Juan Octavio Mejia Negrete
Expediente 414/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Octavio Mejia Negrete
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Gustavo del Río Reséndiz, Rosa Lilia Garibay Chávez y Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, en cuanto apoderados jurídicos de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 414-2021. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Proveído de veintinueve de abril del año en curso, el cual trata sobre que la autoridad responsable jurisdiccional modificó la litis del procedimiento al tener a la parte actora aclarando el escrito inicial de demanda, para tener a un demandado más y llamarlo a juicio. El auto de cinco de mayo del año en curso, la autoridad responsable jurisdiccional determinó negar la admisión del recurso de revocación contra el auto de veintinueve de abril del año en curso, en virtud de que se considera parte integral del auto admisorio, con fundamento en el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; El artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la determinación de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en que con fundamento en dicho dispositivo se determinó negar la admisión del recurso de revocación contra el diverso auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. El artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, con motivo de su entrada en vigor. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, en primer término respecto del reclamo del artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de oficio se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XIV, en relación con el 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el plazo para reclamar una norma de manera autoaplicativa, es decir que por su sola entrada en vigor afecte o lesione derechos a los gobernados es de treinta días, tal como se advierte del artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se encuentre en la hipótesis de ese plazo. Resulta aplicable a lo anterior, las jurisprudencias 2a.-J. 26-98 y una sin número pronunciadas por la Segunda y entonces Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 196391 y 389662, de rubros y contenidos siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación". "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación". Además es de destacar que la parte quejosa, señala que el Congreso del Estado de Michoacán ha sido en omiso en adecuar el texto de los artículos 308 y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sin que la autoridad responsable haya aplicado el dispositivo 679, por lo que al no tener una aplicación concreta que sería de manera heteroaplicativa, la parte quejosa lo reclama por su entrada en vigor, es decir, autoaplicativa, ante lo cual ya transcurrió su plazo para promover demanda de amparo por la entrada en vigor de ese ordenamiento jurídico. En segundo término, por lo que ve al resto de los actos reclamados, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, así como con el 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VI.1.A. J-10, consultable en la página 1570 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil catorce, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, la parte quejosa reclama los proveídos de veintinueve de abril y de cinco de mayo del año en curso, el primero en donde la autoridad jurisdiccional de primera instancia modificó la litis del procedimiento dado que tuvo a la parte actora aclarando la demanda y señaló un demandado más al cual se ordenó llamarlo a juicio (incorporando a un nuevo demandado), según lo que relata la parte quejosa; el segundo auto, donde la responsable negó la admisión del recurso de revocación contra el auto de veintinueve de abril de la presente anualidad; impugnando además el precepto 305 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, aplicado en la determinación antes mencionada. Sentado lo anterior, lo que se duele la parte quejosa en esencia es que la autoridad responsable haya llamado a un nuevo demandado a la litis y la aplicación del artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, con fundamento en el cual negó la admisión del recurso de revocación. En ese sentido, la parte quejosa cita la jurisprudencia PC.XVI.A. J-32 A, pronunciada por el Pleno en materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, la cual refiere que el amparo indirecto no procede contra el desechamiento parcial de la demanda al no ser un acto de imposible reparación, por lo cual, en sentido contrario, es que el amparo biistancial sí es procedente cuando se deseche todo el contenido de la demanda. Sin embargo, es importante destacar que lo que la parte quejosa esencialmente reclama el que la autoridad responsable acordó favorable la petición de la parte actora en el juicio de origen de llamar a un nuevo demandado a la litis; así como el desechamiento del recurso de revocación en contra de tal determinación y el precepto legal en que se fundó la responsable. Por lo que la jurisprudencia que cita la parte promovente no es aplicable al caso, porque en ella trata sobre la no admisión de la denuncia de juicio a terceros, y el presente asunto versa sobre el llamamiento a juicio de un nuevo demandado. Circunstancia que, incluso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.-J. 96-2009 ya se pronunció en que el auto que ordena la admisión de la denuncia de juicio a terceros no es reclamable en amparo indirecto, tratándose de asuntos mercantiles y civiles, la cual a continuación de transcribe. "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso". Incluso es conveniente traer a colación los siguientes párrafos que se señalaron en la ejecutoria de la contradicción de tesis 270-2009, la cual dio origen a la jurisprudencia 1a.-J. 96-2009, misma que se citó en el párrafo anterior. "(.) Desde esta perspectiva, debe decirse que la aceptación de la denuncia de terceros a juicio no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, dado que: 1. Se demostró que llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación es poner en conocimiento de un tercero la existencia del litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en la esfera jurídica de dicha parte. 2. La intervención provocada en el proceso no trae como consecuencia que dicha intervención pueda considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía; su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. 3. La litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. 4. De igual forma, trae para el denunciante la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse vincule al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos, de modo que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada. 5. Admitir y dar trámite a una denuncia del juicio a terceros no constituye una violación procesal trascendental a las partes -actora, demandada y tercera llamada a juicio-, en virtud de que únicamente podría acarrear una dilatación justificada en el procedimiento. En este orden de ideas, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros, dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación, toda vez que dicho proveído no produce a las partes dentro del procedimiento, de manera inmediata, afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, sino que eventualmente entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente y hasta ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso; pues bien puede ocurrir que éste obtenga sentencia favorable, con lo que se subsanaría el posible perjuicio del cual se dolió; y si no le favoreciere la referida sentencia, deberá hacerlo valer como agravio en la apelación respectiva y, en su caso, alegarlo como violación procesal en amparo directo. Aunado a lo anterior, debe decirse que la denuncia de terceros a procedimiento establece una garantía de seguridad a las partes en el proceso, pues la sentencia que llegare a dictarse vinculará al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos, de modo que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada (.) Lo anterior significa que el hecho de que el juez responsable haya acordado favorablemente la petición para incorporar a nuevos demandados a la litis, no constituye un acto de imposible reparación para la parte aquí quejosa, incluso, de lo transcrito, se advierte que ello es un efecto positivo porque abona a la certeza jurídica de quien fue llamado a juicio, lo cual no ocasiona un perjuicio al aquí quejoso, mismo que es parte demandada en el juicio de origen. Incluso, si la parte quejosa estima que existe una afectación, esa se traduce en una lesión de carácter adjetivo o procedimental, lo cual no es de imposible reparación, sino es una lesión de carácter adjetiva, formal o procedimental, mismo que podría ser reparado en caso de que obtenga sentencia favorable, y en ese supuesto el hecho de que el juez haya llamado a un nuevo demandado, no habría tenido afectación sustantiva en la aquí parte quejosa; por ende, no habría de haber trascendido y no provocaría un daño real y concreto en la esfera jurídica del gobernado. Luego, no debemos olvidar que, la parte quejosa también promueve su demanda de amparo contra el primer acto de aplicación, consistente en el auto de cinco de mayo del año en curso, en el cual la autoridad jurisdiccional negó la admisión del recurso de revocación contra el auto de veintinueve de abril del año en curso, en virtud de que lo consideró parte integra del auto admisorio, lo cual lo hizo con fundamento en el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Para sostener que el juicio de amparo es procedente por reclamar la inconstitucionalidad de una norma, la quejosa cita la jurisprudencia 1.-J. 168-2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de determinar la procedencia de su demanda de amparo indirecto, en la cual el Tribunal Constitucional determinó que el amparo indirecto sí procede en contra del primer acto de aplicación respecto del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en 2004. Dicho numeral del código adjetivo del entonces Distrito Federal, contemplaba lo siguiente: "REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 27 DE ENERO DE 2004)ARTICULO 693.- Interpuesta una apelación, el juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos y se justifique, con el recibo correspondiente, el pago de las copias que integrarán el testimonio de apelación de que se trate, expresando el juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo.(REFORMADO, G.O. 27 DE ENERO DE 2004)El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate. Las copias necesarias para formar el testimonio de apelación correspondiente serán a costa del o los apelantes, siendo requisito indispensable para la admisión del recurso el previo pago total de las mismas. El pago deberá efectuarse de manera independiente por cada apelante, excepto en el caso de litisconsorcio, sea activo o sea pasivo, en el cual dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción, litigando unidas bajo una misma representación, caso en el cual solo se pagará una vez.(REFORMADO, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996)De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. Transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía, y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales al Superior.(REFORMADO, G.O. 27 DE ENERO DE 2004)El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la sala correspondiente dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar los agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados, indicando si se trata de primera, segunda o el número que corresponda en las apelaciones interpuestas.(REFORMADO, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996)La sala al recibir el testimonio, formará un solo toca, en el que se vayan tramitando todos los recursos de apelación que se interpongan en el juicio de que se trate.(REFORMADO, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996)La sala, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos del artículo 704". Ahora, bien en la jurisprudencia 1.-J. 168-2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se impugna el numeral 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sí procede el amparo indirecto, en virtud de que sobre ese artículo pesa una base objetiva de una declaratoria de inconstitucionalidad, por imponer una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 Constitucional. Luego, la base objetiva que refiere la jurisprudencia 1ª.-J. 168-2005, fue la que desarrollo la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 1a.-J. 60-2005, en ella determinó que el numeral 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, transgrede y viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el requisito de que para interponer un recurso de apelación el recurrente está obligado al pago de las copias necesarias para integrar el testimonio, circunstancia que el Alto Tribunal determinó que transgrede el artículo 17 de la Carta Magna, que en lo que aquí interesa, refiere que quedan prohibidas las costas judiciales. Sentado el panorama anterior, es claro que al tratarse de una artículo (693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) en el cual ya existe jurisprudencia sobre su inconstitucionalidad, sí procede el amparo indirecto, tal como lo ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ello partiendo de una afectación a un derecho sustantivo como lo es el acceso a la jurisdicción, es decir, ahí sí estamos en presencia de un acto y norma que afecta derechos sustantivos. Dicha situación es diferente a la del caso en concreto, donde la autoridad responsable consideró integrar a la litis a un diverso demandado y tal circunstancia como auto admisorio, por ello negó la admisión del recurso de revocación. Por ello, como se precisó con anterioridad, si el auto de veintinueve de abril del año en curso, no es un acto de imposible reparación, tampoco es procedente el amparo indirecto con motivo del acto de aplicación en la no admisión del recurso de revocación, lo anterior tiene fundamento jurídico en la jurisprudencia P.-J. 78-2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad. Dicha jurisprudencia hace énfasis de que cuando se reclama una norma por su acto de aplicación, sí procede el amparo indirecto siempre y cuando cause un perjuicio de imposible reparación; sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, que primeramente el acto en el cual el juez llama a un nuevo demandado a la litis no es de imposible reparación, lo lógico es decir que tampoco lo es el auto por el cual le niegan la admisión del recurso de revocación, en contra de dicha determinación. Es por ello, que el momento procesal oportuno para que la parte quejosa reclame estas violaciones adjetivas, procesales o en su caso, la norma en que se fundaron es cuando promueva amparo directo, debido a que la intención del amparo directo es agotar en un mismo estudio todas las violaciones o afectaciones que estime que sufrió la parte quejosa, tal como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a.-J. 18-99, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, DEBEN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a lo que establece el artículo 158 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Esta hipótesis implica que cuando el acto dentro del juicio tenga la característica de imposible reparación, será procedente el juicio de amparo indirecto conforme al supuesto previsto en el artículo 114, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, que si se trata de un acto dentro de juicio, como acto de aplicación de una ley, tratado internacional o reglamento, para ser examinable en el juicio de amparo directo, debe incidir en la afectación a las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo, porque del análisis armónico y sistemático de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo se observa que debe precisarse con claridad en qué consiste el acto de aplicación, en su caso cuál es el precepto o preceptos aplicados, y deben expresarse los conceptos de violación relativos, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar esa constitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia. Pero, para que proceda el análisis de la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento, con motivo de su aplicación en un acto dentro de juicio, es preciso que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparación y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio. Lo anterior es congruente con el objeto del juicio de amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o bien ordena la reposición del procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo. En el entendido de que el derecho a controvertir las violaciones procesales, está sujeto a la preclusión, dado que conforme al citado artículo 107, fracción III, inciso a), de nuestra Constitución, si dichas violaciones no se invocaron en un primer juicio de amparo ni el tribunal colegiado las hizo valer de oficio -en los casos en que deba suplirse la deficiencia de la queja- no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo ulterior. Por tanto, las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración, porque tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Así las cosas y toda vez que el amparo resultó extemporáneo por uno de los actos y los diversos reclamados no son considerados de imposible reparación ni tampoco se ubique en los supuestos de procedencia con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y con el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12-2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por otro lado, téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que señala en su escrito de demanda, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General 1-2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal se autoriza el acceso, consulta al expediente electrónico y la práctica de las notificaciones. Por lo anterior, de acuerdo con los artículos 64, 65, 66, 67, 77, 78, 79, 87, 93 y 94 del Acuerdo Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" registrado como "kornmopark", registrado en el Postal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por lo anterior, realícense las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que así lo solicitó la moral quejosa Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a.-J. 176-2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49-2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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