Juana Elia Rivera Valadez

Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
38/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Juana Elia Rivera Valadez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado ejecutoria.

  2. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, al que anexó demanda de amparo formulada por **********, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, así como las demás constancias detalladas en la certificación de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno con el número 38/2019-IV-B. En cumplimiento de lo determinado por el órgano colegiado, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio de origen. Acúsese recibo. Desechamiento de demanda.

  3. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veintitrés y veinticuatro de enero del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veinticinco de enero de dos mil diecinueve; y que en lo conducente establece: Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, al que anexó demanda de amparo formulada por **********, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, así como las demás constancias detalladas en la certificación de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno con el número 38/2019-IV-B. En cumplimiento de lo determinado por el órgano colegiado, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio de origen. Acúsese recibo. Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que la promovente reclama la determinación interlocutoria de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente C-33/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad. Asimismo, del escrito de demanda y de las aludidas constancias, allegadas por la autoridad responsable, se desprenden los siguientes antecedentes:  El mes de enero de dos mil diecisiete, **********, por conducto de sus apoderados, presentó demanda en la vía especial sumaria hipotecaria en contra de **********, aquí quejosa.  De la citada demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil de Partido Judicial de esta ciudad, quien la radicó bajo el número C-33/2017, la admitió a trámite, quien ordenó el emplazamiento y requerir de pago a la demandada.  Seguido el juicio su curso legal, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se citó a las partes a la audiencia final del juicio, la que tendría verificativo el dos de mayo siguiente.  Inconforme la aquí quejosa con dicho proveído, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de declarar sin materia dicho medio de impugnación, por los motivos ahí expuestos.  En contra de esa determinación, la quejosa interpuso ante el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, demanda de amparo directo, la que fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien se declaró incompetente, explicando las causas de la incompetencia planteada y la remitió a este juzgado.  Por auto de seis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este juzgado el oficio por el cual la superioridad envió la demanda de amparo de que se trata, asimismo, este tribunal se avocó al conocimiento del asunto, se ordenó que se formara el expediente 567/2018 y se desechó la demanda formulada por la quejosa.  Posteriormente, en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de origen 33/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se tuvo a **********, por conducto de su apoderado legal, apersonándose a ese juicio y reconocido su carácter de cesionario de los derechos litigiosos.  Inconforme la aquí quejosa con dicho proveído, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se confirmó tal auto. Resolución que es el acto reclamado en esta instancia.  Es así, que la ahora quejosa promovió amparo indirecto en contra de la resolución dictada en el recurso de revocación, ocurso que fue presentado ante el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad y quien la remitió al Tribunal Colegiado oficiante.  A la fecha no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio de origen. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia lo es la determinación interlocutoria de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que se resolvió el recurso de revocación intentado en contra del proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente C-33/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, por el cual se tuvo por apersonándose a **********, por conducto de su apoderado legal, apersonándose a ese juicio y reconocido su carácter de cesionario de los derechos litigiosos, el cual no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. De ahí que, el acto reclamado atañe a una cuestión de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesiona derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificado como acto de imposible reparación. En ese sentido, la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Bajo ese contexto, es inconcuso que la resolución que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la quejosa directa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la promovente, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Máxime que, la resolución reclamada solo trae como consecuencia que el juicio civil hipotecario siga su desarrollo. De ahí que, es inconcuso, que no se vulnera ningún derecho sustantivo de la quejosa. Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, libro xx, mayo de 2013, tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA". Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Recepción de constancias y formación de tomo de prueba. Dado lo voluminoso de las constancias exhibidas fórmese un tomo de prueba. En relación con el sobre vacío y los dos sobres cerrados que remitió el tribunal oficiante, guárdense en la secretaría de este juzgado. Notificación del presente. Se tiene como domicilio procesal de la promoverte el ubicado en ***. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral, lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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