Juan Ortiz García

Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
534/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Ortiz García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 534/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 10436, y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental exhibida por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos del Estado de Michaocán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita y hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se declara plecluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Christian Ricardo Amezquita Cruz y Dimas Eduardo Guzmán Montoya apoderados jurídicos de Juan Ortiz García, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y respecto del acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de señalar nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del juicio laboral 2B-2998/2017. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se contienen en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo registrándose en el libro de gobierno con el número 534/2021; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del mismo órgano, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa constituye una omisión de autoridad administrativa que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, los criterios referidos con anterioridad, atendiendo al contenido de la demanda y a las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en: La omisión de señalar nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del juicio laboral 2B-2998/2017. TERCERA.- Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las documentales que exhibió en juicio, las cuales por ser documentos expedidos por institución pública, adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTA. Análisis de la causal de improcedencia sobrevenida durante la tramitación del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar sobre la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En relación con lo anterior, se toma en cuenta que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del numeral trascrito, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, misma que se actualiza cuando desaparecen o destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, dejando al gobernado como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, o de haberla irrumpido, no se deje afectación en ella. Es decir, la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, o en el caso concreto, al realizar una acción, que detiene la omisión violatoria de derechos humanos, por lo que hace ineficaz el juicio de amparo. Para entender mejor lo anterior, es necesario tener en cuenta lo señalado por el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de la materia, que estipula: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)" Lo anterior, se debe entender en el sentido de que el objeto del juicio de amparo es el restituir al quejoso en su derecho humano violado y al tratarse en el caso particular de un acto omisivo (el señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones así como la falta de emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral de origen), se debe obligar a la responsable a respetar el derecho violentado al quejoso, relativo al acceso a la impartición de una justicia pronta dentro del juicio de origen, mediante el abandono de dicha conducta omisiva. En la especie, el quejoso Juan Ortiz García reclamó de la autoridad responsable, la omisión de señalar nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del juicio laboral 2B-2998/2017. No obstante lo anterior, del informe de cuenta remitido por la autoridad responsable entre las que se encuentra la copia certificada del auto de veintinueve de junio del año en curso, se advierte que el Presidente del Junta responsable, dio respuesta a su petición, ya que señaló nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. De lo anteriormente señalado se advierte que por lo que ve a los actos reclamados han cesado sus efectos, toda vez que de dichas constancias se desprende que la autoridad responsable ha dado respuesta a la petición solicitada por la parte quejosa y por tanto ha quedado sin efectos el acto reclamado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por cesación de efectos respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./j. 9/98, consultable en la página doscientos diez del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Ortíz García, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Asimismo, dígasele que para la entrega de las referidas copias deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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