Juan Manuel Velazquez Rubio
Expediente 72/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Velazquez Rubio
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve (fojas 33 a 36), en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se compute el término relativo a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación de cuenta practicada a los quejosos en la que se desprende que los peticionarios de amparo manifestaron ante la presencia del fedatario público federal adscrito a este juzgado, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo incoada por Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez; en tales condiciones se provee: el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, señala que para la prosecución del juicio de amparo se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por la parte quejosa, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Cierto, cuando la parte quejosa desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de la constancia de notificación practicada a los quejosos el día de hoy, se desprende que los peticionarios de amparo manifestaron ante la presencia del fedatario público federal adscrito a este juzgado, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo incoada por Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez, por lo que es inconcuso que existe consentimiento de los quejosos, de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistidos en su perjuicio, de la demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia Constitucional del presente sumario. De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para el día de hoy (once horas con diez minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve). Ahora, toda vez que los quejosos Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez, se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción social de esta ciudad, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el referido Centro de Reinserción, y notifique a los promoventes el presente proveído. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído la recibida la pieza postal devuelta de cuenta, que contiene el oficio número 2041/2019, del índice de este Juzgado Federal, dirigido a la autoridad responsable Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, se le pretende notificar el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mismo que el Administrador de Correos de México, devuelve con la leyenda "Cambio de domicilio"; toda vez que en los párrafos que anteceden, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal, hasta su total conclusión, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se imponga de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que acompaña, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual formula alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, mismos que serán recibidos en el momento procesal oportuno. Finalmente, toda vez que los quejosos Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez, se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción social de esta ciudad, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el referido Centro de Reinserción, y notifique a los promoventes el presente proveído y copia certificada del informe justificado que se provee en dicho acuerdo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez, contra actos que reclaman del Juez Segundo del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 6, 8, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 72/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente. Se cita por analogía la tesis I.7o.A.12 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 848, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Enero de 1999, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita." Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada el viernes seis de enero de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, por medio de lista según lo previene al artículo 26, fracción III del citado cuerpo legal, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, haciéndole de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, toda vez de que los aquí quejosos se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción social de esta ciudad, y en su escrito de demanda de amparo autorizan en el presente controvertido Constitucional a la Defensora de Oficio Licenciada María del Carmen Quiroz, por consiguiente su estado actual los coloca en un estado vulnerable; puesto que, como ya se había dicho que la calidad de internos en un centro de reclusión significa que están impedidos para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concordancia con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se considera procedente requerir a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad capital, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo y de no existir impedimento legal para ello, por así solicitarlo los quejosos, tenga bien a designar la Defensora de Oficio Licenciada María del Carmen Quiroz, para que pueda fungir como abogado representante de los quejosos Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez; para lo cual se anexa copia simple de la demanda de amparo; quien deberá comparecer ante este Juzgado de Distrito a aceptar dicha encomienda, debiendo hacerlo del conocimiento a este órgano de control Constitucional para los efectos de aceptación y protesta del cargo conferido, apercibida que de ser omisa al respecto se le impondrá una multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además de los artículos 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que los quejosos Juan Manuel Velázquez Rubio, Olimpia Morales Flores y Román Martínez Martínez, se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción social de esta ciudad; lugar que señalaron para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el referido Centro de Reinserción, y notifique personalmente el presente proveído a los peticionarios del amparo, entregándoles una copia simple del presente acuerdo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de reclusión.
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