a la demanda, se dejó a vista de la parte actora, y se le tuvo interponiendo demanda en reconvención en contra de Humberto Landa Pineda (foja 208 del tomo I de pruebas). d). El treinta de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a Humberto Landa Pineda dando contestación a la demanda en reconvención; asimismo, se señaló hora y fecha a fin de llevar a cabo la audiencia a que se refieren los artículos 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, a fin de que las partes manifestara sobre la guarda y custodia y derecho de convivencia; de igual forma, se giró oficio al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, en Tierra Blanca, Veracruz, a fin de que designara personal a su cargo a efecto de que se realizaran los estudios psicológicos y socioeconómicos a la menor de edad involucrada y sus progenitores (fojas 330 y 331 del tomo I de pruebas). e). El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la citada audiencia a que se refiere el artículo 157 del Código Civil del Estado de Veracruz, en la que se escuchó a los progenitores de la infante, y de acuerdo a las manifestaciones de los mismo, el juez responsable estableció un régimen de convivencia entre la menor de edad involucrada y su progenitor (fojas 409 y 410 del tomo I de pruebas). f). En proveído de trece de octubre de dos mil veinte, el juez responsable requirió a Judith Adela Navarro Bautista, a fin de que permitiera la convivencia de la menor de edad de identidad reservada con Humberto Landa Pineda, a través de video llamadas telefónicas, por motivo de la contingencia de COVID-19 (foja 608 del tomo I de pruebas). g). El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (foja 657 del tomo I de pruebas). h). En proveídos de veintiocho de mayo y once de agosto de dos mil veintiuno el juez responsable requirió a Judith Adela Navarro Bautista, a fin de que permitiera la convivencia de la menor de edad de identidad reservada con Humberto Landa Pineda, a través de video llamadas telefónicas, por motivo de la contingencia de COVID-19 (fojas 838 y 894 del tomo I de pruebas). i). El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (foja 899 del tomo I de pruebas). j). El dos de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; asimismo, señaló hora y fecha a fin de llevar a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 145 del Código Civil del Estado de Veracruz (foja 943 del tomo II de pruebas). k). El diecisiete de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 145 del Código Civil del Estado de Veracruz, en la que se escuchó a la infante y a los progenitores de la misma, y de acuerdo a las manifestaciones de los mismo, el juez responsable decretó de manera provisional la convivencia entre la menor de edad involucrada y su progenitor, sin perjuicio y modificación de la misma respecto a las circunstancias que prevalezcan en el asunto, para llevarse a cabo cada quince días, el sábado a partir de las dieciocho horas, pudiéndose llevar a la infante para pernoctar y devolverla a su domicilio ubicado en Infonavit Ferrocarrilero andador B, número cuarenta y ocho, en Tierra Blanca, Veracruz, el día siguiente a las dieciséis horas, con media hora de tolerancia al principio y al final (fojas 1029 a 1034 del tomo II de pruebas) (Resolución que constituye aquí el acto reclamado). Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Dicho lo anterior, se concluye que el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, emitido en la controversia de orden familiar 1001/2019, se traduce en aquéllos contra los cuales procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que tiene fuerza de definitivo, pues el gravamen que pudiera ocasionarse con el mismo no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal. Ello se considera así, pues en el mismo se señaló un régimen de convivencia para que la menor hija de los contendientes conviva con su padre, señalándose días y horas para que se llevara a cabo tal convivencia, así como señalando domicilio en el que se desahogaría la misma. Esto es, el gravamen que pudiera causarse a las partes o a su menor hija con el citado régimen de convivencia, no podría ser reparado al dictarse la sentencia definitiva, pues si bien la materia del juicio de origen, es precisamente la convivencia entre la menor y su padre; no menos cierto resulta que el horario provisional fijado en el acuerdo aludido para que la menor conviva con su progenitor, no podría ser materia de dicha sentencia, pues ésta se concretaría a analizar si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no del horario provisional y el domicilio que se señalaron para que el actor principal lleve a cabo la convivencia con su menor hija, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva que fije tal régimen. En esas condiciones, si en el acto reclamado se fijó una convivencia provisional entre el tercero interesado y su menor hija quejosa, para llevarse a cabo cada quince días, el sábado a partir de las dieciocho horas, pudiéndose llevar a la infante para pernoctar y devolverla a su domicilio ubicado en Infonavit Ferrocarrilero andador B, número cuarenta y ocho, en Tierra Blanca, Veracruz, el día siguiente a las dieciséis horas, con media hora de tolerancia al principio y al final; ello permite estimar que, previo a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estuvo en posibilidad de agotar en su contra el recurso de apelación, pues a través del mismo pudo lograr su revocación, modificación o nulificación; sobre todo, porque el aspecto ahí decidido, no les sería reparable en el momento en que se dictara la sentencia definitiva. En consecuencia, si la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, no agotó el medio ordinario de defensa que contempla la legislación de la materia, evidentemente no cumplió con el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tales como que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni se trata de una persona extraña al procedimiento; pues la parte quejosa es parte demanda en el juicio del cual emana el auto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de apelación previsto en los artículos 509, 824 y 826, inciso a) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna; de ahí que no se actualicen los supuestos de excepción contemplados en el numeral antes citados de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertida la circunstancia de que en el asunto participa una menor de edad; no obstante, ello no genera, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De ahí que, en la especie, el acto reclamado no se encuentra en un caso de excepción para que exima a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Máxime que en el mismo sentido se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 461/2019 du su índice, el catorce de mayo de dos mil veinte, que precisamente tiene su origen en la sentencia dictada por este juzgado en el diverso juicio de amparo 562/2019. CONCLUSIÓN En consecuencia, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado, razón por la cual, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Judith Adela Navarro Bautista, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada V.Z.L.N., contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

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