Juana Flores López
Expediente 283/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Flores López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que en sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 20-28), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para el efecto de que la presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Mediante proveído de doce de junio de dos mil dieciocho (foja 39), se declaró que la sentencia de mérito, causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En respuesta al cumplimiento de la ejecutoria de amparo la presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, remitió el oficio número *** registrado con el número 6665, al que adjuntó copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de junio de la presente anualidad, mediante la cual dejó insubsistente la decisión tomada en la sentencia interlocutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio contenciosos administrativo ***, y dictó una nueva en la que dio contestación a todos y cada uno de : ".En cumplimiento a la ejecutoria de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho dictada por el juzgado Octavo de Distrito en el estado, se deja insubsistente la resolución interlocutoria de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho." ".Por cuanto al inciso 1) del escrito de agravios, dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para determinar cuál de los dos valores fue más alto y entonces aplicarlo para el incremento correspondiente, pues de la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad señala que aplica el mencionado porcentaje en virtud de ser mayor, haciendo para tal efecto una comparación entre el incremento porcentual sufrido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, respecto del porcentaje de incremento sufrido por los trabajadores en activo, por lo que lejos de causarle un perjuicio a la actora, esto le beneficia. Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad (incisos 2 y 3 del resumen de agravios) en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, lo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior, resulta así, porque de la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada efecto de conocer los porcentajes de los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró la actora utiliza los reportados por la secretaría de Educación de Guanajuato, de pendencia en la cual laboró la ahora actora los cuales como ya quedó establecido confrontó con los incrementos otorgados de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento, máxime que de los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración (inciso 6 del escrito del resumen de agravios), no se despende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar. También resulta infundada la información de la promovente (inciso 4 del resumen de agravios), en el sentido de que la autoridad demandada debió justificar que el contenido del documento denominado constancia de evolución, está fundado en los tabuladores regionales respectivos, toda vez que de conformidad con los artículos 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 42 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales, por ,o que en todo caso correspondía la hoy quejosa, demostrar que el documento denominado constancia de evolución, que sirvió para la emisión de la resolución materia de la queja no está apoyado en los tabuladores regionales respectivos, por lo que no se destruyó la presunción de legalidad de que goza dicho acto. Asimismo, es infundado el agravio de la promovente (inciso 5), relativo a que para la determinación de los adeudos y pagos retroactivos que la parte demandada debía realizar, solo se limitó a cuantificar los aumentos a la cuota diaria de pensión a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con una determinación retroactiva a cinco años, pero omitió realizar una cuantificación ascendente desde la fecha de jubilación hasta la actualidad. Además resulta infundado lo aducido por la quejosa en el inciso 6) del resumen de agravios, ya que correspondía a esta sin que lo haya hecho, demostrar que los incrementos aplicados a su cuota diría de pensión a que hace referencia en la resolución materia de la presente queja, no correspondieron a la mayor cantidad o porcentaje, entre el aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Al respecto, resulta infundado lo argumentado por la actora en el sentido de que existen diferencias en cuanto a los porcentajes contenidos en la constancia de evolución salarial y concretamente, en lo referente al aumento correspondiente al año dos mil diecisiete, relativo al Índice Nacional de Precios al Consumidor y su comparación con el aumento al sueldo de los trabajadores en activo por el mismo periodo, toda vez que del análisis que se efectúa a la resolución materia de esta queja, se desprende que por periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete del treinta y uno d diciembre del mismo año, si se consignó el incremento de las plazas en activo y del Índice Nacional de Precios al Consumidor; así como al ser mayor el primero, fue el que se otorgó a la promovente y cómo fue que impactó a su cuota diaria de pensión. Finalmente del análisis a la resolución que provocó la queja, se advierte que la operaciones realizadas por la autoridad se encuentran correctamente, pues conforme a la formula señalada en la resolución y tomando en consideración las cantidades y porcentajes aplicados, se advierte que los montos que obtuvo la autoridad concuerdan con las operaciones realizadas; asimismo por lo que respecta al señalamiento relativo al pago de las diferencias, tal como se desprende de la resolución, la autoridad demandada ha pagado correctamente la pensión, pues lo ha realizado con los aumentos correspondientes, sin que exista diferencia a favor de la actora, por lo que si la accionante consideraba que los cálculos no fueron determinados correctamente, le correspondía la carga de la prueba, sin que obre en autos prueba idónea con la cual la accionante acredite su dicho y por lo tanto, sus argumentos en estudio no constituyen más que meras afirmaciones carentes de sustento legal. Por lo que hace al argumento contenido en el inciso 7) del resumen de agravios esta juzgadora considera oportuno señalar que en la sentencia definitiva de fecha doce de enero de dos mil diecisiete y en la resolución interlocutoria de nueve de marzo dedos mil dieciocho, se reconoció que el derecho pensionario de Juana Flores López dio inicio el dieciséis de abril de dos mil diez, por lo que su pensión se rige por lo dispuesto por el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de enero de dos mil siete, tan es así que en el primero d dichos fallos se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada , para que dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que se calcularan los incrementos de la pensión de manera general de acuerdo con los porcentajes del sueldo básico de los trabajadores en activo; se calcularan los incrementos de la pensión conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero solo en el caso de que el porcentaje fuera inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo y se determinará la cuota pensionaria, señalando el procedimiento utilizado y los documentos y demás elementos que tome en consideración para su emisión. En tales consideraciones al resultar infundada la queja es evidente que no resulta procedente instruirla como nuevo juicio, pues no se actualiza el supuesto previsto en el mismo párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, en el presente caso la parte quejosa no introduce elementos novedosos al asunto que nos ocupa, para que en su caso se prevenga a la accionante para el efecto de presentar su demanda reuniendo los requisitos de ley, dado que la presente instancia no fue resuelta como improcedente, sino que la misma ha resultado infundada." De lo transcrito se desprende que la responsable dio respuesta a los agravios que esgrimió la recurrente. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte quejosa no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, por lo que se debe conservar la demanda y la sentencia respectivas.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remite copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de los actuales en el expediente de origen, con el objeto de acreditar dicho cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa y a la autoridad tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; una vez transcurrido dicho plazo se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; la que se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Lo que deberá efectuar en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, segundo párrafo de la Ley de Amparo, y deberá remitir a esta instancia las constancias con las que lo acredite; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia y sin perjuicio de hacer efectivos los anteriores apercibimientos. En consecuencia, remítanse las constancias allegadas por la autoridad responsable, consistentes en expediente original del juicio de nulidad número *** de su estadística, a fin de que se encuentre en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector
- Principal
Agréguese el oficio signado por la presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 8047/2018, por el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. Ahora del oficio de cuenta, se advierte que solicita se le remitan los autos originales del juicio de nulidad ********************que adjuntó a su informe justificado, empero, dígase a la responsable que una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, se le remitirán las actuaciones que solicita.
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