Juan Martínez Catarina

Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
326/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Martínez Catarina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene recibido el oficio de la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual, acusa recibo de la devolución de constancias que remitió como justificante de su informe. En vista de que, no existe actuación pendiente por realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. . (Firmado electrónicamente)

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se giró el oficio 13730/2021 al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para devolver las constancias que anexó a su informe justificado, sin que a la fecha haya acusado recibo. A fin de estar en aptitud de remitir al archivo el presente expediente, mediante oficio que derive de este acuerdo, requiérase a la citada autoridad, acuse recibo de las constancias de mérito dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, concatenado con el artículo 259 de la citada legislación. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Cúmplase. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció. Por otro lado, devuélvanse a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en el expediente laboral 326/2021/E-3, de su índice, constantes de un tomo, solicitando el acuse respectivo. En ese contexto, una vez que el presente sumario constitucional se encuentre integrado, dese el destino legal que corresponda a este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Cenobio Guerrero Mata, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anexa, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Para mejor manejo del presente expediente, con las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. Ahora, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se advierte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Así, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles de enviar el expediente 848/2021/1-2 de su índice al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje residente en la ciudad de San Luis Potosí, debido a la declinación de competencia que dicha junta planteó; y del tribunal en comento, la omisión de emitir acuerdo en el que se pronuncie si acepta o no la competencia declinada. Continuando, de autos se advierte que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y acompañaran las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante el oficio que se provee el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, responsable, rindió su informe justificado, en el que aceptó la existencia del acto reclamado y remitió en su apoyo copia certificada del acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte y la notificación de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente laboral 326/2021/E-3 de su índice. Ahora, del contenido de las constancias de mérito, se obtiene que en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles determinó carecer de competencia legal para sustanciar el sumario 848/2020/JE1-2 de su índice, por las razones que en el mismo expuso, y lo remitió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, para que se pronunciara al respecto. De igual forma, en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en mención, tuvo por recibido el oficio STPS-JECA-1-471/2021/1, con el que se le remitió el expediente laboral 848/2020/JE1-2 en comento, radicándolo con el número 326/2021-E-3 de su índice; y determinó enviar el sumario de mérito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para que determinara que órgano laboral debe conocer del controvertido en mención. Circunstancia que fue notificada al apoderado de la parte actora en ese juicio laboral de génesis (aquí parte quejosa) según consta de la diligencia de notificación realizada por el actuario adscrito al tribunal estatal en mención, el doce de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, permite constatar que han cesado los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de que las responsables realizaran las gestiones tendentes a remitir los autos del expediente 848/2020/JE1-2 al tribunal laboral declinado y que éste se pronunciara si aceptaba la competencia para sustanciar dicho juicio, lo que ya aconteció. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente

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