Juan Raúl Gaona García

Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
167/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Raúl Gaona García
  • América Paola Ramírez Cancino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción IIl, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiérase el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 167/2023 promovido por Juan Raúl Gaona García; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 8- 16), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Juan Raúl Gaona García por sí y en cuanto representante legal de su menor hijo Eitan Raúl Gaona Arriaga y de su esposa Brenda Guadalupe Arriaga Ortiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 5°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 167/2023; en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés (foja 20), se previno al promovente del amparo para que exhibiera documento fehaciente con el que acreditara el carácter que 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 2 adujo tener, o bien, demostrara que así lo tiene reconocido ante la autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 45), Juan Raúl Gaona García, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no contaba con poder alguno para representar a su esposa, por lo que solicitó se le tuviera por desistido del juicio de amparo promovido a nombre de aquélla y únicamente se admitiera por sí y en cuanto representante de su menor hijo. Por lo que una vez que ratificó el escrito de desistimiento1 , en proveído de diez de abril de dos mil veintitrés (foja 70) se decretó el sobreseimiento respecto de Brenda Guadalupe Arriaga Ortiz y se admitió por Juan Raúl Gaona García, por sí y en cuanto representante legal de su menor hijo E.R.G.A.; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal2 ; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero y designación de asesor jurídico para menor. En auto de tres de mayo de dos mil veintitrés (foja 81), se reconoció el carácter de tercera interesada a América Paola Ramírez Cancino y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un asesor jurídico para que fungiera como representante especial de la menor R.Y.G.R., 1 En acta de comparecencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, foja 64. 2 A quien se le notificó de la admisión de la demanda el once de abril de dos mil veintitrés, reverso de la foja 76. 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 3 ??????????????? instituto que mediante oficio MIH-1/1899/2023 informó que eligió como tal a la asesor jurídico federal Olivia Benitez Reyes (foja 88). Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 4 cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 5 ??????????????? Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso a la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: ? El proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio especial oral familiar 51/2023, que sobre pago de alimentos promovió América Paola Ramírez Cancino por sí y en representación de la menor R.Y.G.R., en el que, decretó una pensión alimenticia mensual 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 6 de quince días de salario mínimo diario, cuyo valor actual lo es por la cantidad de $207.44 (doscientos siete pesos con cuarenta y cuatro centavos), los cuales una vez realizada la multiplicación arrojó la cantidad de $3,111.60 (tres mil ciento once pesos con sesenta centavos). Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Juez y la Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 78 y 80, respectivamente). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el mencionado juez, consistente en copias certificadas del juicio especial oral 51/2023 (un tomo). Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra, el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio especial oral 51/2023; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 7 ??????????????? Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, la asesora jurídica federal Olivia Benítez Reyes, mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, adujo que se debería decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo3 , toda vez que el acto reclamado es consecuencia de un acto previamente consentido por el quejoso consistente en la medida cautelar en la que la juez determinó alimentos a favor de la menor R.Y.G.R. por la cantidad de $3,111.60 (tres mil ciento once pesos con sesenta centavos), equivalente a quince salarios mínimos, la cual fue notificada al quejoso desde el uno de febrero del presente año. Causa de improcedencia que es infundada. En primer lugar, porque la asesora jurídica federal parte de un supuesto incorrecto, toda vez que el acto reclamado es precisamente el auto en el cual la juez decretó alimentos a favor de la menor R.Y.G.R. por la cantidad de $3,111.60 (tres mil ciento once pesos con sesenta centavos), equivalente a quince salarios mínimos, por lo que no puede entenderse como consentido, ya que lo está impugnando a través de este juicio de amparo. 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 8 En segundo lugar, porque si bien es cierto el acto reclamado fue hecho del conocimiento del quejoso el uno de febrero del dos mil veintitrés -data en la cual fue emplazado al juicio de origen- la presentación de la demanda de amparo se hizo dentro del plazo de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, si el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, fue notificado al quejoso el uno de febrero de dicho año, de conformidad con el artículo 762 del Código Familiar de Michoacán4 , el término para promover la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, esto es, el dos de febrero y feneció el veintitrés siguiente, descontándose el seis de dicho mes y año por ser inhábil tanto para la autoridad responsable5 como para este juzgador así como los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, si el quejoso presentó su demanda de amparo el quince de febrero de dos mil veintitrés, es evidente que lo hizo dentro del plazo legal pues éste feneció el veintitrés del mismo mes y año. En esas condiciones, toda vez que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia ni este juzgador advierte, de manera oficiosa, la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se 4 "Artículo 762. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso. Se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa. 5 https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/circular.aspx?id=246 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 9 ??????????????? tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Este juzgador considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 10 En una parte del único concepto de violación hecho valer por el quejoso, el cual denominó "PRIMERO", señala que el auto reclamado es ilegal, ya que la juez omitió motivar porqué únicamente fijó alimentos a un solo obligado, cuando del acta de nacimiento de la menor R.Y.G.R., se advierte que son dos los obligados alimentistas. Además, el artículo 446 del Código Familiar del Estado de Michoacán, establece la obligación de ambos progenitores a ministrar alimentos, y a pesar de ello, omitió imponerle la carga alimenticia a la gestionante América Paola Ramírez Cancino, a quien exime de la obligación de trabajar para la menor y no le impone carga alimenticia. Argumento que es infundado, toda vez que la juez al respecto adujo: "Con dicho monto se considera que se cumplirá de manera proporcional con la obligación alimentaria por parte del demandado, ya que la madre aportará lo propio al tenerlo incorporado en su domicilio y bajo su custodia". De lo que se advierte que la juez sí precisó porqué únicamente fijó alimentos a cargo del aquí quejoso, esto es, porque la madre tiene incorporada a la menor en su domicilio, razón que, contrario a lo señalado por el quejoso, es suficiente para no fijar una pensión a cargo de la madre de la menor. Además, no eran necesarias pruebas, ya que de conformidad con el artículo 450 del Código Familiar para el Estado de Michoacán6 , el obligado a dar alimentos cumple la 6 "Artículo 450. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentista, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 11 ??????????????? obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentista, o incorporándolo a su familia. Por lo que, si la aquí tercero interesada América Paola Ramírez Cancino, tiene incorporada a su familia a la menor R.Y.G.R., como lo señaló en el hecho tercero de la demanda del juicio de origen (foja 3 del tomo de pruebas)7 , se entiende que ya cumple con la obligación de darle alimentos. En otra parte de sus conceptos de violación, señala el quejoso que la responsable, previo a fijar la pensión a su cargo debió ordenar un estudio socioeconómico de su persona; no precisó de qué prueba se advertía su capacidad económica; omitió considerar la precaria situación en que se encuentra; omitió considerar sus circunstancias personales, especialmente la existencia de otros acreedores alimentistas con derecho igual y preferente; no tenía pruebas de sus ingresos, por lo que el monto fijado es totalmente alejado de la realidad en la que se desenvuelve y a su capacidad económica. Por lo que -señala el quejoso- el acto reclamado es violatorio del artículo 453 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que establece que cuando no sean comprobables el salario o los ingresos, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión; y la a quo omitió considerar la posibilidad del deudor para ministrar alimentos. Asimismo -aduce- es violatorio de la fracción Il del artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, 7 "TERCERO. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la suscrita América Paola Ramírez Cancino, vivo en compañía de mi menor hija [.]". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 12 que establece "que se justifique aproximadamente cuando menos, el causal del que deba darlos", ya que previo a fijar la pensión alimenticia provisional debió imponerse de las circunstancias de hecho y económicas que imperan en el acreedor alimentista y no lo hizo, aunado a que no tenía pruebas para justificar su proceder. De igual modo precisó que la juez omitió señalar las pruebas de que se valió para determinar que la cantidad fijada era acorde a la necesidad de la acreedora, su salud, si estudia o no, elementos éstos que a falta de prueba, impedían fijar en forma exorbitante y arbitraria la cantidad que me fijó. Motivo de inconformidad que también es infundado. Lo anterior es así, porque si bien es cierto, como lo señala el quejoso, que el artículo 453 del Código Familiar para el Estado de Michoacán8 establece que cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores, dicho precepto habla de "resolverá" esto es, se entiende que el mismo es aplicable al momento de dilucidar el fondo del asunto y no para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales. En cambio, el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, es aplicable específicamente para el auto de admisión de la demanda, como en el caso que se 8 "Artículo 453. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 13 ??????????????? analiza, toda vez que el acto reclamado es en el que se admitió la demanda del juicio de origen. Numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado". Del numeral transcrito se advierte que en el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción, deberá tomar las medidas siguientes: 1. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno. 2. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este. 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 14 3. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad. 4. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado. En el caso, no se contaban con pruebas para deducir una capacidad económica diferente del aquí quejoso, por lo que fue legal la determinación de la juez de fijar como pensión alimenticia el monto equivalente a quince días de salario mínimo diario, lo que arrojó la cantidad de $ 3,111.60 tres mil ciento once pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional. De ahí que, no era necesario que la juez ordenara un estudio socioeconómico del quejoso; ni precisara de qué prueba se advertía su capacidad económica; ni considerar la precaria situación en que se encuentra ni sus circunstancias personales -como lo sería la existencia de otros acreedores alimentistas-, pues ese artículo precisamente establece la obligación del juez de instrucción de fijar de inmediato -en el auto de admisión de la demanda- una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los deudores alimentistas sin necesidad de pruebas. Y si bien el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, también señala que el monto que podría variar, en caso de que, con las pruebas aportadas hasta ese momento, se dedujera una capacidad económica diferente, 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 15 ??????????????? también lo es que en el caso no se actualiza dicha hipótesis pues la actora no ofreció prueba alguna al respecto. Lo cual no choca con el contenido del diverso artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán9 , que establece en su fracción II que para decretar alimentos se requiere, entre otros requisitos "que se justifique aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos", pues dicho precepto se tiene que interpretar de manera conjunta con el 464 del mismo ordenamiento, transcrito en párrafos pasados, el cual prevé establece la obligación del juez de fijar en el auto de admisión de la demanda, una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas. Además, contrario a lo manifestado por el quejoso, tampoco era necesario que el juez contará con pruebas relacionadas con la necesidad de la acreedora, su salud, si estudia o no, pues se insiste, el artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, no establece que se deban requerir pruebas para fijar como pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas. Es aplicable la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2018740, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 9 "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 16 DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. Si bien el dictado de una medida cautelar por parte del juzgador puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y los argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora bien, en el caso específico de la obligación de ministrar alimentos durante el desarrollo de controversias del orden familiar, el órgano legislativo ha previsto la pensión alimenticia provisional por su instrumentalidad para permitir el acceso a un nivel de vida adecuado o digno de los acreedores alimentarios, lo cual le confiere un carácter de interés social y orden público, que hace que trascienda de quienes integran el grupo familiar. Estas consideraciones constituyen la base objetiva que justifica la existencia de la medida cautelar, mientras que el hecho de que revista esta naturaleza precautoria implica que no rija previamente a su dictado el derecho de audiencia previa, lo cual hace evidente que no se deba escuchar ni recibir pruebas del deudor alimentario. Así, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé, entre otras cuestiones, que tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el derecho a la igualdad, aun cuando sólo permita al acreedor alimentario alegar y probar con antelación a la fijación de la pensión provisional, pues la diferencia de trato entre el deudor y el acreedor alimentarios no atenta contra la dignidad de las personas, sino que se erige como una consecuencia necesaria del carácter de la pensión alimenticia provisional como una medida cautelar. En efecto, la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que: persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión". No pasa inadvertido para este juzgador que, mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 17 ??????????????? autorizado del quejoso, exhibió copia certificada del proveído dictado el catorce de marzo del año en curso en el juicio de origen así como el oficio 179001910100/DAV/000906/2023 exhibido ante la responsable el trece del mismo mes y año, en el que el Jefe de Departamento de Afiliación Vigencia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar que cuenta con otros acreedores además de la tercera interesada y por ende la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, dicha prueba fue presentada con posterioridad a la emisión del auto reclamado [veintisiete de enero de dos mil veintitrés], por lo que la responsable no la podía tomar en cuenta para fijar la pensión. Asimismo, este juzgador no la puede tomar en consideración para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo10, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. 10 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados". 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 18 En las condiciones relatadas, se concluye que el acto reclamado no infringe en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán al no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207616, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés Juicio de amparo 167/2023 19 ??????????????? acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Raúl Gaona García, en contra del acto y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. 20/01/24 13:51:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 María del Carmen Vieyra Avilés 20 Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe. JRRG/Mcva* Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 12236 y 12237 a las autoridades correspondientes; notificándoles la determinación qu

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de trece de junio de dos mil trece, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la sentencia, el proveído y/o resolución de 13 de junio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

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