Juan Pérez Luna

Expediente 276/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
276/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Pérez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 208), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 222). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de febrero de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Juan Pérez Luna, Humberto Coronel Muñoz, Francisco Matías Grande, Cynthia Morales Lozada, Luis Arturo Montiel Huerta y Camilo López Arrollo la protección constitucional en los siguientes términos: "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y, II. Dicte una nueva en la que reitere lo resuelto hasta el punto VII de la sentencia reclamada, específicamente hasta lo que denominó "Conclusión del servicio de los integrantes de la institución policial", por lo que partiendo de la consideración a la que arribó en esta última parte, en el sentido de que los actores fueron cesados verbalmente, condene al pago de las prestaciones reclamadas que resulten procedentes, sin pasar por alto al resolver esto último el régimen administrativo especial que rige tratándose de elementos del cuerpo de seguridad pública" (foja 162 vuelta). Cabe destacar que el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, Presidente, Director Jurídico y Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, todos del mencionado municipio promovieron amparo adhesivo el cual fue negado (foja 163). En parte de la ejecutoria se indicó: "IV. Por tanto, como se adelantó, los conceptos de violación que exponen los inconformes, en suplencia de la deficiencia de la queja son fundados. En efecto, como se advierte de la síntesis a las razones que sustentan la primera parte de la sentencia reclamada objeto de análisis, la autoridad responsable pasó por alto que el acto administrativo que dio origen a la litis fue "la orden verbal de destitución y/o separación" del empleo que desempeñaban Juan Pérez Luna, Humberto Coronel Muñoz, Francisco Matías Grande, Cynthia Morales Lozada, Luis Arturo Montiel Huerta y Camilo López Arrollo, al servicio del cuerpo de seguridad pública de las autoridades municipales demandadas. Además, el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, el Presidente, el Director Jurídico, así como el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, todos del mismo municipio, al rendir su informe negaron el acto que dijeron los actores; en consecuencia, existió una nulidad lisa y llana del acto administrativo. No obstante, el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala dijo que las autoridades municipales negaron la orden verbal reclamada por los recurrentes, pero que a partir de las constancias que integran los expedientes administrativos PDCHJ/ZAC/001/2018, PDCHJ/ZAC/002/2018, PDCHJ/ZAC/003/2018, PDCHJ/ZAC/004/2018, PDCHJ/ZAC/005/2018 y PDCHJ/ZAC/006/2018, del índice del Consejo de Honor y Justicia Policial del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, debía tenerse por cierta dicha orden verbal de conclusión del servicio policial alegada por los actores. Incluso, recalcó la autoridad responsable que "no es un hecho controvertido la existencia de la suspensión del servicio policial de los recurrentes, como Oficiales y Director Operativo de Seguridad Pública del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala". Por tanto, es claro que a pesar de la naturaleza administrativa del controvertido de origen, lo cierto es que la autoridad responsable revirtió la carga de la prueba a las autoridades municipales para demostrar que no existió el "despido" sin que el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, el Presidente, el Director Jurídico, así como el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, todos del mismo municipio, se inconformaran. En consecuencia, correcta o no la forma en que el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, emitió la resolución reclamada, lo cierto es que las autoridades municipales consintieron los términos en que aquél procedió. De ahí que es firme la forma en cómo fue analizado el acto administrativo y la determinación de que existió la orden verbal de conclusión del servicio en los términos que dijeron los actores. En efecto, se insiste, correcto o no, lo cierto es que la autoridad responsable ya resolvió que los actores fueron cesados verbalmente por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, el Presidente, el Director Jurídico, así como el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, todos del mismo municipio, a pesar de que esto no es posible, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios la autoridad facultada para conocer y resolver de los procedimientos seguidos al personal de seguridad pública que hayan cometido faltas graves es el Consejo de Honor y Justicia Policial de los Ayuntamientos, de ahí que la autoridad municipal demandada no podía llevar a cabo ese acto. En consecuencia, lo procedente es que el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, partiendo de la consideración a la que arribó en el sentido de que los actores fueron cesados verbalmente, condene al pago de las prestaciones reclamadas que resulten procedentes, sin pasar por alto al resolver esto último el régimen administrativo especial que rige tratándose de elementos del cuerpo de seguridad pública. Por tanto, se reitera, correcto o no el pronunciamiento realizado por la autoridad responsable en el punto VII de la sentencia reclamada en lo que denominó "Conclusión del servicio de los integrantes de la institución policial", lo cierto es que no fue controvertido por las autoridades municipales, por lo que al tratarse de una determinación firme que beneficia a los aquí quejosos, es innecesario el análisis de lo que resolvió en el punto VIII que denominó "Estudio de Fondo", pues el beneficio que alcanzaron no se vería mejorado (.) (fojas 157 vuelta a 159). Del examen de las copias certificadas remitidas por el Presidente y Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de primero de marzo de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia de doce de marzo de dos mil veinte y ordenó dictar una nueva (fojas 176 y 177). El dos de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó una nueva sentencia, en la que en esencia, aunque con una estructura y redacción diferente, reiteró lo resuelto en la que constituyó el acto reclamado, específicamente hasta lo que en ésta denominó "Conclusión del servicio de los integrantes de la institución policial", pues procedió en los siguientes términos: Reiteró que la litis estriba en determinar la legalidad del acto administrativo consistente en la orden verbal de destitución y/o separación de los cargos policiales de los recurrentes (foja 192 vuelta y 193). El análisis de los elementos de convicción aportados en el expediente administrativo de mérito (fojas 194 y 195). Señaló que los recurrentes no han sido emplazados a los procedimientos disciplinarios instaurados en su contra, por lo que el Consejo no ha hecho efectiva la determinación de suspender a los recurrentes de sus labores; por lo cual no puede atribuirse al Consejo de Honor y Justicia declaración alguna de la conclusión del servicio policial de los recurrentes, a los cargos que venían desempeñando (foja 194 vuelta). Indicó que correspondió a la autoridad responsable demostrar la suspensión del trabajo de los recurrentes, sin percepciones salariales; igualmente puntualizó: "se presume fundamentalmente la existencia del acto reclamado" (foja 194 vuelta y 195). Concluyó que los testigos fueron concluyentes en manifestar que la Directora de Seguridad Pública y el Director Jurídico ambos integrantes del Ayuntamiento por instrucciones del Presidente Municipal, notificaron de manera verbal que habían sido despedidos los recurrentes, por tanto, quedó demostrado que fueron cesados en la forma como lo narraron en el escrito inicial (foja 195 vuelta). Calificó como fundado el concepto de violación consistente en que la autoridad responsable no es autoridad competente para destituir o separar de su cargo a los recurrentes, pues de conformidad con los artículos 164 y 165 de la Ley de Seguridad Pública, la entidad pública facultada para determinar la procedencia de la separación o remoción del servidor público recurrente es el denominado Consejo de Honor y Justicia Policial, a través de la instauración del procedimiento respectivo y no alguna o algunas de las entidades públicas señaladas como responsables del acto reclamado (fojas 195 vuelta y 196). Enseguida, determinó que el acto de autoridad no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 12, fracción I de la Ley Administrativa, por lo tanto aquel es afectado de nulidad absoluta (foja 196). De conformidad con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Administrativa, fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 56 y 95 de la Ley de Seguridad Pública, no procede la reinstalación o reincorporación del elemento del cuerpo de seguridad pública, y procederá el pago de la indemnización a razón de tres meses de sueldo base que percibían los recurrentes en el momento de la separación (fojas 196 vuelta y 198). En relación a las prestaciones el Tribunal de Justicia Administrativa absolvió a la parte demandada del pago de diferencia salarial y prima de antigüedad (fojas 198 y 205). Y condenó a las autoridades demandadas al pago de indemnización constitucional, de veinte días de salario integrado por cada año prestado, de la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, así como, el de trece días de salarios devengados y no pagados (fojas 199 vuelta, 201 a 205). Lo anterior conforme a la imagen de la tabla que enseguida se cita (foja 206): De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, seis de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación de la resolución de dos de marzo del año en curso, dictada en el expediente 884/2018, de su índice, la cual por acuerdo de veinticuatro de marzo anterior se tuvo por recibida y se proveyó al respecto. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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