Juan Pérez Pérez Santacruz

Expediente 1115/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1115/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Pérez Pérez Santacruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto. Lo anterior comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial, para los efectos legales procedentes.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el Acuerdo General 18/2011 (que modifica al diverso 10/2008) y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 1115/2017, en la que concedió a Juan Pérez Santacruz, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Reitere todo aquello que no fue materia de "concesión. 2. Determine y analice de forma congruente, "fundada y motivada el cúmulo probatorio obrante en "autos, tomando en cuenta tanto las pruebas ofrecidas "por el actor como por la demandada, hecho lo cual, con "plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho "corresponda". (fojas 81 vuelta y 82). Los aspectos que debía reiterar la responsable a que se refiere el punto 1 de los efectos del amparo, son los siguientes: a) La existencia de la relación laboral entre el actor y la demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. b) La absolución de Francisco Milcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el trabajador. c) La absolución de los terceros interesados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo para la Vivienda del Instituto en mención. d) El puesto desempeñado por el accionante, como encargado de despacho del centro de estudios, investigación y capacitación en derechos humanos de la enjuiciada. e) Las condenas por los conceptos de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios caídos. f) Las absoluciones por los siguientes rubros: jornada extraordinaria, veinte días de salario por cada año de servicio prestados, seguros de salud, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicios culturales y fondo de vivienda. Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1195/2018, de once del mismo mes y año, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 1115/2017, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 980/2011; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 168). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 204), siendo que a la primera de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 214), manifestando su inconformidad en contra de la resolución por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado (foja 177). El siete de junio subsecuente, pronunció uno nuevo en el que: 1. Reiteró aquello que no fue materia de la concesión, consistente en: a) La existencia de la relación laboral entre el actor y la demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. b) La absolución de Francisco Milcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el trabajador. c) La absolución de los terceros interesados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo para la Vivienda del Instituto antes mencionado. d) El puesto desempeñado por el accionante como encargado de despacho del centro de estudios, investigación y capacitación en derechos humanos de la enjuiciada. e) Las condenas por los conceptos de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados. f) Las absoluciones por concepto de: horas extras, veinte días de salario por cada año de servicio prestados, seguros de salud, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicios culturales y fondo de vivienda. 2. Al analizar la causa de rescisión de la relación de trabajo invocada por la demandada, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, de manera fundada y motivada, valoró las pruebas ofrecidas por el actor (confesional a cargo del apoderado de la demandada y del presidente de ésta, testimonial, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana); concluyendo que las mismas son insuficientes para desvirtuar el acta administrativa de veintinueve de septiembre de dos mil once, en la que se hizo constar la causa en que se sustentó la patronal para decretar la rescisión de dicho vínculo, consistente en la desobediencia en que incurrió el empleado al no haber realizado el informe que le solicitó el presidente de la enjuiciada, sobre la totalidad del acervo bibliográfico existente en el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 3. En virtud de lo anterior, la responsable concluyó que con los medios de convicción ofrecidos por la demandada, se demostró la causal de rescisión de la relación de trabajo invocada por la misma, y en consecuencia, la absolvió del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos. II. En otro orden de ideas, el actor Juan Pérez Santa Cruz, manifiesta su inconformidad en contra del laudo dictado en cumplimiento por la responsable, exponiendo que: a) La responsable no tomó en cuenta lo que se precisó en el considerando séptimo de la ejecutoria de amparo, en el que se expuso que el lugar de trabajo señalado en la demanda, es distinto de aquél en que la enjuiciada adujo ocurrieron los hechos que dieron origen a la rescisión del vínculo laboral. Al respecto, cabe señalar que si bien en el fallo constitucional, se formuló el pronunciamiento a que alude el impetrante; sin embargo, el mismo no constituyó uno de los efectos de amparo, sino que únicamente se realizó con la finalidad de poner de manifiesto la necesidad de que la responsable valorara las pruebas que aquél ofreció, para rebatir los hechos en que se sustentó la rescisión de la relación de trabajo, ya que el accionante adujo que prestó sus servicios en el domicilio de la parte demandada, el cual es diferente al en que ésta señaló que ocurrieron los hechos que motivaron la citada rescisión. Sobre el particular, es importante señalar que la junta, al emitir el laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, analizó las pruebas del actor (confesional a cargo del apoderado de la demandada y del presidente de ésta, testimonial, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana), determinando que las mismas son insuficientes para acreditar lo aducido por el accionante en el sentido de que la rescisión se llevó a cabo en un lugar distinto al domicilio del patrón (fojas 197 vuelta, 198 y 199). Siendo así, las citadas razones que expone el quejoso, no son suficientes para estimar que el fallo constitucional no fue acatado. b) La junta señaló que la accionante no compareció a la audiencia de nueve de febrero de dos mil quince, en que se desahogó de la prueba testimonial (ofrecida por la demandada, a cargo de Hussein Pineda Sánchez y Marlene Tlapale Tlapale, quienes fungieron como testigos del acta administrativa en que se hicieron constar los hechos que motivaron la rescisión del contrato de trabajo); sin embargo, de autos se advierte que sí intervino en el desahogo de dicha probanza, interrogó a los atestes y promovió incidente de tacha de testigos. III. Los argumentos de la parte inconforme son inatendibles, pues tienden a controvertir aspectos respecto de los cuales la junta conservó plenitud de jurisdicción. Se estima lo anterior, porque en la ejecutoria de amparo se determinó que la responsable analizara las pruebas ofrecidas tanto por el actor como por la demandada, y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. Por tanto, si en la especie la junta, después de analizar los medios de convicción del accionante, determinó que éstos eran insuficientes para desvirtuar los hechos en que se sustentó la rescisión del contrato laboral, y posteriormente, procedió a estudiar los ofrecidos por la patronal, entre ellos, la testimonial a que alude el quejoso, es inconcuso que al valorar ésta, la responsable contó con plenitud de jurisdicción y, por tanto, las manifestaciones que ahora realiza el quejoso deben ser analizadas en otra vía y no es ésta. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio con que da cuenta la secretaria, y en atención al mismo, comuníquese al homólogo tribunal el contenido de esta determinación.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el Acuerdo General 18/2011 (que modifica al diverso 10/2008) y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 1115/2017, en la que concedió a Juan Pérez Santacruz, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Reitere todo aquello que no fue materia de "concesión. 2. Determine y analice de forma congruente, "fundada y motivada el cúmulo probatorio obrante en "autos, tomando en cuenta tanto las pruebas ofrecidas "por el actor como por la demandada, hecho lo cual, con "plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho "corresponda". (fojas 81 vuelta y 82). Los aspectos que debía reiterar la responsable a que se refiere el punto 1 de los efectos del amparo, son los siguientes: a) La existencia de la relación laboral entre el actor y la demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. b) La absolución de Francisco Milcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el trabajador. c) La absolución de los terceros interesados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo para la Vivienda del Instituto en mención. d) El puesto desempeñado por el accionante, como encargado de despacho del centro de estudios, investigación y capacitación en derechos humanos de la enjuiciada. e) Las condenas por los conceptos de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios caídos. f) Las absoluciones por los siguientes rubros: jornada extraordinaria, veinte días de salario por cada año de servicio prestados, seguros de salud, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicios culturales y fondo de vivienda. Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1195/2018, de once del mismo mes y año, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 1115/2017, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 980/2011; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 168). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 204), siendo que a la primera de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 214), manifestando su inconformidad en contra de la resolución por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado (foja 177). El siete de junio subsecuente, pronunció uno nuevo en el que: 1. Reiteró aquello que no fue materia de la concesión, consistente en: a) La existencia de la relación laboral entre el actor y la demandada Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. b) La absolución de Francisco Milcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el trabajador. c) La absolución de los terceros interesados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo para la Vivienda del Instituto antes mencionado. d) El puesto desempeñado por el accionante como encargado de despacho del centro de estudios, investigación y capacitación en derechos humanos de la enjuiciada. e) Las condenas por los conceptos de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados. f) Las absoluciones por concepto de: horas extras, veinte días de salario por cada año de servicio prestados, seguros de salud, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como servicios culturales y fondo de vivienda. 2. Al analizar la causa de rescisión de la relación de trabajo invocada por la demandada, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, de manera fundada y motivada, valoró las pruebas ofrecidas por el actor (confesional a cargo del apoderado de la demandada y del presidente de ésta, testimonial, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana); concluyendo que las mismas son insuficientes para desvirtuar el acta administrativa de veintinueve de septiembre de dos mil once, en la que se hizo constar la causa en que se sustentó la patronal para decretar la rescisión de dicho vínculo, consistente en la desobediencia en que incurrió el empleado al no haber realizado el informe que le solicitó el presidente de la enjuiciada, sobre la totalidad del acervo bibliográfico existente en el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 3. En virtud de lo anterior, la responsable concluyó que con los medios de convicción ofrecidos por la demandada, se demostró la causal de rescisión de la relación de trabajo invocada por la misma, y en consecuencia, la absolvió del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos. II. En otro orden de ideas, el actor Juan Pérez Santa Cruz, manifiesta su inconformidad en contra del laudo dictado en cumplimiento por la responsable, exponiendo que: a) La responsable no tomó en cuenta lo que se precisó en el considerando séptimo de la ejecutoria de amparo, en el que se expuso que el lugar de trabajo señalado en la demanda, es distinto de aquél en que la enjuiciada adujo ocurrieron los hechos que dieron origen a la rescisión del vínculo laboral. Al respecto, cabe señalar que si bien en el fallo constitucional, se formuló el pronunciamiento a que alude el impetrante; sin embargo, el mismo no constituyó uno de los efectos de amparo, sino que únicamente se realizó con la finalidad de poner de manifiesto la necesidad de que la responsable valorara las pruebas que aquél ofreció, para rebatir los hechos en que se sustentó la rescisión de la relación de trabajo, ya que el accionante adujo que prestó sus servicios en el domicilio de la parte demandada, el cual es diferente al en que ésta señaló que ocurrieron los hechos que motivaron la citada rescisión. Sobre el particular, es importante señalar que la junta, al emitir el laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, analizó las pruebas del actor (confesional a cargo del apoderado de la demandada y del presidente de ésta, testimonial, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana), determinando que las mismas son insuficientes para acreditar lo aducido por el accionante en el sentido de que la rescisión se llevó a cabo en un lugar distinto al domicilio del patrón (fojas 197 vuelta, 198 y 199). Siendo así, las citadas razones que expone el quejoso, no son suficientes para estimar que el fallo constitucional no fue acatado. b) La junta señaló que la accionante no compareció a la audiencia de nueve de febrero de dos mil quince, en que se desahogó de la prueba testimonial (ofrecida por la demandada, a cargo de Hussein Pineda Sánchez y Marlene Tlapale Tlapale, quienes fungieron como testigos del acta administrativa en que se hicieron constar los hechos que motivaron la rescisión del contrato de trabajo); sin embargo, de autos se advierte que sí intervino en el desahogo de dicha probanza, interrogó a los atestes y promovió incidente de tacha de testigos. III. Los argumentos de la parte inconforme son inatendibles, pues tienden a controvertir aspectos respecto de los cuales la junta conservó plenitud de jurisdicción. Se estima lo anterior, porque en la ejecutoria de amparo se determinó que la responsable analizara las pruebas ofrecidas tanto por el actor como por la demandada, y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. Por tanto, si en la especie la junta, después de analizar los medios de convicción del accionante, determinó que éstos eran insuficientes para desvirtuar los hechos en que se sustentó la rescisión del contrato laboral, y posteriormente, procedió a estudiar los ofrecidos por la patronal, entre ellos, la testimonial a que alude el quejoso, es inconcuso que al valorar ésta, la responsable contó con plenitud de jurisdicción y, por tanto, las manifestaciones que ahora realiza el quejoso deben ser analizadas en otra vía y no es ésta. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio con que da cuenta la secretaria, y en atención al mismo, comuníquese al homólogo tribunal el contenido de esta determinación.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio 1089, de treinta de agosto del año en curso, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, hágase de su conocimiento que aún se encuentra pendiente de resolver lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que una vez que se dicte la resolución correspondiente se informará al tribunal en cita; asimismo, como se solicita, remítase copia certificada de las actuaciones que acrediten lo antes precisado.

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