Juan Ramón Guevara Zumaya

Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
436/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Ramón Guevara Zumaya

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Ramón Guevara Zumaya, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que el acto que aquí reclama el promovente del amparo consiste en: "ACTO RECLAMADO: Consiste en LA ACTUACIÓN LLEVADA A CABO POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, Y QUE TIENE SU DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SIN NUMERO DEL BARRIO CHACANÁ DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.; MISMA QUE REALIZÓ A LAS 16:10 HORAS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 3 CON DOMICILIO EN CALLE LAURO MUÑOZ NÚMERO 29 (SIC) DEL BARRIO CHACANÁ, EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., CUYA TITULAR LO ES LA C. LIC. BEATRIZ SALDIVAR REYNOSO." Partiendo de lo anterior, quien analiza advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así es, el último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Supuesto que acontece en el presente asunto, pues del capítulo de antecedentes del escrito de demanda se advierte, que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "SEXTO: Dentro de la actuación llevada a cabo a las 16:00 horas del 05 de Septiembre de 2018, por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría para los Pueblos Indígenas, así como del perito en materia de Grafoscopía y Dactiloscopía, LIC. VICTOR YANNICH ESQUIVEL RENTERÍA consistente en un acto de investigación en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, misma en la cual se describen entre otros datos 1.- Que se constituyeron en el domicilio de Calle Lauro Muñoz Número 29 (SIC) del Barrio Chacaná, perteneciente al Municipio de Tancanhuitz, S. L. P. 2.- Que se da cuenta a lo ordenado dentro de la Carpeta de Investigación CDI/PGJE/SEAPI/TANCA/UIL/515/16, (no existe ningún ordenamiento o mandato dentro de la Carpeta de mérito) lo que viola flagrantemente las normas al procedimiento, así como mis derechos consagrados en nuestra Carta Magna. 3.- Encontrándose además del suscrito, el imputado JUAN RAMÓN GUEVARA ZUMAYA, más no su abogado defensor "pese habérsele notificado de dicho acto de investigación" (sin embargo, no fue notificado de la práctica del acto descrito por la fiscalía, amén de que no obran constancias de la "notificación" a que se refiere el fiscal." (foja 6) Por lo anteriormente asentado, es de advertirse que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a las dieciséis horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, misma fecha en que se llevó a cabo la actuación reclamada, pues estuvo presente en su desahogo, confesión expresa que merece pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. En ese sentido, si los motivos de disenso versen en torno a la falta de asistencia legal por la ausencia de su defensor particular, tal como se advierte de las fojas 4 a 6 de autos, mismas que en lo que interesa indican lo siguiente: ". en ningún momento emitió proveído o acuerdo en donde pronuncie que fue admitida la Pericial de referencia, asimismo, omitió señalar fecha y hora para la práctica de dicha diligencia, no se me notificó en términos de los preceptos violados e invocados líneas que anteceden, es decir, no fui notificado con por lo menos 48 horas de anticipación, pero, lo más grave, insisto, es que en ningún momento estuve asistido de mi Abogado Defensor, en virtud de que no obran constancias ni del auto donde conste la fecha del desahogo de la Prueba Pericial, ni constancia en donde se le haya notificado a mi Abogado Defensor, lo que viola flagrantemente mis más elementales garantías de audiencia y legalidad, así también, se vulneran las normas al procedimiento v al debido proceso, constituyendo parte o etapa del proceso la integración de la carpeta de investigación dentro de los autos de la Carpeta de Investigación CDI/PGJE/SEAPI/TANCA/UIL/515/16, y que depara perjuicios en mi persona y en mis derechos que consagra nuestra Carta Magna." (foja 4) ". no se pueden apreciar por ejemplo el grado de apoyo en la letra, la firmeza del pulso en la suscripción, elementos que en su caso pueden ser determinantes para que el perito dictamine sobre la autenticidad o falsedad de una firma, por lo que con tales omisiones, con mayor razón el peritaje carece de veracidad, asimismo, porque en ningún momento fui asistido por mi abogado defensor particular, porque tal y como se desprende de autos de la carpeta de investigación ya señalada, no existe constancia de que se le haya notificado oportunamente y en términos de ley, lo que me ha dejado en estado de indefensión." (foja 6) (Lo resaltado es de este juzgado) Es acertado determinar que dichos actos reclamados no se ubican en los casos de excepción, previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso quinto transitorio, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que en que el quejoso tuvo conocimiento del mismo, es decir, dentro de los quince días siguientes al de la actuación reclamada de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. De lo reseñado es posible colegir, que el término previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia, trascurrió para la parte quejosa del seis al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, con excepción de los días nueve, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año, por ser inhábiles. Para realizar dicho cómputo, este Juzgado Federal toma en consideración lo dispuesto en el precitado artículo 18, de la Ley Normativa del Juicio de Garantías, el cual en lo que interesa dispone que los plazos a que hace referencia el diverso numeral 17 de la Ley en aplicación, se computarán a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto. Entonces si el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, el término le empezó a correr el día siguiente hábil, esto es, el seis de septiembre de dos mil dieciocho. Consecuentemente, al haberse presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, hasta el veintiuno de noviembre del año en curso, como se observa del sello de recibido de aquella oficina, estampado en el escrito inicial de demanda, es claro, que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, precluyó el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, resultando notoriamente extemporánea su presentación. En la inteligencia de que los actos que aquí se reclaman son de aquellos que deben promoverse dentro del término genérico de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque dada su naturaleza no están comprendidos en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el citado numeral, pues no se impugna la vigencia de una ley, ni actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, tampoco se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, menos se impugna una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En consecuencia, al ser esto así, como se dijo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el numeral 113, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la propia ley de la materia en cita. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Juan Ramón Guevara Zumaya, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría para los Pueblos Indígenas, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí y de otras autoridades; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 436/2018-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número ********************, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, acorde a lo señalado en el numeral 112 de la Ley de Amparo, procédase al análisis del escrito de demanda y resuélvase lo que en derecho proceda. En ese sentido, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia, señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:.- IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;..." Por su parte, el diverso dispositivo 114, fracciones I y II, de la propia ley, indica: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere una irregularidad en el escrito de demanda. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;.-." De lo anterior, se obtiene que el órgano jurisdiccional, pueda requerir a la parte quejosa, cuando advierta irregularidades en la demanda de garantías que promueve, a fin de que las subsane. En el caso, del análisis de la demanda de garantías, específicamente del capítulo de acto reclamado se desprende que el peticionario de garantías refiere: "De la ordenadora que puede ser la que ya he precisado, le reclamo la actuación llevada a cabo a las 16:00 horas de fecha 05 de Septiembre de 2018, así como la admisión de un Dictamen Pericial derivado de la actuación de referencia y emitido en fecha 18 de Junio de 2018." Por lo que es inconcuso que existe incongruencia entre la fecha de la actuación que refiere y la emisión del dictamen que aduce deriva de la misma, es decir, la existencia del referido dictamen depende del desahogo de los ejercicios correspondientes; por tanto, resulta incuestionable que este no puede tener fecha posterior a tal desahogo. Por tanto, dado que el precitado numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que la parte quejosa está obligada a manifestar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; pues sin conocer dicha circunstancia no se está en la posibilidad de establecer con certeza el acto que vulnera sus garantías, lo cual resulta necesario para estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la demanda de amparo. De ahí, que en el caso resulte procedente requerir a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda y al efecto precise de manera congruente el acto reclamado específico que le causa agravios. Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Se apercibe a la parte quejosa de mérito, que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda planteada, con fundamento en el transcrito artículo 114, penúltimo párrafo de la ley en aplicación. En el entendido, que el escrito de aclaración correspondiente deberá contar con la firma autógrafa de parte quejosa o de quien la represente legalmente, la cual no puede ser sustituida por autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la Jurisprudencia: 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Arroyo número 224, de la colonia Rafael Curiel de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Moreno Medrano, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente.

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