Juan Mendoza Moya
Expediente 298/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretaría de Educación en el Estado
- Juan Mendoza Moya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certificada que únicamente presentó escrito de alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno (fojas 2-9), en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, Juan Mendoza Moya, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 298/2021-V y en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, el acto reclamado por el quejoso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia es: Interlocutoria emitida el trece de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 246/2006, en la que declaró procedente el incidente sobre prescripción de ejecución del convenio elevado a la categoría de laudo de tres de febrero de dos mil doce, interpuesto por la Secretaría de Educación en el Estado. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, a través de su Presidente suplente, al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado (foja 25). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio la referida autoridad, consistente en las copias certificadas del expediente laboral 246/2006 [un tomo]. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se advierte todo lo actuado dentro del juicio de origen. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 749 del Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, registro 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador, advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal. Para evidenciar la actualización de dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, que en su orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece como regla que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; asimismo señala las excepciones a la misma, que son: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Y, en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Al respecto, este juzgador considera que es aplicable el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque entre las constancias que integran el expediente laboral de origen 246/2006 se advierte que la resolución de trece de marzo de dos mil veinte [acto reclamado] le fue notificado al quejoso por medio de instructivo al no poder efectuar la notificación de manera personal, el diez de agosto de dos mil veinte. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de la Materia, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, ya que de las citadas constancias se advierte que es parte dentro del expediente de origen y como tal, le fue practicada la notificación de la resolución combatida en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, en términos de su artículo 8. Así las cosas, los artículos 733 y 747 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 733. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento". "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta". Del contenido de los numerales transcritos se advierte que los términos comenzarán a computarse a partir del día en que surta efectos la notificación correspondiente; asimismo, que las notificaciones surten sus efectos de la manera siguiente: Las personales, el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta. Por tanto, si la resolución reclamada se ordenó personalmente y al no haberlo podido efectuar de esa forma se realizó por medio de instructivo el diez de agosto de dos mil veinte y surtió sus efectos ese mismo día, el término de quince días establecido en la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, empezó a computarse el once de agosto de dos mil veinte y feneció el treinta y uno siguiente, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto todos del dos mil veinte por haber sido inhábiles [sábados y domingos]. Sin que existan otros días inhábiles, tal como se puede observar de la certificación siguiente: De lo anterior, se puede establecer con certeza que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, ya que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinte de abril de dos mil veintiuno), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que el quejoso hubiere señalado en el apartado "ANTECEDENTES Y PROTESTA DE LEY" de su demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de abril de dos mil veintiuno. Ello porque las reglas establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, se excluyen entre sí, ya que para que se actualice la primer hipótesis [a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto] debe estar fehacientemente probado que la autoridad ante quien se instruyó determinado procedimiento hubiere notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; en cambio, tratándose de los supuestos restantes, para que se actualicen es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; esto es, no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. Aunado a que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo, que instituye que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, dado que no se trata de un procedimiento de extradición o la sentencia condenatoria del proceso penal que impone pena de prisión, tampoco tiende a privar de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios, ni se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia motivo de estudio. De ahí que, si en el caso se acreditó que el quejoso fue notificado personalmente del acto reclamado, es evidente que debe aplicarse la primera regla del numeral mencionado en el párrafo anterior, aunado a que el quejoso no combatió dicha notificación y por ende subsiste. Por ende, el acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicha ley. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Mendoza Moya, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del oficio 3349/2021 de uno de septiembre del año en curso, emitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se desprende que en términos del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal concedió al titular de este órgano federal licencia de carácter personal por los días quince, dieciséis y diecisiete de septiembre del año en curso. En virtud de lo anterior, el licenciado Oscar Hernández García se encuentra de encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, en atención a lo previsto en dicho numeral se colige que el suscrito secretario únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste, hágase relación del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la promovente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la certificación de las circulares relativas a los días inhábiles de la anualidad dos mil veinte y dos mil veintiuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARÍA***ORF
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