Juan Parody Nativitas

Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
794/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Parody Nativitas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, y al fiscal Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 27 DE septiembre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable -en apoyo a su informe de ley-, esta autoridad Federal, de oficio, advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Para sustentar la anterior conclusión, en principio es necesario precisar los siguientes antecedentes que derivan de este sumario constitucional: 1. Por escrito presentado -mediante buzón judicial- el trece de agosto de dos mil veintiuno, remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", Juan Parody Nativitas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: III) AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- Señalo como autoridad ordenadora y ejecutora a la Juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en la ciudad de Teziutlán, Puebla, con domicilio oficial bien conocido en calle la Mesilla número 10 diez, colonia Industrial, Teziutlán, Puebla. IV) ACTOS RECLAMADOS: A).- La omisión de llamarme en mi calidad de parte agraviada, y/o, ofendida al procedimiento penal, número 109/2020/TEZIU, que se radicó con motivo de la solicitud de judicialización o acción penal ejercitada por la Fiscalía Investigadora adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. B).- La omisión de celebrar la audiencia prevista por el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del procedimiento penal número 109/2020/TEZIU, con motivo de la solicitud de judicialización o acción ejercitada por la Fiscalía Investigadora adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. C).- La falta de notificación del acuerdo, y/o, resolución de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal, y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. D).- El acuerdo, y/o, resolución de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal, y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. E).- El acuerdo de fecha 10 diez de agosto del año en curso, que desecha de plano el RECURSO DE REVOCACIÓN, que se presentó en contra del auto de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla.". 2. En proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional registró la demanda bajo el número de expediente 794/2021; y, previno a la parte quejosa en los términos que del propio acuerdo se desprenden. 3. Mediante escrito aclaratorio presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa desahogó el requerimiento preventivo; por lo que, en auto de veintitrés siguiente, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto a los actos señalados con los incisos A), B), C) y D) -anteriormente transcritos-, por los motivos y fundamentos expuestos; y, por otra, se admitió únicamente por cuanto hace al acto señalado en el inciso E). 4. En auto de veintiuno de septiembre del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), al que adjuntó copia certificada de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, de su índice. Sentado lo anterior, es menester precisar que del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Juan Parody Nativitas, reclama de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), el acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el peticionario de amparo -en su carácter de víctima de hechos con apariencia ilícita dentro de la causa natural- contra el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad. En ese sentido, la autoridad responsable -al rendir su informe justificado- convino en la existencia de la determinación reclamada; lo que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe (copia certificada de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, de su índice), las cuales a la luz de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, de las que se aprecia que el diez de agosto de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo combatido. Ahora bien, no obstante la existencia del acto reclamado, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que en la especie, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Esta causa de inviabilidad se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva a que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso; y, tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe con la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es, en la citada causal de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, ya sea: i) porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; ii) porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, iii) por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En efecto, el quejoso reclama en la presente contienda constitucional el acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, mediante el cual, la jueza de control responsable desechó de plano el recurso de revocación que interpuso -en su carácter de víctima del delito- contra el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad. Ahora bien, en el mencionado acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, la jueza de control responsable tuvo por recibida la solicitud formulada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Primer Turno Teziutlán, Puebla -en relación con la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/00051272021-, para que citara a audiencia de formulación de imputación a Luis Arturo Oliver Mercado, María Cristina Martínez Viveros, Rafael Ortiz Pérez Gil, Lilia Salazar Hernández, José Aburto Hernández, María del Rocío Salazar Locela, Juan Pablo Núñez de la Sierra y María Martha Máximo, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de despojo previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Juan Parody Nativitas -aquí quejoso-. Al respecto, previo a acordar la solicitud mencionada, la jueza de la causa requirió al fiscal para que le informara si fueron debidamente realizadas -con las formalidades correspondientes- las invitaciones hechas a las partes intervinientes, para agotar el conflicto a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, atendiendo al principio de justicia restaurativa. En ese sentido, como ya se dijo, el peticionario de amparo interpuso recurso de revocación contra dicho acuerdo -el cual fue desechado y constituye el acto reclamado en esta vía-, con la finalidad que esa decisión fuera revocada por la propia juzgadora natural, pues refiere que esa determinación viola sus derechos fundamentales como víctima del delito, principalmente por dos motivos: i) por haber omitido llamarlo al procedimiento como parte agraviada; y, ii) por no haber citado a comparecer a los imputados a la audiencia inicial. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable -ya valoradas con anterioridad-, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 88 y 89), ante una nueva solicitud de la fiscalía, la jueza de control señaló las doce horas del cuatro de octubre próximo, para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación en contra de Luis Arturo Oliver Mercado, María Cristina Martínez Viveros, Rafael Ortiz Pérez Gil, Lilia Salazar Hernández, José Aburto Hernández, María del Rocío Salazar Locela, Juan Pablo Núñez de la Sierra y María Martha Máximo, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de despojo, cometido en agravio de Juan Parody Nativitas; por lo que ordenó citar a los imputados para que comparecieran en esa fecha debidamente asistidos de un abogado, apercibidos que de no hacerlo, quedarán expeditos los derechos del agente del Ministerio Público para solicitar su comparecencia con uso de la fuerza pública, e incluso su aprehensión. Además, en el mismo acuerdo, ordenó hacer del conocimiento de la víctima -aquí quejoso-, su derecho para asistir a la audiencia inicial. Por tanto, aun cuando el acto reclamado subsiste, es evidente que ya no incide en la esfera jurídica del quejoso, pues al haberse señalado fecha para la celebración de la audiencia inicial, ordenado citar a los imputados y darle intervención a la víctima a la causa de origen, se logró la finalidad que tenía la interposición del recurso de revocación que pretendía el hoy quejoso y cuyo desechamiento constituye el acto reclamado en esta vía. Por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, pues el mayor alcance que se podría dar, sería ordenar la admisión del recurso de revocación que fue desechado; en cambio, con la determinación emitida por la jueza responsable -en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno- se alcanzó incluso el objeto que tendría el medio de impugnación [señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y darle intervención al quejoso como víctima del delito]. En efecto, con el dictado del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se modificó la situación jurídica que motivó el reclamo del quejoso, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica susceptible de reparación, dado que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable -en apoyo a su informe de ley-, esta autoridad Federal, de oficio, advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Para sustentar la anterior conclusión, en principio es necesario precisar los siguientes antecedentes que derivan de este sumario constitucional: 1. Por escrito presentado -mediante buzón judicial- el trece de agosto de dos mil veintiuno, remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", Juan Parody Nativitas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: III) AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- Señalo como autoridad ordenadora y ejecutora a la Juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en la ciudad de Teziutlán, Puebla, con domicilio oficial bien conocido en calle la Mesilla número 10 diez, colonia Industrial, Teziutlán, Puebla. IV) ACTOS RECLAMADOS: A).- La omisión de llamarme en mi calidad de parte agraviada, y/o, ofendida al procedimiento penal, número 109/2020/TEZIU, que se radicó con motivo de la solicitud de judicialización o acción penal ejercitada por la Fiscalía Investigadora adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. B).- La omisión de celebrar la audiencia prevista por el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del procedimiento penal número 109/2020/TEZIU, con motivo de la solicitud de judicialización o acción ejercitada por la Fiscalía Investigadora adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. C).- La falta de notificación del acuerdo, y/o, resolución de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal, y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. D).- El acuerdo, y/o, resolución de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal, y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla, en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN identificada con las siguientes siglas: FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/000512/2021/1. E).- El acuerdo de fecha 10 diez de agosto del año en curso, que desecha de plano el RECURSO DE REVOCACIÓN, que se presentó en contra del auto de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara con motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla.". 2. En proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional registró la demanda bajo el número de expediente 794/2021; y, previno a la parte quejosa en los términos que del propio acuerdo se desprenden. 3. Mediante escrito aclaratorio presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa desahogó el requerimiento preventivo; por lo que, en auto de veintitrés siguiente, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto a los actos señalados con los incisos A), B), C) y D) -anteriormente transcritos-, por los motivos y fundamentos expuestos; y, por otra, se admitió únicamente por cuanto hace al acto señalado en el inciso E). 4. En auto de veintiuno de septiembre del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), al que adjuntó copia certificada de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, de su índice. Sentado lo anterior, es menester precisar que del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Juan Parody Nativitas, reclama de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), el acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el peticionario de amparo -en su carácter de víctima de hechos con apariencia ilícita dentro de la causa natural- contra el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad. En ese sentido, la autoridad responsable -al rendir su informe justificado- convino en la existencia de la determinación reclamada; lo que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe (copia certificada de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, de su índice), las cuales a la luz de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, de las que se aprecia que el diez de agosto de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo combatido. Ahora bien, no obstante la existencia del acto reclamado, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que en la especie, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Esta causa de inviabilidad se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva a que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso; y, tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe con la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es, en la citada causal de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, ya sea: i) porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; ii) porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, iii) por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En efecto, el quejoso reclama en la presente contienda constitucional el acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 109/2021/TEZIUTLÁN, mediante el cual, la jueza de control responsable desechó de plano el recurso de revocación que interpuso -en su carácter de víctima del delito- contra el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad. Ahora bien, en el mencionado acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, la jueza de control responsable tuvo por recibida la solicitud formulada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Primer Turno Teziutlán, Puebla -en relación con la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/00051272021-, para que citara a audiencia de formulación de imputación a Luis Arturo Oliver Mercado, María Cristina Martínez Viveros, Rafael Ortiz Pérez Gil, Lilia Salazar Hernández, José Aburto Hernández, María del Rocío Salazar Locela, Juan Pablo Núñez de la Sierra y María Martha Máximo, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de despojo previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 409, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Juan Parody Nativitas -aquí quejoso-. Al respecto, previo a acordar la solicitud mencionada, la jueza de la causa requirió al fiscal para que le informara si fueron debidamente realizadas -con las formalidades correspondientes- las invitaciones hechas a las partes intervinientes, para agotar el conflicto a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, atendiendo al principio de justicia restaurativa. En ese sentido, como ya se dijo, el peticionario de amparo interpuso recurso de revocación contra dicho acuerdo -el cual fue desechado y constituye el acto reclamado en esta vía-, con la finalidad que esa decisión fuera revocada por la propia juzgadora natural, pues refiere que esa determinación viola sus derechos fundamentales como víctima del delito, principalmente por dos motivos: i) por haber omitido llamarlo al procedimiento como parte agraviada; y, ii) por no haber citado a comparecer a los imputados a la audiencia inicial. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable -ya valoradas con anterioridad-, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 88 y 89), ante una nueva solicitud de la fiscalía, la jueza de control señaló las doce horas del cuatro de octubre próximo, para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación en contra de Luis Arturo Oliver Mercado, María Cristina Martínez Viveros, Rafael Ortiz Pérez Gil, Lilia Salazar Hernández, José Aburto Hernández, María del Rocío Salazar Locela, Juan Pablo Núñez de la Sierra y María Martha Máximo, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de despojo, cometido en agravio de Juan Parody Nativitas; por lo que ordenó citar a los imputados para que comparecieran en esa fecha debidamente asistidos de un abogado, apercibidos que de no hacerlo, quedarán expeditos los derechos del agente del Ministerio Público para solicitar su comparecencia con uso de la fuerza pública, e incluso su aprehensión. Además, en el mismo acuerdo, ordenó hacer del conocimiento de la víctima -aquí quejoso-, su derecho para asistir a la audiencia inicial. Por tanto, aun cuando el acto reclamado subsiste, es evidente que ya no incide en la esfera jurídica del quejoso, pues al haberse señalado fecha para la celebración de la audiencia inicial, ordenado citar a los imputados y darle intervención a la víctima a la causa de origen, se logró la finalidad que tenía la interposición del recurso de revocación que pretendía el hoy quejoso y cuyo desechamiento constituye el acto reclamado en esta vía. Por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, pues el mayor alcance que se podría dar, sería ordenar la admisión del recurso de revocación que fue desechado; en cambio, con la determinación emitida por la jueza responsable -en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno- se alcanzó incluso el objeto que tendría el medio de impugnación [señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y darle intervención al quejoso como víctima del delito]. En efecto, con el dictado del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se modificó la situación jurídica que motivó el reclamo del quejoso, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica susceptible de reparación, dado que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio signado por la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla: Rosario Ivonne Rivera Calzada, a través del cual -en cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre de dos mil veintiuno- informa el nombre y domicilio de los imputados en la causa penal 109/2019TEZIUTLÁN (origen de los actos reclamados), así como el nombre propio y denominación del fiscal que interviene en las actuaciones de aquél sumario. Sin embargo, no ha lugar a ordenar el emplazamiento de los primeros mencionados, derivado de la naturaleza del acto reclamado que se sigue en la presente instancia, pues el numeral 5, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo, señala que sólo le asiste el carácter de tercero interesado "al indiciado o procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público". Mientras que en esta instancia el quejoso Juan Parody Nativitas, reclama al juez responsable -sólo el acto por el que se admitió- lo siguiente: "[.] E).- El acuerdo de fecha 10 diez de agosto del año en curso, que desecha de plano el RECURSO DE REVOCACIÔN, que se presentó en contra del auto de fecha 19 diecinueve de julio del año 2021 dos mil veintiuno, que recayó al procedimiento penal, y/o, carpeta administrativa número 109/2020/TEZIU que se iniciara o radicara motivo de la solicitud de Judicialización, y/o, acción penal ejercitada por la Fiscalía adscrita al Primer Turno de la Ciudad de Teziutlán, Puebla." [.]" De ahí que no se cumpla la hipótesis prevista en el numeral invocado, para reconocer el carácter de tercero interesado a ninguno de los imputados en la causa penal de origen, además de que, dentro de ésta no han comparecido. Y, finalmente, no se realiza mayor pronunciamiento respecto a los datos del fiscal que interviene en los autos del sumario judicial de origen, porque el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente, y en la misma fecha se le emplazó con el carácter de autoridad tercera interesada. Notifíquese por lista a las partes.

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