Juan Raul Gaona Garcia
Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Raul Gaona Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.13.6a MARIA VICTORIA SANCHEZ MENDEZ años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen el artículo 17, fracción III, inciso a) del aludido Acuerdo General. Finalmente, como en autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 07 de julio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de junio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 200/2023, promovido por ************; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, *********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en Morelia, Michoacán, y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 5º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda en los términos propuestos y se registró bajo el número 200/2023, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete1, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En el propio auto, se reconoció carácter de tercera interesada a *********, en cuanto parte A quien se notificó personalmente la admisión de la demanda el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. actora en el juicio especial oral de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento2. De igual forma, en términos del numeral 8º, de la Ley de Amparo, se designó como representante especial de los menores en cita, a *********, Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrita a la Delegación en Michoacán, quien en su oportunidad presentó sus alegatos. Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/20003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Así como la tesis VI/20044, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que los actos que la parte quejosa reclama lo siguiente: *************** Tercera. El Magistrado responsable, en cuanto Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes ***********, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto de ellos en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con residencia en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias del juicio especial *********, relacionadas con los actos reclamados. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación, se considera necesario reseñar los siguientes antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen: ********** La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el peticionario esencialmente aduce: *********** Motivos de inconformidad que resultan infundados. Es así, porque en efecto, la única razón que se advierte expuso la autoridad responsable en el auto combatido para declarar improcedente la petición del quejoso, lo fue que no resulta necesario dar trámite a la demanda en vía de reconvención porque el tema central del controvertido lo es determinar una pensión alimenticia a favor de una persona menor de edad, atendiendo a las circunstancias del caso. Sin embargo, contrario a lo que aduce el quejoso, la responsable no expuso argumento alguno referente a la improcedencia de la reconvención solicitada en atención al género de los contendientes, ni determinó que no procedía fijar alimentos a cargo de la progenitora y a favor de la menor involucrada, sino que su determinación, ahora impugnada, se sustentó en aspectos estrictamente procesales. No obstante lo anterior, se advierte que no asiste razón al peticionario de amparo en los argumentos planteados, porque aun cuando la figura de reconvención se encuentre prevista en el capítulo de "Disposiciones Generales" tanto del "Procedimiento Familiar" [artículo 780] como de "Los juicios del orden familiar" [artículo 930] y en el juicio ordinario oral [artículo 970], ello no implica que deba ser admitida en los juicios especiales orales. En efecto, debe decirse que el juicio especial oral se caracteriza por ser un procedimiento abreviado, ágil en su trámite y resolución, toda vez que se rige por los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal, mismos que se encuentran regulados por los artículos 1000 al 1005 del Código Familiar de Michoacán5 ], de los cuales no se advierte 5 "Artículo 1000. Se tramitarán en el procedimiento especial oral los asuntos relativos a: I. Alimentos; II. Diferencias que surjan entre cónyuges y concubinos, sobre administración de los bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos; III. Custodia o convivencia; IV. Rectificación, aclaración y levantamiento de actas del registro civil; V. Modificación o extinción de convenios; y, VI. Todos los demás que la ley prevea deben ser tramitados por esta vía". "Artículo 1001. La demanda y contestación contendrán, en lo conducente, los requisitos que establecen los artículos 960 y 961 de este Código". "Artículo 1002. Los interesados deberán ofrecer desde la demanda, contestación y vista de esta las pruebas que sirvan para demostrar su pretensión. Con la demanda se emplazará al demandado para que en el término de tres días la conteste, de la cual se dará vista al actor en igual lapso para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Al admitir la demanda, contestación y la vista de esta el juez de instrucción se pronunciará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Su oportuna preparación correrá a cargo de los oferentes. que el legislador haya estipulado de manera expresa la procedencia de la reconvención. Y si bien es cierto el precepto legal 1004 establece "En esta audiencia [audiencia de juicio] se aplicarán, en lo que no se oponga al presente capítulo, lo señalado para el procedimiento ordinario oral", tal aplicación puntualiza es únicamente para la audiencia de juicio. Dicho en otras palabras, quien esto resuelve estima que, aun cuando el Código Familiar para el Estado de Michoacán, en diversos artículos hace referencia a la reconvención, en el relativo al juicio especial oral no autorizó la aplicación de lo preceptuado en la reglas generales, ni para diversos procedimientos, como pudiera ser el juicio ordinario oral. En ese orden de ideas, en oposición a lo que aduce el quejoso en el sentido de que el acto reclamado vulnera sus derechos y los de su menor hija porque la responsable negó la reconvención planteada en un caso en el que legal ni constitucionalmente está permitido, del estudio de la legislación familiar del Estado se desprende que el legislador sí precisó en Tratándose de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, se recabarán de oficio las pruebas que se consideren necesarias". "Artículo 1003. Transcurrido el plazo fijado, contestada o no la demanda y en su caso la vista de esta, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a la audiencia de juicio, debiendo celebrarse dentro de los cinco días siguientes". "Artículo 1004. La audiencia de juicio, contendrá las siguientes etapas: I. Enunciación de la litis; II. Mediación o conciliación; III. Desahogo de pruebas; IV. Alegatos; y, V. Sentencia. En esta audiencia se aplicarán, en lo que no se opongan al presente capítulo, lo señalado para el procedimiento ordinario oral". "Artículo 1005. En la audiencia el juez emitirá la sentencia por escrito y explicará brevemente su contenido. En aquellos asuntos que por su complejidad lo requiera, o que legalmente no sea factible, la sentencia podrá dictarse dentro del plazo de diez días, en una audiencia que para ese efecto se convocará, misma que quedará notificada en ese acto concurran o no las partes". cuáles juicios se podía ejercer la reconvención como lo es, a manera de ejemplo, en los juicios orales, según el artículo 930 del citado Código Familiar, por lo que es dable advertir que el legislador sí estipuló de manera expresa los procesos en los que es procedente dicha figura. De ahí que la autoridad responsable no pueda, ni deba realizar una interpretación extensiva de las disposiciones del Código Familiar para el Estado de Michoacán, como lo pretende el quejoso, porque ello traería como resultado ir más allá de la voluntad del legislador, traduciéndose en un exceso y vulnerando el principio de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal. Además, lo anterior no implica -como argumenta el quejoso- negarle su derecho de exigir a su contraria cumpla también con su obligación alimentista, ni privarle el acceso efectivo a la impartición de justicia, ya que la propia norma familiar establece los diversos procedimientos de que puede hacer uso para hacer valer sus intereses, es decir, no puede permitirse que en ejercicio del derecho de defensa se trastoque lo estipulado en la norma aplicable dado que, se insiste, no se le deja en estado de indefensión, sino que sólo se respeta lo preceptuado en la ley. En ese estado de cosas, es evidente que la reconvención o contrademanda plantea una nueva litis, que solo puede sustanciarse cuando lo permite la normatividad que rige el procedimiento de que se trate, de manera que si el Código Familiar del Estado de Michoacán no establece en el procedimiento especial oral la figura jurídica de la reconvención, entonces no es procedente su admisión, lo que además es congruente con este tipo de juicios, el cual como se dijo, es más reducido en cuanto a los términos en que se tramita y el admitirla implicaría retardar la decisión de la acción principal, hasta que transcurrieran los términos de la acción reconvencional, lo cual desvirtuaría la esencia y finalidad del juicio especial oral que es una trámite rápido e inmediato. Sin embargo, es menester precisar que el hecho de que el Código Familiar del Estado de Michoacán no contemple la admisión de la reconvención en el juicio especial oral, no implica que la acción que pretende ejercer el recurrente no pueda hacerla valer de manera autónoma, conforme a las reglas que prevé dicha legislación para el tipo de prestaciones reclamadas, como lo es el derecho de convivencia, la guarda y custodia y la pensión alimenticia, acciones que pueden y deben hacerse valer por separado. Respecto a lo antes argumentado, es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis XI.2o.C.3 C (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registro digital 2025521, de rubro y texto: "RECONVENCIÓN EN LA ACCIÓN DE DIVORCIO INCAUSADO. EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NO LA PREVÉ, PERO SÍ LA FIGURA JURÍDICA DENOMINADA CONTRAPROPUESTA, DE EFECTOS ANÁLOGOS. Hechos: Una persona demandó el divorcio sin expresión de causa; la parte enjuiciada reconvino sobre el pago de alimentos y otras prestaciones; ambas acciones fueron declaradas procedentes en la primera instancia. El actor principal interpuso recurso de apelación, mediante el cual hizo valer, entre otros agravios, el concerniente a que tratándose de divorcio sin expresión de causa, no procede la reconvención; tal motivo de inconformidad se declaró ineficaz por el Magistrado, al estimar que aun cuando el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no prevé la reconvención, bajo el principio de concentración, todas las prestaciones que contiene el convenio presentado por la parte actora deben dilucidarse en el mismo procedimiento, aunque ello implique que el divorcio se decrete de plano y el juicio prosiga por las otras cuestiones de discrepancia. El apelante, no conforme con dicha forma de resolver, promovió juicio de amparo e insistió en la improcedencia de la reconvención. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien tratándose de la acción de divorcio sin expresión de causa, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no prevé la reconvención, lo cierto es que sí establece la figura denominada "contrapropuesta", de efectos análogos, por virtud de la cual la parte enjuiciada puede demandar alimentos y obtener, de ser el caso, fallo favorable. Justificación: Lo anterior es así, porque de los artículos 256, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273 y 276 del citado código, que regulan la acción de divorcio sin expresión de causa, se advierte que no prevén la reconvención, entendida como la contrademanda que formula la parte enjuiciada al contestar el libelo actio, a través de la cual hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, que tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y a lograr la desestimación de la demanda, como sucede con las excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena, con independencia de la desestimación de la demanda del actor. No obstante, dicha legislación sí establece la figura jurídica de efectos análogos denominada "contrapropuesta", por virtud de la cual la parte demandada puede reclamar el pago de alimentos, con la que se le da vista al actor principal para que manifieste lo que a su interés convenga; además, a ambas partes se les brinda la oportunidad de ofrecer pruebas, exponer alegatos y oír sentencia definitiva, de no haber convenido sobre los puntos materia de dicha "contrapropuesta"". En efecto, en el caso en estudio se estima aplicable el criterio antes transcrito porque, si bien no aborda el tópico relativo a si en los juicios especiales orales se contempla la admisión de la reconvención, de su contenido se advierte que en lugar de establecer que la figura de reconvención se encuentra regulada en las disposiciones generales, más bien aplicó la figura denominada "contrapropuesta" contenida en los numerales del Código Familiar para el Estado de Michoacán que regulan la acción de divorcio sin expresión de causa; esto es, para el Tribunal Colegiado que emitió dicho criterio no fue suficiente el hecho de que la reconvención existiera en dicho ordenamiento, para poder afirmar que procede en todos los procedimientos. Sin que ello implique, como lo señala el quejoso, que con la determinación reclamada se viole en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 930 del Código Familiar del estado, [relativo al principio de concentración], así como su derecho de acceso efectivo a la justicia. Respecto al principio de concentración, porque el mismo se refiere a la unificación en un mismo acto de cuestiones determinadas, con la finalidad de que la audiencia se desarrolle en una sola sesión o en el menor número de éstas y tiene por objeto que la situación jurídica de las partes en litis sea analizada en un solo procedimiento, en el que se resuelvan todos los puntos jurídicos que de esta deriven, pro no implica que deban resolverse cuestiones que conforme al Código Familiar del Estado deban ejercerse en forma autónoma. En tanto que por lo que ve al acceso a la justicia, la aplicación de este derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2007621, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia - acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. En las condiciones apuntadas, no se demostró que el acto reclamado transgreda los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 5º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, por su propio derecho, por lo que se refiere al acto y autoridades que precisados quedaron en la consideración tercera del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *************, por su propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable.
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