Juan Pablo Rodas Villanueva
Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/07/2019
Partes del expediente
- Juan Pablo Rodas Villanueva
- Juan Pablo Rodas Villanueva y Otros.
- Dariana Cruz Domínguez o Dariana Domínguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º de la legislación en cita, agréguese a los autos únicamente para que conste el despacho formado con motivo al diverso 58/2019, orden 186/2019, derivado del presente juicio de garantías, sin que sea necesario proveer lo relativo, tomando en consideración que por auto del nueve del actual, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido.
- Principal
Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, por medio del cual acusa recibo del diverso 2794, del índice de este Juzgado, con el que se remitió el juicio de amparo 533/2019, promovido por ******************** comunicando que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Archivo expediente. Atento a lo anterior y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del presente cuadernillo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Destrucción expediente. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se remitió por incompetencia legal; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 16-A-2P01/2019-JA, que confirmó el auto de vinculación a proceso de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el cuaderno de exhorto 23/2019 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas (foja 2). Por otra parte, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le reclama, agregando que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado en el cuadernillo de exhorto 23/2019 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, formado con motivo a la recepción del diverso 8/2019, deducido de la causa penal 4/2019, del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, instruida contra ......., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado (foja 25). Análisis de incompetencia. Ahora bien, la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecte a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.] Por su parte, los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, indican: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. [.] Del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes descritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el presente caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, será el competente para conocer de la demanda de amparo, ante el que se presentó. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; sin que sea necesario que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Los numerales en comento, establecen las bases para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello, el lugar de ejecución del acto reclamado. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que en cumplimiento a la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en autos de la causa penal 4/2019, por el Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas (fojas 36 a 61 tomo I), agentes de la Policía Especializada residentes en Tonalá, Chiapas, pusieron a disposición del Juez de la causa a los aquí quejosos, recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, (foja 63 tomo I). Mediante proveído de diez de febrero del año en curso, el Juez de origen, como los inculpados quedaron recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ordenó enviar exhorto al Juez de Control en Turno de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en aquella ciudad, a efecto de que en auxilio de las labores de ese órgano jurisdiccional señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial única y exclusivamente por lo que hace a los aquí quejosos (foja 79 a 83 tomo I). El Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en cumplimiento a la comunicación oficial que registró con el número 23/2019 de su índice, por resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación a proceso ...., como probables responsables de la comisión del delito de homicidio calificado (foja 162 a 166 tomo I). La que fue confirmada por resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 16-A-2P01/2019-JA, misma que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado establecido que cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior permite establecer que en el caso concreto, de conformidad con los numerales citados en párrafos precedentes, así como con por las consideraciones vertidas, el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, es el competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radica la autoridad rectora del proceso (Tonalá, Chiapas). Lo anterior, no obstante que se haya señalado como autoridad responsable a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que diera competencia y conociera este juzgado de la presente demanda de garantías. Es aplicable al caso, la Tesis de jurisprudencia 118/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 160608, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en Turno con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar donde radica el juez rector de la causa penal de origen. Consecuentemente, sin resolver de fondo sobre su situación jurídica actual, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, y sus anexos al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y demás constancias relativas, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Audiencia constitucional. Por los motivos antes expuestos, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, para las nueve horas con catorce minutos del doce de julio de dos mil diecinueve.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de junio de dos mil Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por medio del cual en atención al diverso 2611 de catorce del mes y año en curso, informa el estado procesal en que se encuentra la el exhorto 58/2019, orden 186/Acuerdo. Atento a lo anterior, se toma nota de lo informado, para los efectos legales conducentes.
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