Juan Pedro Muñoz Rodriguez
Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Pedro Muñoz Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós . Agréguese sin mayor proveído el oficio 145, signado por la Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, ya que el dos de los corrientes se tuvo por recibido y se acordó lo conducente a su contenido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós . Agréguese a los autos el oficio 145, remitido por la Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, mediante el cual acusa recibo del diverso 98/202-10, de doce de abril de dos mil veintidós, al cual se adjuntó un anexo, consistente en copias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal 26/2011 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós . FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE ANEXO. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, consistente en copias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal 26/2011 de su índice (Anexo I), de su estadística, se ordena devolver dicho legajo a la autoridad citada y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 61/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el veinte siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula (fojas 2 a 12),********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra diversas autoridades residentes en el Estado de Puebla, de quienes reclamó la posible orden de aprehensión y detención emitidas en su contra (fojas 3 y 4) El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). SEGUNDO. Trámite del Juicio. En acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós (fojas 13 a 21), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 61/2022 y se admitió a trámite con incidente de suspensión, respecto de los restantes actos reclamados, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 45). TERCERO. Cita para audiencia. En acuerdo de primero de marzo de dos mil veintidós (foja 123), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso,******************** reclamó del Juez administrador de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla y otras autoridades: Las órdenes aprehensión y detención libradas en su contra; y su ejecución. TERCERO. Existencia e Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. INEXISTENCIA. Ahora, respecto de los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- las autoridades responsables siguientes, rindieron sus informes como sigue: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. Foja 1 ********************, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado. Niega 67 2 Juez Administrador de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 67 3 Juez de Distrito Administrador Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Niega 26 4 ********************, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla Niega. 49 5 ********************; Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega. 26 6 ********************, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla Niega. 47 7 ********************; Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega. 50 8 ********************; Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega. 52 9 ********************, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla Niega. 70 11 Director General de la Policía Federal Preventiva. Niega. 63 12 Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en Tecali de Herrera, Puebla. Niega. 109 13 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado, en Tecali de Herrera, Puebla. Niega. 118 14 Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla. Niega. 28 15 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. 62 16 Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla Niega. 56 17 Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla Niega. 57 18 Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega. 27 Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. EXISTENCIA. En cuanto a las autoridades denominadas 10. Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecali de Herrera (********************) y 19. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tecali de Herrera, Puebla, al rendir sus informes justificados, convinieron en la existencia de una orden de captura emitida el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en contra del hoy quejoso (fojas 95 a 96 y 68), en autos del proceso penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de ********************. Certeza que se corrobora con las copias del citado proceso penal, que remitió en apoyo a su informe la juez responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. Al respecto se cita la jurisprudencia número 226 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que este juzgador pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de oficio se aprecia que en relación con el acto reclamado a las autoridades denominadas 10. Juez Mixto del Distrito Judicial de Tecali de Herrera (********************) y 19. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tecali de Herrera, Puebla, es decir, la orden de aprehensión emitida el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en contra del hoy quejoso, en autos del proceso penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de ********************, y su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Ahora, la citada fracción XI, del artículo 61 de la ley de la Materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)" Del contenido de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con el texto de la fracción X, del mismo precepto legal, se arriba a la conclusión de que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando en éste se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Como se ve, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, salvaguarda la figura jurídica de cosa juzgada, en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (i) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (ii) garantiza el respeto de la cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. Así, conforme al precepto señalado, el principio de cosa juzgada actualiza una causal de improcedencia cuando en el juicio de amparo que ya está resuelto se haya efectuado un pronunciamiento respecto al fondo de la litis constitucional, o bien, se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo (a manera de ejemplo cuando se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, han cesado sus efectos o ha sido consentido). Lo anterior, es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que********************, promovió el diverso juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en contra de la orden de aprehensión emitida en su contra el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, en autos del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal de Tecali de Herrera, Puebla, así como su ejecución. Controvertido constitucional donde el cinco de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se negó el amparo al quejoso de referencia (Fojas 24 a 29 del anexo I). Inconforme, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien mediante resolución de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca ********************, confirmó la sentencia alzada (Foja 440 el anexo I). Por tanto, se colige que si en el presente asunto el referido quejoso reclama la misma orden de aprehensión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en autos del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal de Tecali de Herrera, Puebla, así como su ejecución, entonces se actualiza la causal de improcedencia de cosa juzgada, por existir identidad de quejoso, autoridad responsable ordenadora y acto reclamado, de ahí que, como se adelantó, opera la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de acuerdo con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al 19. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tecali de Herrera, Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por********************, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por********************, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, apartado I y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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