Juan Pedro Contreras Saucedo
Expediente 192/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Pedro Contreras Saucedo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Juan Pedro Contreras Saucedo, mediante el cual autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Nayeli Peña Vivanco y Edgar Iván Salazar Rendón, atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado(s), así mismo, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de cuenta. Finalmente, respecto a su solicitud de que se conceda las notificaciones electrónicas a los correos que menciona, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues en atención a lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, es indispensable que las partes señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal, lo que en el caso no aconteció.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio III-938/2021, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado Presidente de dicho órgano Colegiado, dentro del juicio de amparo directo D-33/2021, de su índice, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido es susceptible de destrucción transcurridos seis meses contados a partir del presente auto, de con el artículo 20, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso Juan Pedro Contreras Saucedo, a través del cual, precisa el acto que combate en la presente instancia constitucional; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto de ordenamiento que se pretende combatir en la presente instancia es la sentencia definitiva dictada en la causa penal 173/2015, por el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado la sentencia definitiva dictada en la causa penal 173/2015, por el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que, como ya se dijo, en el presente caso. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 192/20201 al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; POR LISTA A SU AUTORIZADO PROCESAL; Y, POR OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Rafael Torres Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE MARZO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y autoridad tercera interesada mediante proveído de veintisiete de enero de la presente anualidad, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable 20. Antelma Ramírez Pedraza, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, a la sentencia de amparo; sin que hubieren realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección a Franklin Campos Córdova, para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realicen lo siguiente: I. La autoridad responsable 20. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, deberá: a) Dejar sin efectos el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/0000746/ 2017 por el que ordenó el aseguramiento de las cuentas de Franklin Campos Córdova, a saber: 7866074956, 550200919015 (de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex); 2910038407, 9634454758, 9693667685 (de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer); 65504646254 (de Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander); 868726081, 870735648 (de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte); 5008256062 y 5474848000728730 (de Santander Consumo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México). b) Notificar dicha determinación al quejoso Franklin Campos Córdova, y a la autoridad ejecutora 19. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; y, c) Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias respectivas que así lo acrediten. En el entendido que de estimar procedente emitir una nueva orden de aseguramiento de activos financieros, deberá someter lo peticionado a control judicial, en términos de los argumentos expuestos en el considerando séptimo." Inconforme con tal resolución, 20. Antelma Ramírez Pedraza, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, interpuso recurso de revisión. El citado recurso, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de amparo en revisión 46/2020 de su estadística; y, en ejecutoria de seis de noviembre de dos mil veinte, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la justicia de la Unión Ampara y protege a Franklin Campos Córdova, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero y en términos del considerando último de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo, tanto a la responsable de mérito, como a su superior jerárquico. Es pertinente precisar que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, al veintiocho de febrero del mismo año. No obstante, mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Atento a lo anterior, como en el presente asunto no se colmaron los requisitos para ser continuado bajo la modalidad en línea ni se trata de un asunto de carácter urgente, los plazos y términos procesales se mantuvieron suspendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; y, en acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento y se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a la autoridad responsable 20. Antelma Ramírez Pedraza, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, mediante diversas circulares SECNO/08/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó el regreso al esquema de contingencia establecido por el referido acuerdo general 13/2020, por lo que nuevamente se suspendieron los plazos y términos procesales del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno. Una vez fenecido el periodo de suspensión aludido, en cumplimiento a la Circular SECNO/10/2021 signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciocho de febrero del presente año, se reanudaron los plazos y términos procesales. Precisado o anterior, es de señalarse que mediante oficios UEIORPIFAM/CGII/1394/2020 y UEIORPIFAM/CGII/1395/2020, suscritos por Anselmo Mauro Jiménez Cruz, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, en su carácter de superior jerárquico, ordenó a su subalterna, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, dar cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio UEIORPIFAM/CGII/044/2021 firmado electrónicamente por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMPUE/0000746/2017, por la autoridad responsable Antelma Rivera Pedraza, Titular de la Agencia Quinta Investigadora del Equipo de Investigación y Litigación "3" de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; así como su notificación a la autoridad responsable ejecutora Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, de la lectura de dicha determinación ministerial, se apreció que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este sumario constitucional, dicha autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de aseguramiento reclamado, es decir, el aseguramiento de cuentas dictado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la citada carpeta de investigación, únicamente, por cuanto hace a las cuentas del quejoso Franklin Campos Córdova. No obstante, la potestad ministerial citada, fue omisa en remitir a este órgano jurisdiccional, la constancia de notificación practicada al quejoso Franklin Campos Córdova, de la multicitada resolución, lo que también formó parte de los efectos del fallo protector, pronunciado en este juicio de garantías, por lo que en auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable 20. Antelma Ramírez Pedraza Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, para que hiciera llegar a este juzgado las constancias conducentes. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio UEIORPIFAM/CGII/0067/2021 firmado electrónicamente, por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada -vía correo electrónico- al quejoso Franklin Campos Córdova, de la resolución de diecisiete de diciembre de la anualidad pasada, dictada en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/0000746/ 2017. A los referidas documentales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 20. Antelma Ramírez Pedraza Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, realizó lo siguiente: 1. En relación con el inciso a) de los efectos de la protección constitucional, precisados en la sentencia de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/0000746/ 2017 (acto reclamado), únicamente respecto de las cuentas que pertenecen a Franklin Campos Córdova, a saber: CUENTA/CONTRATO INSTITUCIÓN FINANCIERA RELACIÓN 7866074956 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX. TITULAR 550200919015 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX. ADICIONAL 2910038407 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. TITULAR 9634454758 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. TITULAR 9693667685 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. TITULAR 65504646254 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. TITULAR 868726081 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. TITULAR 870735648 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. TITULAR 5008256062 SANTANDER CONSUMO S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. TITULAR 5474848000728730 SANTANDER CONSUMO S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. TITULAR 2. Notificó la resolución descrita a: a) El dieciocho de enero de dos mil veintiuno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios UEIORPIFAM/075/2021, UEIORPIFAM/076/2021, UEIORPIFAM/077/2021, UEIORPIFAM/078/2021 y UEIORPIFAM/079/2021, dirigidos a Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales fueron transmitidos mediante el Portal del Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA), con número de folio terminaciones 2021/000017, 2021/000018, 2021/000020, 2021/000025 y 2021/000028, respectivamente. b) El veinticinco de enero de dos mil veintiuno al quejoso Franklin Campos Córdova, mediante correo electrónico. Con lo que cumplió con los efectos de amparo, precisados en el inciso b), ya reproducidos. 3. Remitió las constancias conducentes con las que acreditó todo lo anterior, con lo que colmó el inciso c) de los efectos de la protección constitucional, antes precisados. En esa tesitura, resulta evidente que la autoridad responsable 20. Antelma Ramírez Pedraza, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, observó cabalmente los efectos de la protección constitucional, sin excesos ni defectos. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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