Juan Romulo Barrios Hernández

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Romulo Barrios Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el proveído de doce de abril del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. Autoridad devuelve exhorto Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 300/2022 (orden 300/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, enviado para que en auxilio de las labores del juzgado notificara al quejoso ***, el proveído de doce de abril del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa. Baja de comunicación Dese de baja la comunicación en comento en el libro de gobierno que concierne y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes -SISE-; sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el referido sistema lo genera automáticamente Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación del quejoso Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclama del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- respectivamente, bajo el numeral 276/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; precepto que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: La orden de traslado ejecutada el uno de abril de la presente anualidad, del Centro Estatal de Reclusión, con sede en esta ciudad, en el que se encontraba recluido, al diverso Centro de Reclusión "La Pila", ubicado en San Luis Potosí, en el que actualmente se encuentra. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado mencionada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra el mismo procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En ese sentido, es preciso señalar que por disposición de la fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Federal, el hecho de no agotar todos los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria contra el acto reclamado, previamente a la promoción del juicio de amparo, por regla general conduce a declarar su improcedencia. Lo que se reitera en el contenido de la citada fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario; y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Sin embargo, de los citados numerales se desprenden como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios: A). Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. B). Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden de ideas, se toma en consideración que no existe constancia de que el quejoso hubiera agotado algún medio ordinario de defensa en contra de la determinación que ordenó su traslado, sino que acudió directamente al juicio de amparo. Y por otro lado, no se actualiza alguna de las destacadas excepciones al citado principio. Lo anterior es así, pues con relación a la hipótesis de excepción a ese principio, identificada bajo el inciso A), se debe corroborar si se cumple o no el presupuesto descrito en el punto 1), es decir, si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria, es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. Para tales efectos, es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, el quejoso reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas, así como a una judicial, y bajo protesta de decir verdad, aseveró que la madrugada del uno de abril del presente año, sin existir razón alguna fue trasladado contra su voluntad al diverso Centro de Reinserción "La Pila", en San Luis Potosí. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Así, el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que esta última en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos como el que se estudia, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado ejecutada y no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución o de Control, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad penitenciaria, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a autoridades administrativas y una judicial, sin autorización previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Consecuentemente, se debe verificar ahora si el quejoso estaban obligados a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a la instancia constitucional; que es el presupuesto que se fijó en el punto 2). Es decir, se debe determinar si dicho medio ordinario de defensa, es susceptible o no de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; porque lo que se busca evitar, es la restricción adicional al derecho fundamental de la libertad de la persona privada de ella. En ese sentido, lo que se debe corroborar, es si a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. El segundo párrafo del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Incluso, establece que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional; se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Asimismo, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado ordenada por autoridades administrativas, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Ello, porque según se explicó, la orden de traslado en los términos que lo reclamó el quejoso, configura un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario y, por ello, requiere ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal referidas. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En esa tesitura, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. Ahora, resta por corroborar, que no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad, identificadas bajo el inciso B); es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia, están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012 determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no sea acorde a sus intereses, podrá interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y, al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. En consecuencia, al haberse demostrado que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, es indudable que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque la parte quejosa no agotó la controversia judicial, como medio ordinario de defensa, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía indirecta, en los términos expuestos en los párrafos precedentes. Por tanto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo. No se soslaya la circunstancia relativa a que el quejoso hace alusión a que fue víctima de actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de amparo y 22 Constitucional; sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- y en el Sistema de la Dirección General de Gestión Judicial, específicamente en la sección "servicios y trámites", de la que se advirtió que el juicio de amparo 389/2022 (al que incluso se hace alusión en la propia demanda), pertenece a la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y en dicho juicio se concedió la suspensión de plano solicitada por el quejoso Juan Rómulo Barrios Hernández, respecto de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, por lo que no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. Notificación al agraviado Dado que el quejoso ****, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal de la Pila y/o Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila, ubicado en la Ciudad de San Luis Potosí, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al quejoso; hecho lo cual, deberá devolver las constancias relativas por la misma vía. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese y personalmente al quejoso vía exhorto.

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