Juan Rafael Hernandez Hernandez

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Juan Rafael Hernandez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente Juicio de Amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el Juicio de Amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que por una parte se concedió provisionalmente y por otra se negó en definitiva la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Rafael Hernández Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla y 3. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en términos de los considerandos tercero, apartado I y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el referido artículo 117, quinto párrafo del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable oficiante la documental que anexa a su informe, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional manifestando que le fue imposible notificar a la parte quejosa el auto de siete de abril de dos mil diecisiete, pues manifiesta que una vez constituido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, centro penitenciario donde se encontraba recluido el quejoso, le fue informado que el quejoso salió en libertad el diez de abril de dos mil diecisiete. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo abrogada, notifíquesele la referida determinación por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. El auto de siete de abril de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil diecisiete. Visto, en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo abrogada, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 425/2017-A promovido por Juan Rafael Hernández Hernández, contra actos de las autoridades denominadas 1. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla y 3. Director General del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, pues las autoridades que fueron señaladas como ordenadoras aún conocen del sistema penal tradicional. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 1a./J. 32/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo en abrogada, se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente, la cual se fija en esa fecha tomando en consideración que, mediante circular 10/2017 el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el quince de marzo del actual, se declararon como días no laborables el doce, trece y catorce de abril del año en curso, con motivo de la "Semana Santa"; por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo no correrán términos judiciales. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables el acto siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La retención ilegal en el Centro de Reinserción Social toda vez que ha sido compurgada mi sentencia." También, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento -si fuere el caso-, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio que contiene la tesis I.7o.P.52 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto se cita a continuación: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Tratándose de auto de formal prisión puede suceder que el quejoso se encuentre detenido como consecuencia del mismo; por lo tanto, la suspensión debe concederse para el efecto de que quede a disposición del juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad responsable que deba juzgarlo, pudiendo conceder la libertad caucional dentro del incidente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, con las disposiciones de las leyes federales o locales aplicables, dictando las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, debiendo observar en todo caso lo dispuesto por el artículo 20 fracción I de la Constitución. O bien puede suceder que el quejoso se encuentre en libertad, supuesto en el cual debe concederse la suspensión solicitada para el efecto antes precisado y a fin de que no se ejecute dicho auto, esto es, para que el agraviado no sea privado de su libertad personal, debiendo el juez federal dictar las medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso y que permitan devolverlo a la autoridad responsable en caso de que no le sea concedido el amparo solicitado, sin que en este supuesto tenga que sujetar su determinación a lo que establezcan las leyes federales o locales aplicables, ni en los límites fijados por el artículo 20 fracción I constitucional, en razón de que el juez de Distrito no le concede al quejoso la libertad caucional, sino que como mero efecto de la medida suspensional continúa disfrutando de su libertad." No se fija garantía para la concesión de la suspensión provisional en razón de que el inconforme se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Ahora bien, respecto a los efectos que solicita el quejoso le sea concedida la medida cautelar solicitada, es decir, que se decrete su inmediata libertad y se fijen los montos a efecto de garantizar la misma, se niega la suspensión provisional solicitada, por los motivos que enseguida se explican: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que la solicite el quejoso, 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta y a la persona que menciona como autorizado en los términos restringidos del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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