Juana Cristina Y/O Juan Christian Herrera Durán
Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Cristina Y/O Juan Christian Herrera Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***** y/o *****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Ratificación de firma de escrito aclaratorio. Vista la constancia que antecede, de la que se deprende la comparecencia de *****, por medio del cual ratifica la firma que calza el escrito registrado con el número 2147, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, se le tiene por cumplido el requerimiento y prevención que obran en autos, y atento a ello, se provee: Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos el caso se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (exposición que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), se desprende como antecedentes del acto reclamado: La parte quejosa el veintidós de octubre de dos mil veinte, presentó ante la Dirección General del Registro Civil del estado de Guanajuato, escrito de solicitud de rectificación de acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica, respecto de los nombres de pila y que quede asentado como ***** y el cambio de identidad de género en el rubro sexo y que quede asentado el de hombre, y quedo registrado bajo el número de expediente 1447/2020. Mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la directora de asesoría jurídica y rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, desechó de plano la solicitud de la parte quejosa, la cual, aduce, le fue notificada personalmente el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En contra de tal resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad en términos del artículo 141-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato. El diez de febrero de dos mil veintiuno, el director general del Registro Civil del Estado de Guanajuato, emitió la resolución conrrespondiente en el recurso de inconformidad, por la cual confirmó la resolución recurrida. Así de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la aplicación de los artículos 136-A, 137, 137-A, 138, 139 y 140 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, señalando como primer acto de aplicación la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitida por la directora de asesoría jurídica y rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, la cual fue confirmada a través de la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el director general del Registro Civil del Estado de Guanajuato, dentro del recurso de inconformidad que interpuso la parte quejosa. Sobre esa línea de pensamiento, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el tercer párrafo de la diversa XIV, del mismo precepto; toda vez que, la quejosa debió agotar todos los medios de defensa en contra de los actos tildados de inconstitucionales, para que el mismo fuera definitivo, antes de acudir al amparo. Se explica. Para demostrar el aserto anterior, resulta necesario atender al texto de los artículos invocados, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la transcripción anterior se advierte que, según la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia, en lo que al caso interesa, una norma general se entenderá consentida tácitamente, cuando no se promueva juicio de amparo en contra de la misma, ya sea en el momento de la iniciación de su vigencia o con motivo de su primer acto de su aplicación, en perjuicio del quejoso. Sin embargo, cuando contra el primer acto de aplicación de dicha norma, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado, interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo; es decir, esta disposición debe entenderse conforme a la acepción general del verbo optar, que es elegir, en este caso, entre una vía (medio de defensa ordinario) u otra (juicio de amparo). Ahora bien, en caso de que se elija interponer el medio de defensa ordinario, en contra del primer acto de aplicación de la norma general, solo se entenderá consentida dicha norma, si no se promueve, oportunamente, contra ella, el amparo en contra de la resolución recaída al recurso o medio de defensa (si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución), o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley en contra de la resolución del recurso. Finalmente, si en contra de esta última resolución procede amparo directo, deberán acatarse a las reglas previstas para dicho juicio. Lo anterior implica que, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interpretación de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentarse la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación , Volumen 181-186, Primera Parte, página 252, que dispone: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Conforme a lo expuesto, en la especie, se actualiza la improcedencia del juicio de garantías, toda vez que, la resolución emitida en el recurso de inconformidad emitida por la directora de asesoría jurídica y rectificaciones de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, no puede considerarse como definitiva, a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra de esta procede el juicio de nulidad en términos de los artículos 141-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en relación con el 248 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través del cual se sustanció tal recurso de inconformidad; numerales que establecen: "Art. 141-B. Contra la resolución que recaiga a la solicitud de aclaración de las actas, podrá interponerse recurso de inconformidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación ante la Dirección General del Registro Civil y será resuelto dentro de los tres días hábiles siguientes. El interesado podrá optar entre agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a impugnar la resolución." "Artículo 248. Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede su impugnación ante la autoridad jurisdiccional." En efecto, conforme al artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una norma general se entiende consentida tácitamente si no se promueve juicio de amparo en su contra en el momento de iniciación de su vigencia o con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, cuando en contra de este proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo indirecto. Ahora bien, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal [como sucede en el presente caso], opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar, modificar o nulificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentar la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo, pues conforme a dicho principio es inadmisible la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y el medio de defensa ordinario. De lo anterior, se colige que cuando en el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional resultará improcedente por encontrarse, ante tal evento, obligado a recorrer o agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes. En concordancia con lo anterior y por mayoría de razón, al reclamarse la ilegalidad de un acto administrativo, si se inició la defensa ordinaria, esta no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo. Luego, si en contra de la resolución recaída al recurso de inconformidad emitida por el director general del Registro Civil del Estado de Guanajuato, procede otro medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), es evidente que el presente juicio de amparo es improcedente, pues se insiste, si por parte de la parte quejosa se inició la defensa ordinaria, esta no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo. Derivado de ello, como se explicó con anterioridad, se actualiza la causal establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la improcedencia surge de la propia ley de la materia, específicamente de lo previsto en el párrafo tercero de la diversa fracción XIV, de dicho numeral; en virtud de que, la parte quejosa eligió los medios ordinarios de defensa en contra de las resoluciones administrativas impugnadas, y no puede abandonarlas sin antes agotar todos los recursos que proceden en su contra, siendo que en contra de la resolución recaída al recurso de inconformidad procede el juicio de nulidad en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin que pueda abandonarse la defensa ordinaria que se inició. En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse, de manera manifiesta, la causal de improcedencia analizada, de conformidad con el diverso 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis 1a. CCXLV/2016 (10a.), Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 890, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCIÓN SE INTERPONE UN RECURSO ORDINARIO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. Conforme al artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una norma general se entiende consentida tácitamente si no se promueve juicio de amparo en su contra en el momento de iniciación de su vigencia o con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, cuando contra éste proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo indirecto. Ahora bien, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar, modificar o nulificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentar la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo, pues conforme a dicho principio es inadmisible la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y el medio de defensa ordinario. Derivado de ello, si el interesado promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso ordinario, debe estimarse que escogió el primer supuesto; sin embargo, si posteriormente interpone el medio de defensa ordinario, esta circunstancia conlleva la improcedencia del juicio constitucional, pues en virtud de la secuela procesal que se origine a partir del recurso ordinario, puede obtener una resolución favorable que deje sin efectos el acto de aplicación recurrido. En ese sentido, dicho acto se encuentra sub júdice y sólo será definitivo, para efectos de su impugnación constitucional, hasta que se emita la última resolución recaída al medio ordinario o a su impugnación, contra la que proceda el juicio de amparo directo, en su caso, en el que podrá hacer valer todas las violaciones constitucionales que atribuya al acto de aplicación y a la ley, pues ésta no se entenderá consentida, ni siquiera tácitamente." De igual la tesis I.13o.A.42 K, con registro 171239, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página 3103, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LO RIGE, CUANDO SE RECLAME LA ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL QUEJOSO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYA INICIADO LA VÍA ORDINARIA DE IMPUGNACIÓN. Del artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y de la interpretación que de él ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 2a. LIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 205, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ÉSTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", y la publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 252, aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.", se colige que cuando en el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional resultará improcedente por encontrarse, ante tal evento, obligado a recorrer o agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes. En concordancia con lo anterior y por mayoría de razón, al reclamarse la ilegalidad de un acto administrativo, si se inició la defensa ordinaria, ésta no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo. Por tanto, en esa hipótesis, para que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, también es requisito indispensable que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda de amparo no haya iniciado la vía ordinaria de impugnación, pues ello traería consigo su improcedencia."
- Principal
Visto el escrito aparentemente presentado por *** y/o ****, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de ocho de abril del año en curso. Ratificación de firma Previamente a proveer lo relativo al contenido del escrito de cuenta, en virtud de que la firma a nombre de *** y/o ****, difiere de la plasmada en la demanda de amparo. Sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía. Se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: Firma de la demanda de amparo: Firma que calza el escrito que se atiende: En esa línea de pensamiento, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a **** y/o ***, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado; apercibida la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos, se tendrá por no presentado con las consecuencias legales conducentes. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMASDISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En el entendido de que este operador jurisdiccional tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma del ocurso de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". De igual manera, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Finalmente, se puntualiza que, para la ratificación de la aludida firma, será necesario que la promovente gestione de inmediato una cita en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale s/citas, a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento. La cita deberá agendarse dentro de las doce horas con treinta minutos y las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, que establece: "Visto el escrito aparentemente presentado por *** y/o ****, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de ocho de abril del año en curso. Ratificación de firma Previamente a proveer lo relativo al contenido del escrito de cuenta, en virtud de que la firma a nombre de *** y/o ****, difiere de la plasmada en la demanda de amparo. Sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía. Se insertan las siguientes imágenes para mayor claridad: Firma de la demanda de amparo: Firma que calza el escrito que se atiende: En esa línea de pensamiento, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a **** y/o ***, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado; apercibida la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos, se tendrá por no presentado con las consecuencias legales conducentes. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la jurisprudencia de la Tercera Sala número 258, Octava Época, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMASDISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". En el entendido de que este operador jurisdiccional tiene la facultad de, aún con la ratificación, ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para verificar la autenticidad de la firma del ocurso de mérito, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". De igual manera, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Finalmente, se puntualiza que, para la ratificación de la aludida firma, será necesario que la promovente gestione de inmediato una cita en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale s/citas, a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento. La cita deberá agendarse dentro de las doce horas con treinta minutos y las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales."
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