Juan Roberto Andrade

Expediente 176/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Diligenciario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala
  • Juan Roberto Andrade
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala.
  • Salustia Ortega Garrido y/o Salustia Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, doce de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 176), sin que lo hubieren hecho (fojas 183). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Juan Roberto Andrade la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 128 y vuelta): "En razón de lo anterior debe concederse la protección federal solicitada para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva donde proceda en los siguientes términos: 1) Prescinda de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho, como consecuencia de la falta de consentimiento originada por el error en la naturaleza del contrato. 2) Con libertad de jurisdicción, resuelva la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos, entre ellas la pericial. (.)" Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 136 vuelta). El doce de diciembre de dos mil diecinueve dictó una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho celebrado entre Ángela Sánchez Bedolla y Antonio Díaz Cañedo respecto de las parcelas 5 Z-1 P-1/1 y 14 Z-1 P-1/1, ubicadas en el ejido de "Santiago Tlalpan", Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, pues determinó que tal acción de nulidad resulta improcedente (163 y vuelta). II. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector se pronunció respecto de la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar, y al respecto determinó que del resultado que arrojan las documentales y pericial, la actora no probó haber quedado demostrado que sí firmó dicho contrato el catorce de abril de dos mil ocho, por lo cual la acción resultó improcedente (fojas 163 vuelta a 173). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 176), sin que lo hubieren hecho (fojas 183). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Juan Roberto Andrade la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 128 y vuelta): "En razón de lo anterior debe concederse la protección federal solicitada para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva donde proceda en los siguientes términos: 1) Prescinda de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho, como consecuencia de la falta de consentimiento originada por el error en la naturaleza del contrato. 2) Con libertad de jurisdicción, resuelva la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos, entre ellas la pericial. (.)" Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 136 vuelta). El doce de diciembre de dos mil diecinueve dictó una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho celebrado entre Ángela Sánchez Bedolla y Antonio Díaz Cañedo respecto de las parcelas 5 Z-1 P-1/1 y 14 Z-1 P-1/1, ubicadas en el ejido de "Santiago Tlalpan", Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, pues determinó que tal acción de nulidad resulta improcedente (163 y vuelta). II. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector se pronunció respecto de la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar, y al respecto determinó que del resultado que arrojan las documentales y pericial, la actora no probó haber quedado demostrado que sí firmó dicho contrato el catorce de abril de dos mil ocho, por lo cual la acción resultó improcedente (fojas 163 vuelta a 173). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 176), sin que lo hubieren hecho (fojas 183). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Juan Roberto Andrade la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 128 y vuelta): "En razón de lo anterior debe concederse la protección federal solicitada para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva donde proceda en los siguientes términos: 1) Prescinda de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho, como consecuencia de la falta de consentimiento originada por el error en la naturaleza del contrato. 2) Con libertad de jurisdicción, resuelva la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar; lo anterior, con base en las pruebas desahogadas en autos, entre ellas la pericial. (.)" Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 136 vuelta). El doce de diciembre de dos mil diecinueve dictó una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: I. Prescindió de considerar que la actora demostró la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de abril de dos mil ocho celebrado entre Ángela Sánchez Bedolla y Antonio Díaz Cañedo respecto de las parcelas 5 Z-1 P-1/1 y 14 Z-1 P-1/1, ubicadas en el ejido de "Santiago Tlalpan", Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, pues determinó que tal acción de nulidad resulta improcedente (163 y vuelta). II. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector se pronunció respecto de la acción de nulidad del segundo contrato de cesión de derechos parcelarios, mediante el que Antonio Díaz Cañedo corrigió su apellido en el Registro Agrario Nacional, y respecto del cual la actora afirma que nunca puso su huella dactilar, y al respecto determinó que del resultado que arrojan las documentales y pericial, la actora no probó haber quedado demostrado que sí firmó dicho contrato el catorce de abril de dos mil ocho, por lo cual la acción resultó improcedente (fojas 163 vuelta a 173). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

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