Juana Bernabe Alonzo

Expediente 320/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
320/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Juana Bernabe Alonzo

Actuaciones

  1. Principal

    II.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a JUANA BERNABÉ ALONZO, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito XVII, con sede en Morelia, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 320/2018-II. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pag. 1931 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Entonces, la parte que se sienta agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de garantías, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que se haya ostentado sabedor del acto o resolución que reclame. En la especie, la quejosa señala como acto reclamado: Todo lo actuado en el juicio agrario 360/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVII, con sede en Morelia, Michoacán, particularmente la sentencia de uno de septiembre de dos mil diez, donde -por las manifestaciones insertas en la demanda de amparo-, se obtiene que se determinó que la Comunidad Indígena de Turicuaro, municipio de Nahuatzen, Michoacán, tiene el mejor derecho a poseer y usufructuar la superficie de 27/89/46.58 hectáreas, respecto de la cual, la aquí agraviada aduce, era propiedad de su extinto esposo Aristeo Valencia Cerna. Para mejor apreciación de lo anterior, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la promovente. 1. Ante del Tribunal Agrario del Distrito XVII, con sede en Morelia, Michoacán, se tramitó el juicio agrario 360/2007, que sobre controversia de posesión y nulidad de actos, promovió Aristeo Valencia Cerna (esposo de la quejosa), contra la Comunidad Indígena de Turicuaro, municipio de Nahuatzen, Michoacán, representada por su comisariado ejidal. 2. Seguida la secuela procesal de ese juicio, el uno de septiembre de dos mil diez, se determinó que dicha comunidad tenía el mejor derecho para poseer y usufructuar la superficie de 27/89/46.58 hectáreas, respecto de la cual, la aquí agraviada aduce, era propiedad de su extinto esposo Aristeo Valencia Cerna. 3. Posteriormente, la aquí quejosa Juana Bernabé Alonzo, en cuanto esposa del actor Aristeo Valencia Cerna, compareció a deducir los derechos agrarios que a éste correspondían y, mediante resolución de dos de junio de dos mil catorce, se le reconoció el mencionado carácter y se le adjudicaron dichos derechos. Data en la cual, manifiesta se enteró de los actos reclamados. Lo que pone de manifiesto, que la promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados, por lo menos desde esa fecha (dos de junio de dos mil catorce), de lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad (veinte de junio de dos mil dieciocho), como se desprende del sello correspondiente, ya transcurrieron en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos que ahora combate, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda que origina el presente asunto, hasta el veinte de junio que transcurre, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que ya transcurrió de forma excesiva el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en que la peticionaria de garantías pudo hacer valer el derecho que aquí reclama. Motivo por el cual, deviene improcedente el juicio de amparo por la causal que se analiza, al haber transcurrido el término que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, para combatir los actos reclamados señalados, sin que los mismos se encuentren en alguna de las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 216152 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, Junio de 1993 Pag. 235 Tesis Aislada (Común) ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Máxime que, como se estableció en el inciso b) de la cuenta secretarial, se advierte como un hecho notorio, que ante este órgano jurisdiccional se radicó el diverso juicio de amparo 166/2018-III, cuya demanda se recepcionó en este Juzgado el nueve de abril del año en curso, promovido por la citada Bernabé Alonzo, contra la misma autoridad responsable y señalando los mismos actos reclamados, incluso, precisa textualmente los mismos antecedentes y conceptos de violación. Sin embargo, ese juicio de amparo se encuentra archivado en definitiva, en razón de que causó estado el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, previa prevención que al efecto se formuló con la finalidad de que aclarara su escrito respectivo. Lo que evidentemente permite robustecer con certeza, la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, puesto que en el mejor de los casos desde el nueve de abril en que se recibió en este Juzgado la demanda del diverso juicio de amparo 166/2018-III, ya tenía pleno conocimiento de los actos reclamados. En las condiciones relatadas, al quedar evidenciada la existencia de la causa de improcedencia mencionada, procede desechar la demanda de amparo promovida por Juana Bernabé Alonzo, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo. Glósese al presente expediente copia certificada de la demanda relativa al citado sumario, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en privada de Gertrudis Bocanegra número 9, Colonia Lázaro Cárdenas, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y como autorizado para tal efecto, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ranulfo Torres Aguilar, por así solicitarlo la promovente. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio...CITATORIO.

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