Juan Pablo Chacón Adriano
Expediente 1296/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 36 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 26/03/2021
Partes del expediente
- Juan Pablo Chacón Adriano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita copias certificadas de la totalidad de las actuaciones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, así como los autos recaídos a las mismas. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la citada ley, remítanse las copias certificadas que solicita. Asimismo, se le informa a la autoridad oficiante que en proveído de veinticuatro de marzo del presente año, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, al efecto, remitiéndosele copia certificada de dicha actuación. Notifíquese. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Jorge Fernando García Barragán, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.Emmanuel
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa desahogo la vista dada mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "El oficio número SGG/SSAJ/759/2018 de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio respuesta al escrito de diez de enero del mencionado año, firmado por el impetrante del amparo.". Por sentencia emitida en este expediente el veintiocho de febrero del año en curso, se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa (fojas 94 a 98 de autos), para los efectos siguientes: "a) Deje sin efecto el oficio reclamado; acto se seguido, emita otro, en el que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que al no estar integrada en el Estado de Chiapas, la Comisión de Víctimas, la Secretaría de Gobierno de dicho Estado asume las obligaciones previstas para esa Comisión, hecho lo cual, se pronuncie nuevamente sobre las peticiones del quejoso, ordenando, en atención a la primera de ellas, ejecutar los trámites necesarios para inscribir al quejoso ante el Registro Nacional de Víctimas y, en cuanto a las demás, lo que en derecho proceda, a partir de los deberes legales adquiridos como sustituta de la Comisión de Víctimas.". Inconforme con dichas determinación la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y/o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, por conducto del Director de lo Contencioso y Controversias Municipales, interpuso recurso de revisión; medio de impugnación del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, formando el toca 117/2019, quien mediante ejecutoria de veintiséis de septiembre del citado año, declaró improcedente el recurso y dejó firme la sentencia recurrida (fojas 165 a 182 de autos). Atento a lo anterior, mediante oficios 56 de veintinueve de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecinueve; 1498 de siete y dieciocho de febrero de dos mil veinte; CEEAV/0447/2020 de uno de diciembre siguiente, así como, CEEAV/044/2021 de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable con sede en esta ciudad y la vinculada al cumplimiento, informaron en relación al acatamiento del fallo y remitieron copia certificada de las constancias emitidas para justificar el acatamiento de la sentencia (fojas 191 a 211, 218 a 226, 299 a 309, 314 a 318, 362 a 386 y 398 a 402 de autos). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. En efecto, respecto la autoridad responsable por oficio de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y recibido el treinta siguiente, comunicó que dejó sin efectos el diverso SGG/SSAJ/759/2018 de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y remitió copia del oficio SGG/DGAJG/986/2019 de veintiocho del mes y año antes citados, en el que dio respuesta a los puntos de la petición planteada por el quejoso, en los siguientes términos (fojas 206 y 207 de autos): "En lo que respecta al primer punto, comento a usted que mediante oficio No. SGG/DGAJG/0306/2019 de fecha 06 de mayo del presente año, le fue notificado el acuerdo No 04/19-1 de fecha 29 de abril del 2019, por el cual se realizó su registro correspondiente, reconociéndole la calidad de víctima, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 4, 99, 101 y 110 de la Ley General de Víctimas, 53, 57 de la Ley de Víctimas para el estado de Chiapas; de igual forma esta dirección a mi cargo solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención A víctimas (CEAV), a través del similar No SGG/DGAJ/853/2019 de fecha 26 de septiembre del presente año, su ingresó correspondiente, notificándole de esta última actuación mediante oficio No SGG/DGAJ/982/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, vía correo electrónico. Ahora bien tomando en consideración el segundo punto hago de su conocimiento que los trámites realizados son en consideración al artículo "Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Víctimas el cual aduce que " En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones, serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad" por lo que este Dirección General es competente para conocer del presente asunto en términos del Acuerdo Delegatorio de fecha 13 de marzo del 2019, suscrito por el titular de esta Secretaría.Secretario General de Gobierno, en función a ello nos encontramos gestionando la autorización de recursos económicos para formar el fondo presupuestal para dar cumplimiento a la instalación y operatividad de la Comisión como Organismo Público Descentralizado, el referido planteamiento fue hecho mediante oficio No SGG/OS/0174/2019 de fecha 11 de abril de 2019 al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado. En respuesta al tercer punto, cabe mencionar que esta dirección General erigida en Funciones de Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Estado de Chiapas, en términos del artículo "Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Víctimas" por el momento nos encontramos integrando el expediente que servirá de base para la determinación en torno al recurso de ayuda y en su caso a la reparación que requiera la víctima, en virtud de ello se ha dado inicio con la etapa de las evaluaciones, misma que mediante oficio No SGG/DGAJG/964/2019 de fecha 24 de octubre fue usted notificado vía correo electrónico.con la finalidad de que se presentara en día y hora señalado para la evaluación Psicológica, posteriormente se le hará llegar oficio indicándole fecha y hora para las siguientes evaluaciones (trabajo social, Dictamen médico).". Enseguida, la responsable en funciones de Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Estado de Chiapas, remitió copia del oficio SGG/DGAJG/0306/2019 de seis de mayo de dos mil diecinueve, en el que, se encontraba inserto el Acuerdo 04/19-I de cuatro de abril del citado año, mediante el cual, ordenó inscribir al peticionario de amparo en el registro estatal de víctimas con número de identificación REEVI/CHIS/0001/2019 (Foja 220 de autos). Asimismo, mediante auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad vinculada al cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México, quien mediante resolución de treinta de enero de dos mil veinte inscribió al quejoso en el Registro Nacional de Víctimas con el número RENAVI/43857/2020 (fojas 302 y 303 de autos). Luego, la responsable a partir de los deberes legales adquiridos como sustituta de la Comisión de Víctimas, proporcionó al impetrante el apoyo requerido, como lo es, atención médica, apoyo psicológico, trabajo social, así como, la integración de su expediente, para que en su momento procesal oportuno se determinara si requería o no de apoyo económico y reparación del daño. Aspectos, que una vez constituida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, fueron reiterados por su Directora General mediante oficios CEEAV/006/2020, CEEAV/00314/2020 y CEEAV/0447/2020 de diecisiete de febrero, treinta de septiembre y uno de diciembre de dos mil veinte (fojas 314 a 318, 347 a 354 y 362 a 386 de autos). Por lo tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las manifestaciones formuladas por el autorizado del impetrante de amparo en el sentido de que no se tenga por cumplida la sentencia de amparo porque la responsable menciona su imposibilidad para reparar el daño en forma subsidiaria dado que el expediente se encuentra en su etapa de integración. Lo que genera incertidumbre a su representado, pues no basta el hecho que haya acudido a otras autoridades para su intervención en la integración de su expediente, dado que, se desconoce que seguimiento le hayan dado dichas autoridades. Ahora, si bien, en este juicio no se reclamado la violación directa o material a los derechos humanos de su representado, sin embargo, conforme al artículo 19 de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas, la responsable es la encargada de garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violación a derechos humanos; por ende, es su obligación realizar las acciones tendentes a la integración del expediente para que su representado tenga acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación integral y de esta manera se determine el apoyo, ayuda o asistencia y reparación del daño. Las manifestaciones hecha valer resultan infundadas. Ello es así porque el autorizado de la parte quejosa parte de una premisa errónea al considerar que el efecto de la sentencia de amparo implicada un pago subsidiario y la reparación del daño en su calidad de víctima. Pues tal y como lo reconoce, el tema medular del juicio promovido deriva de un derecho de petición formulado por el quejoso, en calidad de víctima, ante una autoridad sustituta, quien debería asumir las funciones legales que le otorgaba la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas, como fue inscribirlo con ese carácter en el registro correspondiente, entre otras. Pero de dicha sentencia no se advierte que se ordenara o determinara pago alguno, sino solo que asumiera la responsable las obligaciones inherentes a la Ley emitida. Ahora, como quedo acreditado, la responsable, además, de inscribirlo a nivel estatal y nacional en el registro de víctimas, le ha proporcionado el apoyo médico, psicológico, de trabajo social que requiere, así como, ha velado porque su expediente se encuentra integrado y de este manera poder encontrarse en aptitud de emitir una resolución, en la que determine si tiene o no derecho al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación integral; por ende, dicha autoridad se ha encargado de garantizar los derechos del impetrante en su calidad de víctima, acorde con lo fallado en esta juicio; de ahí lo infundado de sus argumentaciones. Aunado a lo anterior, en su calidad reconocida de víctima se encuentra en aptitud de acudir ante la autoridad competente para ejercitar la acción correspondiente, a fin de que se le proporcione el apoyo, ayuda o asistencia y reparación del daño. Y para el caso, de no obtener resolución favorable podrá promover nuevamente esta vía constitucional para hacer valer dicho derecho. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental para su conservación. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Asimismo, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Jorge Fernando García Barragán, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, informes justificados, sentencia constitucional y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a dicha sentencia. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la citada ley, remítanse las copias certificadas que solicita
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Recepción. Agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Alejandro Coronel Gordillo, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, con el que se le informó el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo protector. Acuerdo. En atención a ello, téngase por hechas las manifestaciones que realiza, las cuales serán tomadas en cuenta en el proveído que determine si la sentencia dictada en este juicio se encuentra debidamente cumplida o no, en términos del párrafo segundo del numeral 196 de la Ley de Amparo.
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