Juana Morales Morales

Expediente 929/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
929/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Juana Morales Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el veintisiete de octubre pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Juana Morales Morales, en su carácter de albacea y como representante de la sucesión intestamentaria a bienes de Socorro Morales Rosado; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 929/2021, y acuérdese lo conducente. Con base en los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, y constancias anexas al escrito de demanda, se tiene por reconocida la personalidad con que promueve Juana Morales Morales, para los efectos legales procedentes. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Ello es así, pues en el caso se configura la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte, no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo indirecto son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley. Ahora bien, en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Decimocuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, dentro del expediente sucesorio 1188/2019 de su índice estadístico, en donde declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por su abogada patrona en contra del auto en el que se niega a aprobar el inventario y avalúo presentado. De lo expuesto en el párrafo anterior, se advierte que el auto impugnado no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, por ende, constituye un acto dentro de una de las etapas de dicho juicio que deben impugnarse precisamente en amparo indirecto pero contra la resolución que le ponga fin a la etapa en desarrollo, siempre que sea de las tres primeras secciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, pues las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria de una de las etapas del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. Esto es, si se parte de la base de que el juicio sucesorio sustanciado conforme al Título Decimoquinto, denominado de las Sucesiones; capítulo I, Disposiciones Generales, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, consta de cuatro secciones, a saber: a) Sección primera relativa a la sucesión; b) Sección segunda de inventarios; c) Sección tercera de administración y, d) Sección cuarta de partición. Ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 589, 590, 591, 592 y 593 del ordenamiento jurídico en cita, es evidente que cada una de esas etapas concluye con una resolución o sentencia; y precisamente en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos (sucesión), inventarios y avalúos y, de administración, serán reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, pues es evidente que las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables cuando se promueva el juicio contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el juicio intestamentario a bienes de Socorro Morales Rosado, radicado con el número 1188/2019, del índice del Juzgado Decimocuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, sólo se han llevado a cabo la primera sección y, en la segunda, correspondiente al inventario y avalúo de la masa hereditaria, la heredera, ahora quejosa Juana Morales Morales, en su carácter de albacea y como representante de la sucesión intestamentaria, solicitó se aprobara el inventario y avalúo presentado, el cual le fue negado, inconforme con ello, la aquí quejosa, por conducto de su abogada patrona, interpuso recurso de revocación, al cual le recayó la resolución de trece de septiembre del año en curso, combatida en esta vía de amparo, en donde se declaró improcedente dicho medio de impugnación. De lo expresado, se desprende que el juicio sucesorio intestamentario de mérito se encuentra en la segunda sección de inventario y avalúo, dentro de la cual se planteó precisamente la aprobación del inventario y avalúo presentado, sin que se advierta que se haya emitido la resolución con la cual concluya dicha sección. Entonces, como en la especie, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio (inventario y avalúos) para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el controvertido constitucional es improcedente ya que, se insiste, todavía se carece de resolución que decida la segunda sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de la exclusión de bienes alegada por la masa hereditaria, aquí quejosa, cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de inventarios y avalúos" del juicio de origen. Apoya a lo anterior las tesis aisladas sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal que se cometan durante el trámite de éstas, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Así, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Juana Morales Morales, en su carácter de albacea y como representante de la sucesión intestamentaria a bienes de Socorro Morales Rosado. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Por otro lado, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que cita en el proemio de su demanda, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, a la licenciada María Esther Cazarín Sánchez, con el nombre de usuario "ecazarin" en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, no ha lugar por el momento a tener por autorizado como medio alternativo el correo electrónico despachocazarin@gmail.com, ya que fue omisa en proporcionar un número telefónico para efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante el representante de la parte quejosa o por la persona autorizada por la misma. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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