Juan Romero Villa
Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Romero Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, toda vez que el veintinueve de julio del presente año se dictó sentencia. Por otro lado, como lo solicita la fiscal federal, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 505/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al juez: Con las documentales que la autoridad responsable anexo a su informe justificado, así como la que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y las de quince de junio del año en curso. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental referida con anterioridad. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que hace constar que únicamente la Fiscal Federal adscrita los formulo. El Juez acuerda: Ya que las partes demás partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós (fojas 2-7) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia; Juan Romero Villa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado, por lo que la registró bajo expediente 505/2022 y en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El quince de junio de dos mil veintidós y toda vez que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó al actuario adscrito a esa junta para que se constituyera en el domicilio del demandado y ponga a disposición del depositario el bien embargado, razón por la cual se requirió al quejoso para que manifestara si deseaba señalar como responsable al Actuario de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 32). El diecinueve de julio de dos mil veintidós y toda vez que el quejoso no cumplió con el requerimiento señalado en el párrafo anterior, se ordenó resolver el presente juicio únicamente por los actos y autoridades que se habían señalado (foja 44). CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos se reclaman a autoridades con domicilio dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), que orienta también al establecer el acto reclamado tomando en cuenta el estado procesal que guarda el juicio de origen, publicada por la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen). En ese contexto, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, atendiendo además a los criterios mencionados así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del tomo de prueba que adjunto la autoridad responsable a su informe justificado, se determina que los actos reclamados por la parte quejosa a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, son: La omisión de llevar a cabo la diligencia de entrega del bien embargado al depositario dentro del juicio ordinario laboral número 3C-2257/2017. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en relación con la omisión de señalar dentro del término establecido fecha para la práctica de la diligencia de ejecución y requerimiento de pago dentro del juicio ordinario laboral número 3C-2257/2017, señaló que por auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó al actuario adscrito a esa junta para que se constituyera en el domicilio del demandado y pusiera a disposición del depositario el bien embargado, sin que se haya establecido fecha y hora para llevar a cabo tal diligencia. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable logró desvirtuar la existencia del acto reclamado, pues mediante auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, comisionó al actuario de su adscripción a fin de que llevar a cabo la diligencia solicitada por el aquí quejoso. En efecto, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad logró acreditar que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó al actuario adscrito a esa junta, que se constituyera en el domicilio del demandado y pusiera a disposición del depositario el bien embargado, el cual no fue señalado como responsable. Lo que se corrobora con las constancias que integran el tomo de pruebas derivado del presente juicio de amparo en el obra el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad comisiona al actuario adscrito a esa junta, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio del demandado ubicado en Periférico Paseo de la Republica, número 7167, Zindurio, código postal 58337, de esta ciudad y ponga a su disposición la grúa embargada. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Como ya quedo precisado con antelación en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ordenó a su actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio del demandado y pusiera a disposición del depositario el bien embargado, sin que se haya establecido fecha y hora para llevar a cabo tal diligencia; sin embargo, dicha actuación no ha sido llevada a cabo por el citado funcionario. Lo que se corrobora con las constancias a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentales públicas. Por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado al actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Quinto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, este juzgador advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, visible en la página 250 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 200588, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, Materia Común, registro 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando segundo de esta sentencia, este juzgador advirtió la participación del Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad cuando la diversa autoridad Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad rindió su informe justificado ya que manifestó que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que esa junta a su cargo ha realizado las actuaciones en los términos de la Constitución Política y de las constancias enviadas al informe justificado se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó al actuario adscrito a esa junta se constituyera en el domicilio del demandado y pusiera a disposición del depositario el bien embargado. Por tanto, en proveído de quince de junio de dos mil veintidós (foja 32), requirió al peticionario del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Proveído que fue notificado por lista a Juan Romero Villa el veinticuatro de junio de dos mil veintidós; no obstante ello, una vez transcurrido el plazo de ley, no manifestó nada en relación a si deseaba señalar como responsable a la multicitada autoridad, por lo que en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós (foja 44), este juzgador ordenó resolver el presente juicio sólo respecto de los actos atribuidos a la autoridades señalada en los escritos de demanda. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo la autoridad responsable que en ellos deben intervenir, en este caso, el Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Así, debe entenderse que si el quejoso no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la omisión de señalar dentro del término establecido fecha para la práctica de la diligencia de ejecución y requerimiento de pago dentro del juicio ordinario laboral número 3C-2257/2017 Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, Novena Época, Materia Común, registro 197684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, Materia Común, registro 208065, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, Novena Época, registro 204875, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, es innecesario el estudio de la causal de improcedencia hecha valer por el Agente del Ministerio Público de la Federación [artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo], adscrito al juzgado, pues ningún efecto práctico tendría, ya que no variaría el sentido de la resolución. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Romero Villa, en contra de los actos y autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El secretario certifica: Que concluyó el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa en auto de quince de junio de dos mil veintidós, para el efecto de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la autoridad señalada en ese proveído, pues dicho término trascurrió del veintiocho de junio al dieciocho de julio del año en curso, tomando en consideración solamente los días hábiles de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que haya hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia Michoacán, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 505/2022, con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de quince de junio del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por la autoridad precisada en dicho proveído, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio únicamente por la autoridad y actos señalados en el líbelo constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 Liliana Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que antecede. Conste. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al actuario de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que éste tiene el carácter de autoridad ejecutora. Por tanto, resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido y manifieste lo que a sus intereses convenga. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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