Juana Elena Melecio Mancera

Expediente 505/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
505/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • Juana Elena Melecio Mancera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por *********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido exhibidos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío, Departamento de Planeación, Zona Celaya, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 505/2016. Con relación al libelo constitucional, se provee: En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, la promovente reclama el oficio número ****, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, signado por el Superintendente de Zona Celaya de la Comisión Federal de Electricidad, Distribución Bajío, Departamento de Planeación, con sede en esta localidad, a través del cual se avisa a la quejosa que el servicio ****será cortado y suspendido el miércoles once de mayo de la aludida anualidad, por las razones que ahí se invocan; así como las consecuencias derivadas de tal aviso. Al respecto, se advierte que el juicio es improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto atribuido al Superintendente de Zona Celaya de la Comisión Federal de Electricidad, se suscitó dentro de un marco contractual creado por las partes, y no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre las partes contratantes es de coordinación, no de subordinación y, en esa medida, no puede considerarse a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que se citaron con antelación, son del siguiente tenor literal: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de tales preceptos dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I, del artículo 103, constitucional, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, de este precepto ni del diverso 107 de la Ley Fundamental, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que "autoridad" para efectos del amparo, es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Cabe precisar en este punto, que en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se precisó que en algunos casos, los particulares podrían actuar de forma equivalente a las autoridades, y que en tales supuestos también podrían ser señalados como responsables. En ese sentido, el artículo 5° fracción ll, de la ley de la materia, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo que se concluye que únicamente podrán tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siempre que su función esté determinada por una norma general; es decir, que tenga su origen en una ley, en virtud de la cual el particular posea facultades para tomar decisiones que afecten unilateralmente al interesado. Se insiste que, en el particular, la promovente reclama el aviso de corte y suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, así como las consecuencias de tal comunicado; sin embargo, los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del suministro de energía eléctrica a los particulares, no revisten las características de un acto de autoridad, por cuanto a que tales son realizados dentro de un marco contractual creado por las partes y por lo tanto, no son reclamables en el juicio de amparo los avisos de corte y suspensión del servicio de energía eléctrica. En efecto, las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza contractual y, en consecuencia, las controversias suscitadas, deben decidirse en la vía correspondiente. Al respecto, cabe precisar que la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 2º de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión; y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario (artículo 4º). Ese organismo realiza atribuciones del poder público en la prestación de un servicio inherente al Estado y sus actos, en especial los celebrados con particulares con motivo del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que éstos se realizan en una relación de coordinación entre partes. Lo anterior, se corrobora por el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, que establecía lo siguiente: "Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." Así es, para acceder al servicio de energía eléctrica, los particulares suscriben un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, en el cual, una de las partes se obliga a proporcionar el servicio, mientras que la otra se obliga a pagar una contraprestación. En el marco las obligaciones contraídas, ante la falta de pago oportuno de la tarifa del periodo de facturación, existe la posibilidad de que se deje de prestar el servicio en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. Es decir, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que ante el incumplimiento de alguna de ellas, se actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Ahora bien, de lo anterior se advierte que los actos reclamados no son emitidos con la facultad de imperio que caracteriza a un acto de autoridad, es decir, de supra a subordinación, sino que se emite en un plano de igualdad, toda vez que incide en una relación contractual, en la que existe un acuerdo de voluntades celebrado entre particulares, es decir, entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, por lo que no es dable atribuir al acto debatido en esta vía como de autoridad. Sobre la base expuesta, se estima que, si el acto reclamado versa sobre el aviso de corte y suspensión del servicio de energía eléctrica, es evidente que al organismo aquí señalado como autoridad responsable no le asiste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia. Es aplicable la tesis jurisprudencial PC.XVI.A. J/4 K (10a.), vinculatoria para este juzgado en términos de lo dispuesto por segundo párrafo del numeral 217, de la ley de la materia, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible en la página 1338, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas." Así como la diversa tesis de jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, página 2125, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." Así también es de invocarse el criterio contenido en la 2a. XLII/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Civil, página 1183, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por ***********. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, en la zona centro de esta ciudad; y como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *********, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a *****, por así haberlo solicitado expresamente la promovente.

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