Juan Pablo Victoria Ruíz y Otros.
Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2021
Partes del expediente
- Juan Pablo Victoria Ruíz y Otros.
- Juan Pablo Victoria Ruíz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS) Emmanuel
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Causa de sobreseimiento de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia advierte la actualización de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del expediente J/O/1328/2019, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, precisando que en el juicio laboral J/O/1328/2019, por auto de veintiocho de junio del año en curso, acordó respecto a fijar una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando las diez horas del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, ordenando al actuario notificar a las partes en el momento procesal oportuno. Circunstancias que se corroboran con las constancias certificadas anexas a su respectivo informe, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º; por tanto, es evidente que ante la anterior circunstancia procesal, en el presente juicio lo conducente es sobreseer dicho acto reclamado a la autoridad responsable, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.-"." II.-"." III.-"." IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y "." La hipótesis señalada se actualiza cuando de las propias constancias de autos, se desprende que el acto reclamado por el garante constitucional no existe; bajo esas circunstancias el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento en el juicio. Es aplicable la siguiente Jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo." (Época: Sexta época. Registro: 804176. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI. Página: 236). Máxime que de las constancias remitidas por la autoridad responsable antes mencionada se advierte que, tal como lo afirma en su informe, el veintiocho de junio del año en curso, señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución y ordenó al actuario de su adscripción notificar a las partes en el momento procesal oportuno; por tanto, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que a la fecha de la presentación de la misma, no existía el acto que reclama la parte quejosa. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja."(Época: Octava Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo 79. Tesis 2a./J. 3/94. Página: 15). Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que para esta fecha está prevista la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedidos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, toda vez que se notificó el treinta de agosto del año en curso, como se aprecia en el acuse de recibo que obra en autos. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve Juan Pablo Victoria Ruiz a través de su apoderado Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, personalidad que acredita con carta poder de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 683/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en privada de la cuarta sur poniente, número 536, planta alta, entre dieciocho y diecinueve poniente, colonia Penipak, de esta ciudad. Ténganse por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Buenrostro Silva, Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, Jonathan Gómez Arce e Ingrid Paulette Díaz Borraz, y en restringidos términos del citado numeral a Francisca Borraz González y Roger Gamboa Buenrostro, por así haber sido solicitado por el promovente. Se tiene a la parte quejosa señalando la vía electrónica para consultar el expediente, así como para oír y recibir notificaciones. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 21/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL), relativo a la consulta de expediente electrónico. Se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificación en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "miguel_fbr", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar los oficios de emplazamiento respectivos, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. La parte quejosa ofrece pruebas documentales en copia simple consistentes en diligencia de veintisiete de febrero y escrito de catorce de junio, ambos de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente laboral J/O/1328/2019. La Secretaría deberá hacer relación de la misma en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. En cuanto al tercero interesado se determina que no les recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrán en este juicio con tal calidad a los mencionados. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Adicionalmente, toda vez que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes.
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