Juan Pablo Sordo Sánchez

Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
736/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Sordo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de doce de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías.1.1 Acuerdo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.2. Archivo.

  2. Principal

    ...En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Presidente y Actuario adscrito a dicha Junta. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, emitido en el expediente laboral J/O/1848/2016, en el que se dictó el auto de mandamiento y la ejecución del mismo mediante diligencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que se realizó el embargo precautorio de todas las cuentas bancarias a nombre de Juan Pablo Sordo Sánchez. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo como enseguida se verá. Ahora bien, resulta importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 217/2017, sostuvo que conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como en el presente asunto acontece donde la parte quejosa reclama la orden y diligencias tendientes al embargo del numerario contenido en cuentas bancarias propiedad del quejoso Juan Pablo Sordo Sánchez. Por lo que, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aludida contradicción de tesis 217/2017, interpretó el aludido artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, como en el presente asunto acontece en los actos precisados que quedaron en los incisos iv. vi. vii. y viii., no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto. Ello, porque sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega al Tribunal Laboral responsable de las cantidades aseguradas y ordenas. Por lo tanto, será hasta cuando ocurra la notificación personal al patrón, hoy quejoso Juan Pablo Sordo Sánchez, de la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega al Tribunal Laboral responsable de las cantidades aseguradas y ordenas, para efecto de que el impetrante de amparo esté en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto; porque solo hasta ese momento procesal, podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acorde con la anterior base jurisprudencial es que se determina la aseveración que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, por lo que con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.-...En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Presidente y Actuario adscrito a dicha Junta. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, emitido en el expediente laboral J/O/1848/2016, en el que se dictó el auto de mandamiento y la ejecución del mismo mediante diligencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que se realizó el embargo precautorio de todas las cuentas bancarias a nombre de Juan Pablo Sordo Sánchez. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo como enseguida se verá. Ahora bien, resulta importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 217/2017, sostuvo que conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como en el presente asunto acontece donde la parte quejosa reclama la orden y diligencias tendientes al embargo del numerario contenido en cuentas bancarias propiedad del quejoso Juan Pablo Sordo Sánchez. Por lo que, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aludida contradicción de tesis 217/2017, interpretó el aludido artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, como en el presente asunto acontece en los actos precisados que quedaron en los incisos iv. vi. vii. y viii., no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto. Ello, porque sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega al Tribunal Laboral responsable de las cantidades aseguradas y ordenas. Por lo tanto, será hasta cuando ocurra la notificación personal al patrón, hoy quejoso Juan Pablo Sordo Sánchez, de la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega al Tribunal Laboral responsable de las cantidades aseguradas y ordenas, para efecto de que el impetrante de amparo esté en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto; porque solo hasta ese momento procesal, podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acorde con la anterior base jurisprudencial es que se determina la aseveración que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, por lo que con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...

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