Juana Meza Rodríguez

Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
673/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Juana Meza Rodríguez
  • Etelberto Hernández Molina
  • Mario Hernández Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número 162********************; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintidós. De autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se ordena remitir el citado juicio, un tomo de pruebas, así como el escrito original y copia de agravios con registro 6903 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne éstos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Héctor Muñiz Lagunes en su carácter de representante legal de la parte tercero interesada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso C, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el indebido emplazamiento dentro del juicio ordinario mercantil 687/2013 de la estadística del Juzgado responsable, así como diversas actuaciones del mismo lo que es impugnable en amparo indirecto, al trasgredir una violación irreparable del derecho fundamental de audiencia y debido proceso de los quejosos, quienes se ostentan como terceros extraños a juicio por equiparación. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues dichos actos tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. La ilegal diligencia de emplazamiento de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario mercantil 687/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera en Veracruz, Veracruz, así como todo lo actuado dentro de dicho proceso; diligencia practicada por el actuario del ahora Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Xalapa, Veracruz, vía exhorto. La admisión de la demanda interpuesta por el ahora tercero interesado que diera inicio al citado juicio por parte del Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en la vía ordinaria mercantil. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades 1. Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, 2. Juez Sexto de Primera Instancia (ahora Especializado en Materia de Familia) y 3. Actuario adscrito al citado Juzgado Sexto de Primera Instancia ambos con sede en Xalapa, Veracruz. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 60, 96 y 148) lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, relativas al juicio ordinario mercantil 687/2013 de su índice (tomo de prueba) así como las enviadas por el 2. Juez Sexto de Primera Instancia en Xalapa, Veracruz, del exhorto 205/2013/M.A.EXHORTO de su índice (fojas 150 a 171) de las que se advierten las diligencias de emplazamiento de veintiséis de abril de dos mil trece (fojas 103 vuelta y 104 y 107 a 112 del tomo de prueba y 104 vuelta y 105, 108 a 113 del juicio) así como las demás actuaciones del juicio ordinario mercantil 687/2013 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz que conforman en citado tomo probatorio, incluido el auto de admisión de la demanda de nueve de abril de dos mil trece (foja 91 del citado cuaderno). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Al no advertirse de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, ni se invoca por las partes, a continuación se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos en su demanda de amparo y ampliación, los que se tienen por reproducidos, pues no hay disposición legal que obligue a su transcripción, ni irrogarle perjuicio a las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Constitucionalidad de los actos reclamados. Se estima pertinente señalar que por técnica jurídica se analizará inicialmente lo relativo al acto reclamado consistente en el emplazamiento de los quejosos, puesto que tal diligencia, dada su trascendencia dentro del procedimiento tiene preeminencia sobre los diversos actos reclamados, debido a que debe establecerse primero si los impetrantes de garantías fueron llamados correctamente a juicio o no, para determinar si estuvieron en aptitud de hacer valer como excepción dentro del citado proceso la alegada improcedencia de la vía. Sin que lo anterior implique desatender lo dispuesto en las tesis de Jurisprudencia 1ª./J.25/2005 y 1ª./J. 74/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocadas por los amparistas, puesto que los mismos si bien es cierto señalan que previo al dictado de la sentencia de fondo el Juez del proceso tiene obligación de revisar que el proceso se haya encausado en la vía jurídicamente idónea, ello no implica que a garantía de audiencia de las partes resulte entonces irrelevante, ni deba respetarse. Ahora Es fundado y procede conceder el amparo solicitado, el concepto de violación hecho valer por los quejosos en el que aduce que es ilegal el emplazamiento que se le efectuó en el juicio de origen, aunque para considerarlo así, sea necesario suplirlo en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones que más adelante se expresarán. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia P.J. 149/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." MARCO NORMATIVO Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se califica de esa manera el concepto de violación, conviene establecer las siguientes premisas. I. El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Art. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. En esos términos, la Corte ha precisado que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y la circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto que imponga la obligación de respetar el derecho de previa audiencia cuando los actos privan al gobernado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, pues de no hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional (además de ser inconstitucional la ley). Al respecto, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción." Así como la diversa tesis de contenido: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En materia administrativa en general, y especialmente en materia agraria, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca tal garantía; basta que sea consagrada en la Constitución General de la República. El artículo 27, fracción XI, inciso a), de la propia Constitución señala como atribución del Poder Ejecutivo Federal hacerse cargo de la actividad gubernamental en materia agraria, por conducto de la dependencia encargada de aplicar y ejecutar las leyes agrarias; tal atribución se ejerce sin necesidad legal de acudir previamente ante la autoridad judicial, porque la constituyen actos soberanos del Estado sancionados por la Constitución Federal." De lo que se concluye que dicho párrafo constitucional reproducido obliga a que todas las autoridades, sin distinción, deben respetar la prerrogativa que se comenta. II. Por otra parte, a fin de examinar la legalidad en la actuación de la autoridad judicial responsable, por cuanto al emplazamiento practicado a la aquí quejoso al juicio natural (actuación que constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesario para una adecuada defensa, previa a la emisión del acto privativo) es menester remitirse a la legislación procesal aplicable en la materia a estudio. En el caso, al derivar el acto reclamado de un juicio ejecutivo mercantil, es menester traer a contexto los artículos 1377 y 1378 del Código de Comercio, los cuales disponen: "Art. 1,377. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario, siempre que sean susceptibles de apelación. También se tramitarán en este juicio, a elección del demandado, las contiendas en las que se oponga la excepción de quita o pago." "Art. 1,378. En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda." De igual forma el Código de Comercio aplicable señala en su numeral 1,054 que de no existir procedimiento especial o supletoriedad expresa los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de dicho código, del Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de no encontrarse suficientemente regulada la figura la ley procedimental local respectiva. En el caso dado que la figura del emplazamiento para el juicio ordinario no se encuentra lo suficientemente regulada, ni por el propio Código de Comercio, ni por el de Procedimientos Federales, se acude a los artículos 75, 76 y 81, párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que son del contenido siguiente: "ARTÍCULO 75. Todos los litigantes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio, para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; y en tal casa se harán válidamente, mientras el interesado no designe otra en el mismo lugar del juicio. También harán esa designación, al notificárseles la determinación relativa, para el nuevo lugar a donde por cualquier motivo se mande pasar el negocio, en cuyo caso se hará saber a los interesados el nombre del tribunal y del funcionario o funcionarios de la nueva adscripción. Igualmente, deben designar la casa en que haya de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Si no cumplen con las dos primeras prevenciones del párrafo anterior, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán por lista de acuerdos, en los términos del artículo 79. Si no cumplen con la última prevención, no se hará notificación alguna a la persona contra quien se promueva, hasta que se subsane la omisión. "Artículo 76. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto." "ARTICULO 81. Se notificarán personalmente los emplazamientos para contestar una demanda, para posiciones o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles y cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal, así como cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales." De los dispositivos legales transcritos, se advierte con claridad las hipótesis en que las notificaciones se deben realizar en forma personal, y el que interesa corresponde al primer párrafo del artículo 81, del citado código procesal civil, esto es, el emplazamiento a juicio. En congruencia con lo anterior, la diligencia de emplazamiento realizada al quejoso debe satisfacer requisitos legales que de ninguna forma deben ser soslayados, precisamente por las consecuencias que acarrea; requisitos previstos en los transcritos artículos 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, los cuales son: a. Se hará personalmente al o los interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y una vez que se constituya en el domicilio en el que deba practicarse la diligencia; b. Deberá cerciorarse el notificador de que ahí vive la persona buscada; c. No encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto; d. Acto seguido, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega; enseguida se dejarán las copias de traslado respectivas. Tales exigencias, deben entenderse de forma enunciativa y no limitativa, pues constituyen los requisitos mínimos que debe observar el fedatario para tener por legalmente hecho el emplazamiento de la parte demandada, pero ello no le impide observar otros que le permiten realizar la encomienda de forma más certera. La inobservancia de los requerimientos mínimos, claramente vicia la diligencia de emplazamiento, y como consecuencia de ello, imprime nulidad a las demás actuaciones que se practiquen con posterioridad a la misma, ya que se entiende que se ha dejado en estado de indefensión a la parte demandada al no haberle notificado la instauración del procedimiento en forma adecuada, salvo que dicho demandado comparezca al procedimiento y le dé seguimiento, puesto que en este caso ello subsanará los defectos del emplazamiento. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, y a efecto de contar con los datos suficientes para la cabal comprensión de esta resolución, tenemos que de las constancias del juicio ordinario civil 687/2013 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, remitidas como apoyo a su informe justificado destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes siguientes: Mediante escrito y sus anexos presentados el dos de abril de dos mil trece, ante el juez responsable con sede en Veracruz, Veracruz, Héctor Muñiz Lagunes en su calidad de apoderado legal de Banco mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte demandó en la vía ordinaria mercantil de Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez, entre otras prestaciones el vencimiento anticipado del plazo para el pago del adeudo en términos de la cláusula Décima Séptima del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria en primer lugar y grado contenido en Escritura Pública número 293 de diez de mayo de dos mil doce, de la Notaría Pública Número 29 de Banderilla, Veracruz; el pago de la suerte principal y del saldo insoluto, pago de intereses ordinarios y moratorios, así como el pago de gastos y costas judiciales de dicho juicio (fojas 1 a 5 del tomo de prueba). En auto de nueve de abril de dos mil trece, el Juez responsable dio curso a la demanda promovida por el actor, registrándola como juicio ordinario mercantil 687/2013 de su índice y ordenó emplazar a la parte demandada, aquí quejosos, para lo cual remitió exhorto al Juez de Primera Instancia en turno en Xalapa, Veracruz (fojas 90 a 94 del cuaderno probatorio). En cumplimiento a lo ordenado, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil trece, el Juez Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, ordenó la práctica de la citada diligencia (foja 102 del tomo de prueba). Debido a lo anterior, el veinticinco de abril de dos mil trece, el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Xalapa, Veracruz, indicó que acudió al domicilio ubicado en calle Huizachal número doscientos quince, entre el Haya y Sauces, colonia Los Prados de Xalapa, de Enríquez, a efecto de emplazar a los demandados, señalando que Juana Meza Rodríguez a quien dejó citatorio para el día siguiente para Etelberto Hernández Molina y Mario Hernández Meza, lo anterior en los siguientes términos: / / / Al día siguiente el citado funcionario acudió nuevamente al citado domicilio donde realizó los emplazamientos que le fueron encomendados en los siguientes términos (fojas 103 vuelta y 104 del tomo de prueba): / / / / / Agregándose también instructivo de notificación de las diligencias (fojas 107 a 112 del tomo probatorio). Posteriormente mediante auto de diecinueve de junio de dos mil trece, el juez Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, acusó la rebeldía en que incurrieron los demandados al no haber dado contestación a la demanda interpuesta en su contra, ni opuesto las excepciones dentro del término de ley que se le concedió, ordenándose que se realizaran las subsecuentes notificaciones dirigidas a él por medio de lista (foja 117 del cuaderno de prueba). Luego de que se sustanciara el juicio natural, en sus etapas procesales, el veintinueve de noviembre de dos mil trece, se dictó sentencia en el juicio ordinario mercantil en mención, en la cual se declaró vencido anticipadamente el contrato de Apertura de Crédito simple con Interés y Garantía Hipotecaria y se condenó a los demandados al pago de las prestaciones pedidas a favor de la persona moral demandante (fojas 128 a 130 del tomo de prueba). El veinte de enero de dos mil catorce, que causó ejecutoria la sentencia, al no ser recurrida por las partes y el veinticinco de febrero siguiente, se abrió la sección de ejecución de dicho juicio (fojas 133 y 137 del cuaderno probatorio). Una vez determinada cantidad a liquidar y valuado el bien inmueble que sirvió como garantía hipotecaria, el diez de julio de dos mil diecinueve, se celebró audiencia de remate en cual se adjudicó el inmueble ubicado en calle Huizachal número doscientos quince, entre calle El Haya y Sauces de la Colonia Los Prados de Xalapa, Veracruz, correspondiente al lote de terreno número dos manzana ciento cincuenta zona uno, del municipio de Banderilla, Veracruz, por lo que por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió a los demandados a que acudieran a la notaría Pública designada para el otorgamiento de escritura de adjudicación a favor del actor, auto que fue notificado por lista y como no fue acatado, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó firmar la escritura del bien objeto de requerimiento por parte del titular del Juzgado (foja 263 a 267, 293 y 295 del tomo de prueba). El veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó requerir de forma personal a Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez, para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicho auto, desocuparan y entregaran el inmueble al demandante; lo que se cumplió el diez y veinticinco de agosto siguiente (fojas 320, 364 vuelta a 381 del cuaderno de prueba). Éstos son los datos relevantes que, se desprenden del juicio natural. SUBSUNCIÓN Establecidos los lineamientos generales del derecho fundamental que se estima vulnerado, y atento a los antecedentes pertinentes que en el caso particular se deprenden de las constancias que integran el juicio ordinario mercantil de origen (cuaderno de pruebas anexo a constancias) se tiene que en la especie Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez, reclaman de las autoridades responsables el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 687/2013, al manifestar que fueron indebidamente emplazados a dicho juicio y por ello, alegan que tampoco se respetó su derecho a ser oídos y vencidos en el mismo, violando su garantía de audiencia y seguridad jurídica. Conceptos de violación que, como se adelantó, se consideran esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo y las tesis jurisprudenciales ya enunciadas. Así, a la luz de lo antes expuesto, se colige que la diligencia de emplazamiento efectuada el veintiséis de abril de dos mil trece por el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, es violatoria de derechos, pues no cumplió con los requisitos referidos en el apartado del marco normativo, al incurrir en los siguientes vicios: No asentó de forma precisa los elementos objetivos, a través de los cuales se cercioró que se constituyó en el domicilio correcto. Los datos asentados en la diligencia contradicen parte de la documentación entregada con la notificación y aunado a ello esto se hizo de forma incompleta en términos del artículo 1061 del Código de Comercio.. A continuación se analizan por separado cada una de las irregularidades señaladas: a. Para cumplir con su obligación de cerciorarse de encontrarse actuando en el domicilio correcto, el operador judicial asentó que la certeza la alcanzó ya que: ".por estar presente en el mismo conforme a derecho y por así coincidir con el croquis de la ciudad, haber una placa metálica con el nombre de la calle y colonia en dicha vía pública, por lo que al localizar el número buscado, mismo que se trata de unas casa de dos plantas color verde con vivos en blanco, herrería blanca, puerta metálica blanca, cochera y jardín al frente, procedo llamar a la puerta y soy atendido por una persona del sexo femenino, quien dijo ser la ciudadana JUANA MEZA RODRÍGUEZ." Sin embargo, se estima que lo asentado por el funcionario judicial es insuficiente, pues en principio la redacción empleada por el diligenciario es ambigua y equívoca, en tanto que señaló que se constituyó en la ciudad de Xalapa, Veracruz en el domicilio que dijo se señaló para llevar a cabo el citado emplazamiento -el cual describió - pero sin especificar la forma en que llegó a dicho lugar, esto es, no indicó cómo o a través de qué medios se valió para determinar que el inmueble que describe corresponde al del demandado. Del mismo modo, pretendió corroborar que se trata del domicilio correcto por coincidir con el croquis de la ciudad, sin proporcionar referencia de dónde obtuvo dicho documento, dijo además que la calle y colonia los verificó con una placa metálica que estaba en dicha vía pública sin señalar dónde ubicaba dicha placa, si ésta se encontraba fija en algún edificio, poste o similar y que localizó el número buscado sin proporcionar mayor información respecto a la información del mismo, ni cómo se percató del número del inmueble, si se encontraba pintado, fijo con letrero, placa o algún otro medio. Pero aún más relevante, debe destacarse que todo esto tuvo lugar en la ciudad de Xalapa, Veracruz, cuando el terreno número dos, manzana ciento cincuenta, zona uno, en donde se haya la casa buscada, se ubicaba en el municipio de Banderilla, Veracruz, dato que fue confirmado en el propio expediente 687/2013 por los dictámenes de avalúo de dicho inmueble recabados en sección de ejecución (fojas 156, 169 y 233 del tomo de prueba) de ahí que se reitere que la información proporcionada por el actuario con relación a que se constituyó en el domicilio buscado no se encuentre debidamente verificada. Sin que resulte obstáculo para lo anterior que se asentara que al llamar a la puerta del lugar fuera atendido por quien dijo llamarse Juana Meza Rodríguez, quien le confirmó que se trataba del domicilio correcto porque ahí vivía y habitaban los codemandados, porque el funcionario judicial tampoco explicó cómo recibió dicha información, máxime que ni siquiera se indicó en el acta respectiva si cuando arribó al lugar la persona que lo atendió se encontraba dentro del inmueble o si le encontraron en diverso sitio, puesto que dijo que al tocar a la puerta fue atendido por dicha persona pero no señaló que saliera del mismo, datos necesarios para verificar si se llevó o no el debido cercioramiento del domicilio buscado. Del mismo modo, no resulta óbice para lo antes señalado que como domicilio para realizar el emplazamiento se hubiera señalado el ubicado en calle Huizachal número doscientos quince, entre el Haya y Sauces, colonia Los Prados de Jalapa, Veracruz y/o lote de Terreno número dos, manzana ciento cincuenta, zona uno del municipio de Banderilla, Veracruz, puesto que señalar que el inmueble se encuentra en colonia Los Prados de Jalapa, Veracruz, no resulta prueba fehaciente de la localización del bien, como se constató con los citados dictámenes de avalúo que lo ubicaron en Banderilla, Veracruz. Es importante puntualizar, que las conclusiones a las que se arriba son congruentes con el significado del término "cerciorar", expresado por la norma, que significa "asegurar a alguien la verdad de una cosa", en el caso, la identidad del inmueble donde debía practicarse el emplazamiento ordenado, con aquel en que materialmente acudió la notificadora a realizarlo. De esta forma, debe considerarse que el funcionario que practicó la diligencia, a pesar que indicó que se encontraba actuando en el domicilio señalado para la diligencia, fue deficiente en especificar la forma y los medios que empleó para cerciorarse de que efectivamente se había constituido en el sitio correcto, obligación impuesta en la ley a efecto de dar certeza de la misma, ya que el señalar de forma genérica cómo llegó a dicha convicción, o que la propia persona buscada se lo confirmó, sin precisar la manera en que le fue proporcionada dicha información, no cumple con dicha obligación. Datos que resultan de mayor importancia, máxime que en el caso se trata de un domicilio que (al menos en su descripción) no se encuentra debidamente localizado, al existir duda si estaba en los municipios de Xalapa o de Banderilla, por lo que el funcionario judicial debía ser todavía más cuidadoso en especificar cómo pudo adquirir la convicción que se encontraba en el lugar correcto. Sin que sea obstáculo para lo anterior que se haya asentado que se realizó la diligencia con uno de los directos interesados, puesto que en todo caso y si no existiera el diverso defecto en el emplazamiento que se explicará en párrafos posteriores, dicha diligencia sólo surtiría efectos respecto a Juana Meza Rodríguez pero no por sus codemandados al no tenerse certeza que se hubiera realizado en el lugar donde tienen su domicilio. b. En lo que atañe a que los datos asentados en la diligencia se contraponen a documentos entregados a la persona con la que se entendió la diligencia, debe señalarse que dentro de las diligencias de emplazamiento de veintiséis de abril de dos mil trece, claramente se indicó que se actuaba por exhorto recibido en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, en cumplimiento al auto de nueve de abril de dos mil trece del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, ante quien debía acudirse a dar respuesta a la demanda. Asimismo en los instructivos de notificación que se dejaron en poder de Juana Meza Rodríguez, se advierte en el encabezado que "el cuadernillo de Exhorto No 205/2013/M.A. formado con el exhorto 173 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, el cual se dictó un auto que en la parte relativa dice:..". Sin embargo, en la parte final del acuerdo transcrito en dicho instructivo se advierte que dicho proveído fue signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, circunstancia que genera incertidumbre en los demandados respecto al juzgado en el que se encuentra el juicio iniciado en su contra y ante el cual debían acudir a responder por la demanda iniciada. Sin embargo y todavía más relevante resulta el hecho que en esa misma actuación el actuario indicó ".con las copias simples de la demanda debidamente selladas cotejadas y rubricadas, corro traslado y emplazo al buscado a través quien atiende,." y más adelante reiteró: "Enseguida le hago entrega del instructivo de notificación en el que se transcribe el auto cumplimentado, así como las copias de traslado..". Referencia se estima conculcatoria de derechos fundamentales, pues de la misma sólo se puede apreciar que se entregó copia de la demanda junto con los instructivos de notificación pero no de los demás documentos que se acompañaron a la misma, entre los que se encuentran copia del instrumento notarial base de la acción, poder que contiene las facultades del compareciente no demás documentos. Así pues, ya que tratándose del emplazamiento dentro de un juicio ordinario mercantil, no sólo es la copia simple de la demanda con lo que se le tiene que correr traslado a la parte emplazada, sino también de todos aquellos documentos que fueron acompañados a ésta en términos del artículo 1061 del Código de Comercio, pero sobre todo, del documento base de la acción. Lo anterior, pues sólo así, la parte demandada estará en posibilidad de oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes con relación a tales documentos; de ahí que, al no constar que se haya corrido traslado con documento diverso al de la demanda, entonces dicho emplazamiento no genera la certidumbre jurídica en torno a que los aquí quejosos fueron debidamente emplazados y que entonces hayan estado en la posibilidad de dar contestación a la demanda instaurada en su contra, pues sólo el conocimiento del contenido del escrito de demanda, en relación con lo pactado en el documento base de la acción y demás medios de prueba documentales exhibidos, es lo que permitirá al demandado oponer las excepciones para garantizar así una adecuada y oportuna defensa. De ahí que, al no haberlo hecho, ello genera convicción en la manifiesta trasgresión a la garantía y derecho fundamental de los quejosos. CONCLUSIÓN. En el contexto anterior, ya que del análisis armónico de las pruebas que obran en autos, las citadas razones y al haberse advertido irregularidades en el emplazamiento realizado a Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez, como quedó evidenciado en párrafos precedentes, provoca incertidumbre respecto de la legalidad del emplazamiento reclamado y, por tanto, el suscrito resolutor considera que los aquí quejosos no fueron debidamente emplazados al juicio natural, dando como resultado una violación a los derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia, de adecuada defensa, de audiencia y debido proceso que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la disconforme. Apoya a lo expuesto, el contenido informativo de la tesis de jurisprudencia 352 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente ordinario mercantil 687/2013 de su índice, por lo que hace al aquí quejosos Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintiséis de abril de dos mil trece, así como las subsecuentes actuaciones; y 2. Reponga el procedimiento debiendo ordenar nuevamente el emplazamiento en el citado proceso, a efecto de conducirlo su conclusión según las leyes que lo rigen. Lo anterior a la luz de la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Concesión que abarca los actos atribuidos a las autoridades, 2. Juez Sexto de Primera Instancia (ahora Especializado en Materia de Familia) y 3. Actuario adscrito al citado Juzgado Sexto de Primera Instancia ambos con sede en Xalapa, Veracruz en su carácter de autoridades ejecutoras de los actos reclamados, aun cuando se reconoce que el cumplimiento de la ejecutoria dado la especialización de dicho órgano ya no corresponderá al mismo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Sin que haya necesidad de realizar mayor pronunciamiento respecto a la publicación de datos personales del tercero interesado persona moral y de conformidad con los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hace alusión únicamente a las personas físicas, así conforme a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Etelberto Hernández Molina, Mario Hernández Meza y Juana Meza Rodríguez respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expresados y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica a la parte quejosa por este conducto por así estar ordenado en autos.

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