Juana Sánchez Castañon
Expediente 1060/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juana Sánchez Castañon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje al que anexa impresión con firmas autógrafas y sellos originales del auto de diez de febrero de dos mil diecisiete dictado en el juicio laboral ******* del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Concitación y Arbitraje, en el que consta el desistimiento de la quejosa del juicio laboral de origen y del presente juicio de amparo, así como la revocación de sus apoderados, por lo que la junta responsable ordenó el archivo de dicho expediente. Consecuentemente, toda vez que el cumplimiento de la sentencia de amparo ha quedado sin materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje: Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral ******* de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la audiencia bifásica deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que se dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Ahora, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante los Tribunales de la Federación por la desobediencia cometida. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo vigente, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/2011(10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1060/2016-I-2, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó, sustancialmente, lo siguiente (foja 2): IV. ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Dos designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 24 de noviembre del 2016, inicié acción laboral en contra de las terceros interesadas ya señaladas, por razón de despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como fecha de audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones el día 19 de abril del 2017 a las 13:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número 1060/2016-I-2; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El retraso en la administración de justicia por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, por la omisión de celebrar la audiencia de conciliación demanda y excepciones, dentro del término fijado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se señalaron las trece horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: Antes de analizar los motivos de disentimiento, en principio es necesario referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo anterior, el presente juicio de amparo debe delimitarse al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, ya que de persistir el retraso u omisión en el trámite del procedimiento laboral, ello deberá ser materia de un nuevo juicio de amparo. Sentado lo anterior, es necesario precisar que el presente asunto se estudiará y resolverá conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que la demanda laboral se radicó el veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis (foja 25). En la especie, los motivos de disentimiento, la parte quejosa arguye en la demanda de amparo, se refieren a la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, ni vigilado su cabal cumplimiento por parte del Actuario, quien ha sido omiso en emplazar a juicio a una de las partes demandadas. El concepto de violación sintetizado resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo primer párrafo se reproduce a continuación: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En lo que este análisis compete de manera específica, es necesario precisar que los artículos 686 y 873 de la Ley Federal de Trabajo disponen lo siguiente: 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. [.] De los preceptos transcritos se deriva que el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato; tan es así que las juntas de trabajo tienen un término de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de radicación, en el que señalen fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en el mismo acuerdo, se ordenará que se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. En la especie, de las constancias que la responsable remitió a este Juzgado Federal como anexo a su informe con justificación, se advierte, en lo que aquí es relevante, los siguientes antecedentes: El veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, la aquí quejosa demandó en la vía laboral a Arboles Navideños de Juárez, sociedad anónima de capital variable, el despido injustificado de que fue objeto, entre otras prestaciones laborales. Por acuerdo de la misma data, la Junta responsable señaló el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La relacionadas condiciones permiten concluir que entre el momento en que se realizó el auto de radicación y la fecha que se señaló para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, median más de quince días, en contravención a lo dispuesto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Esta circunstancia resulta contraria al derecho constitucional de impartición de justicia, en los plazos señalados por la ley de la materia de que se trate, pues los preceptos mencionados imperativamente señalan que la celebración de la audiencia bifásica, debe fijarse dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el escrito de demanda. Por tanto, la responsable infringió en perjuicio de la impetrante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. Todo lo anterior revela que la autoridad responsable infringió en perjuicio de la impetrante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. En esas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta responsable: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral ******* de su índice, únicamente la parte relativa al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes, con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia, cuando menos. 3. Al fijar la nueva fecha, en estricto acatamiento a lo establecido en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, tome en consideración que la audiencia bifásica deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se dé cumplimiento a esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Sánchez Castañon, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje anexos que acompaña; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. *dmjv
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