Juan Pineda Padilla
Expediente 1722/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1722/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Pineda Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 74), sin que hayan realizado manifestaciones al respecto (foja 78). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano colegiado resolvió conceder a Juan Pineda Padilla, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (foja 47): ".1. Deje insubsistente el laudo reclamado; "2. Emita otro en el que: a) Reitere la determinación de "que es improcedente la excepción de falta de "legitimación procesal activa.- b) Siguiendo los "lineamientos establecidos en esta ejecutoria, se ocupe "de nueva cuenta de las objeciones realizadas por el "actor a la hoja de certificación de vigencia de derechos, "para lo cual debe subsanar la violación formal en que "incurrió y valorar la tarjeta de afiliación del asegurado de "veintidós de mayo de mil novecientos setenta y tres; "asimismo, prescinda de considerar que en dicha hoja de "certificación se hace referencia al aviso de inscripción "del trabajador recibido el veintisiete de octubre de mil "novecientos noventa y ocho.- c) Partiendo de la base de "que, en la contestación de demanda, el enjuiciado "admitió el alta del actor al régimen de seguridad social "desde mil novecientos setenta y tres; además, teniendo "en cuenta que el propio asegurado ofreció "documentales a fin de desvirtuar el valor probatorio de "la hoja de certificación de vigencia de derechos, con "libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho "proceda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que por auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil quince (foja 55); y, el veintinueve de enero del año antes mencionado, dictó uno nuevo en el que realizó lo siguiente (fojas 61 a 72): I. Reiteró que es improcedente la excepción de falta de legitimación procesal activa, pues la responsable, tomó en cuenta la confesión expresa que realizó el demandado al dar contestación al escrito inicial de demanda, en la que dijo que el número de seguridad social 1973420621-2 citado por el actor implica tener el carácter de asegurado y la legitimidad de ejercer las acciones consignadas a su favor en la Ley del Seguro Social de 1973 (fojas 62 vuelta y 63). II. Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, se ocupó de nueva cuenta de las objeciones realizadas por el actor a la hoja de certificación de vigencia de derechos, y le negó valor probatorio alguno, pues de las probanzas ofrecidas por la parte actora se desprende información que no contiene la citada hoja; además, subsanó la violación formal en que incurrió y, con fundamento en los artículos 795 y 841 de la Ley Federal de Trabajo dio pleno valor probatorio a la tarjeta de afiliación del asegurado de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y tres, ya que no fue objetada por el demandado en cuanto a la autenticidad de contenido y firma (fojas 63 vuelta 66 vuelta). III. Partiendo de la base de que, el enjuiciado, al dar contestación al escrito inicial de demanda, confesó expresamente que el número de afiliación citado por el actor implicaba que tuviera el carácter de asegurado desde mil novecientos setenta y tres, y la legitimidad de ejercer las acciones consignada a su favor en la Ley del Seguro Social de 1973 (foja 63); además de que, como el asegurado ofreció documentales para desvirtuar la hoja de certificación de vigencia de derechos, la junta responsable le negó valor probatorio y tuvo por acreditado de parte del actor, que sí fue asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cotizó al régimen de seguridad social, un total de mil doscientas cincuenta y ocho semanas, y que se encuentra dentro de la conservación de sus derechos (foja 66 vuelta y 67 frente). La junta, con libertad de jurisdicción, resolvió lo siguiente: 1. Condenar al Instituto demandado a las siguientes prestaciones: a) A otorgar y pagar al actor una pensión mensual por vejez, retroactiva a un año a la fecha de presentación de la demanda, esto es, a partir del diecisiete de febrero de dos mil nueve, con los incrementos correspondientes, en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, y la asistencia médica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 164, fracción IV del ordenamiento legal invocado b) A otorgarle aguinaldo anual, equivalente a una mensualidad del importe de la pensión, con los incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres (fojas 67 frente y 72 frente). 2. Absolvió de pagar cantidad alguna por concepto de ayuda asistencial (foja 67 vuelta). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 74), sin que hayan realizado manifestaciones al respecto (foja 78). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano colegiado resolvió conceder a Juan Pineda Padilla, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (foja 47): ".1. Deje insubsistente el laudo reclamado; "2. Emita otro en el que: a) Reitere la determinación de "que es improcedente la excepción de falta de "legitimación procesal activa.- b) Siguiendo los "lineamientos establecidos en esta ejecutoria, se ocupe "de nueva cuenta de las objeciones realizadas por el "actor a la hoja de certificación de vigencia de derechos, "para lo cual debe subsanar la violación formal en que "incurrió y valorar la tarjeta de afiliación del asegurado de "veintidós de mayo de mil novecientos setenta y tres; "asimismo, prescinda de considerar que en dicha hoja de "certificación se hace referencia al aviso de inscripción "del trabajador recibido el veintisiete de octubre de mil "novecientos noventa y ocho.- c) Partiendo de la base de "que, en la contestación de demanda, el enjuiciado "admitió el alta del actor al régimen de seguridad social "desde mil novecientos setenta y tres; además, teniendo "en cuenta que el propio asegurado ofreció "documentales a fin de desvirtuar el valor probatorio de "la hoja de certificación de vigencia de derechos, con "libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho "proceda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que por auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil quince (foja 55); y, el veintinueve de enero del año antes mencionado, dictó uno nuevo en el que realizó lo siguiente (fojas 61 a 72): I. Reiteró que es improcedente la excepción de falta de legitimación procesal activa, pues la responsable, tomó en cuenta la confesión expresa que realizó el demandado al dar contestación al escrito inicial de demanda, en la que dijo que el número de seguridad social 1973420621-2 citado por el actor implica tener el carácter de asegurado y la legitimidad de ejercer las acciones consignadas a su favor en la Ley del Seguro Social de 1973 (fojas 62 vuelta y 63). II. Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, se ocupó de nueva cuenta de las objeciones realizadas por el actor a la hoja de certificación de vigencia de derechos, y le negó valor probatorio alguno, pues de las probanzas ofrecidas por la parte actora se desprende información que no contiene la citada hoja; además, subsanó la violación formal en que incurrió y, con fundamento en los artículos 795 y 841 de la Ley Federal de Trabajo dio pleno valor probatorio a la tarjeta de afiliación del asegurado de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y tres, ya que no fue objetada por el demandado en cuanto a la autenticidad de contenido y firma (fojas 63 vuelta 66 vuelta). III. Partiendo de la base de que, el enjuiciado, al dar contestación al escrito inicial de demanda, confesó expresamente que el número de afiliación citado por el actor implicaba que tuviera el carácter de asegurado desde mil novecientos setenta y tres, y la legitimidad de ejercer las acciones consignada a su favor en la Ley del Seguro Social de 1973 (foja 63); además de que, como el asegurado ofreció documentales para desvirtuar la hoja de certificación de vigencia de derechos, la junta responsable le negó valor probatorio y tuvo por acreditado de parte del actor, que sí fue asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cotizó al régimen de seguridad social, un total de mil doscientas cincuenta y ocho semanas, y que se encuentra dentro de la conservación de sus derechos (foja 66 vuelta y 67 frente). La junta, con libertad de jurisdicción, resolvió lo siguiente: 1. Condenar al Instituto demandado a las siguientes prestaciones: a) A otorgar y pagar al actor una pensión mensual por vejez, retroactiva a un año a la fecha de presentación de la demanda, esto es, a partir del diecisiete de febrero de dos mil nueve, con los incrementos correspondientes, en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, y la asistencia médica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 164, fracción IV del ordenamiento legal invocado b) A otorgarle aguinaldo anual, equivalente a una mensualidad del importe de la pensión, con los incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres (fojas 67 frente y 72 frente). 2. Absolvió de pagar cantidad alguna por concepto de ayuda asistencial (foja 67 vuelta). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, SIN QUE LO HAYAN HECHO; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.
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