Juan Rivera Carmona
Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Rivera Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio 6066/2021 suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, e informa que declaró competente a la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la ciudad de México. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 792/2021-R, para la substanciación del conflicto competencial emitido en el juicio del que deriva el presente cuaderno e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 28/2021. Por otra parte, agréguese el diverso comunicado que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos e informa a que juzgado se turnó el juicio de amparo 792/2021; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el cinco del mes y año en curso se planteó conflicto competencial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el expediente de amparo II-792/2021-R, en virtud de que dicho juzgado no aceptó la incompetencia planteada por este Juzgado Federal en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Juan Rivera Carmona. Ahora bien, de la determinación de veintiocho de septiembre del año en curso, pronunciada por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, se aprecia que determinó no aceptar el turno planteado en el expediente de amparo 792/2021, por las siguientes consideraciones: "En ese tenor, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no acepta la competencia planteada, atento a las consideraciones siguientes: Cierto es, que el numeral 37, de la Ley de Amparo, dispone: Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Sin embargo, no se comparte el criterio del Juez de Distrito en cita por las siguientes razones: En auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgador consideró que atendiendo a que el quejoso señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión, citación y comparecencia dictada en su contra, así como su ejecución, la cual atribuye a las siguientes autoridades con sede en la Ciudad de México. 1. Fiscal General de la República; 2. Titular de la Policía Federal Ministerial; 3. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal; 4. Comisionado General de la Policía Federal; y, 5. Comandante de la Guardia Nacional. Que en el presente caso la orden de aprehensión, citación y comparecencia reclamadas requieren de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se está ejecutando o trata de ejecutarse el acto reclamado, que en el presente caso resulta ser en la Ciudad de México. Lo anterior, ya de en el escrito de demanda el quejoso señaló como domicilio particular y laboral el ubicado en Calle Periférico Oriente, número 815, colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México, y bajo protesta de decir verdad narró que allá es donde se pretende ejecutar. Ello además con sustento en la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Por tanto, concluyó que los actos que reclama el quejoso a las autoridades ejecutoras, tendrán ejecución en la Ciudad de México lugar donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México. No se comparte el criterio de la señora Jueza Homóloga en principio porque en el caso no hay duda donde se pretende ejecutar, según lo manifestado por el quejoso, en la Ciudad de México. Tampoco es que se haya estimado únicamente el domicilio del quejoso, sino la manifestación de que allá pretenden ejecutar la orden, pues es donde los agentes policiacos lo han buscado, pero además porque en este caso el domicilio particular y el lugar donde se pretende ejecutar la orden es el mismo; esto es la Ciudad de México. De ahí que, en la especie, este juzgador sostenga que corresponde conocer de la demanda que originó el presente expediente al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues existe plena certeza de que las ordenes reclamadas tendrán ejecución en un lugar donde tienen jurisdicción. Es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado, en el caso en la Ciudad de México, por lo que tiene aplicación el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que es en ese lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado en contra del aquí quejoso. Finalmente, por las razones precisadas en el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Federal considera pertinente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien resolver qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Lo que se ordena hacer del conocimiento del juez homólogo con sede en Ciudad de México, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades respectivas y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio mediante el cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, devuelve el exhorto 400/2021 por el cual se le encomendó notificar al quejoso Juan Rivera Carmona. En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial recibida. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de diez de septiembre del año en curso, se declinó competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento a qué juzgado le tocó conocer de la misma. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, gírese oficio por vía interconexión a la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, para que informe a qué Órgano Jurisdiccional, le correspondió conocer, por razón de turno, de la demanda de amparo promovida por Juan Rivera Carmona. Finalmente, respecto del exhorto devuelto descrito en párrafos precedentes, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, en turno, acepte o no competencia plateada. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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