Juan Octavio Mejia Negrete

Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
548/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Octavio Mejia Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 3°, 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, apoderado jurídico de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número I-548/2021-Y. Analizada íntegramente la demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia, aplicación y ejecución de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, aplicados en los autos dictados el veinticuatro de junio del año en curso, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante los cuales pretende promover recurso de apelación contra las resoluciones improcedentes de los Incidentes de excepción de previo y especial pronunciamiento, de falta de personalidad y de litisconsorcio pasivo necesario, relativos al juicio ordinario civil 883/2020, que constituyen el primer acto de aplicación de los referidos preceptos. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la ley, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso haya promovido con antelación diversa controversia constitucional, contra la misma autoridad y respecto de los mismos actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, sin que obste a lo anterior que dicha controversia se encuentre pendiente de resolución. En el caso particular, el promovente Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, apoderado jurídico de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los mismos actos aquí reclamados y misma autoridad responsable, de la que correspondió conocer a este propio órgano, la cual quedó registrada con el número de juicio 547/2021, y en auto de esta propia fecha, se proveyó sobre la admisión de la misma. En relación con lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio de amparo y el diverso 547/2021, del índice de este juzgado, se advierte lo siguiente: Juicio de amparo 547/2021 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Juicio de amparo 548/2021 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Quejoso: Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, apoderado jurídico de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola Fecha de presentación de Demanda: 24 de Junio del 2021 Acto reclamado: La discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia, aplicación y ejecución de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, aplicados en los autos dictados el veinticuatro de junio del año en curso, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante los cuales pretende promover recurso de apelación contra las resoluciones improcedentes de los Incidentes de excepción de previo y especial pronunciamiento, de falta de personalidad y de litisconsorcio pasivo necesario, relativos al juicio ordinario civil 883/2020, que constituyen el primer acto de aplicación de los referidos preceptos. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Michoacán. Gobernador Constitucional Del Estado De Michoacán. Juez Quinto De Primera Instancia En Materia Civil. Todos con sede en esta ciudad. Quejoso: Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, apoderado jurídico de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola Fecha de presentación de Demanda: 25 de Junio del 2021 Acto reclamado: La discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia, aplicación y ejecución de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, aplicados en los autos dictados el veinticuatro de junio del año en curso, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante los cuales pretende promover recurso de apelación contra las resoluciones improcedentes de los Incidentes de excepción de previo y especial pronunciamiento, de falta de personalidad y de litisconsorcio pasivo necesario, relativos al juicio ordinario civil 883/2020, que constituyen el primer acto de aplicación de los referidos preceptos. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Michoacán. Gobernador Constitucional Del Estado De Michoacán. Juez Quinto De Primera Instancia En Materia Civil. Todos con sede en esta ciudad. De lo expuesto con antelación, se advierte que tanto en el juicio de amparo 547/2021, como en el que se actúa, fueron promovidos por Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, apoderado jurídico de Juan Octavio Mejía Negrete y María del Carmen Pérez Gil Arriola, contra las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos actos reclamados, en relación con el primer acto de aplicación de la misma norma reclamada. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, respecto del acto que es materia en un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades, por los mismos actos reclamados y en relación con el mismo acto de aplicación, tramitado en este propio órgano de control constitucional. Lo anterior, no obstante que el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, determine que no se actualiza la litispendencia cuando se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, ya que en el caso que nos ocupa, efectivamente se trata del mismo acto de aplicación de la norma reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2004, Materia Común, Décima Época, número de registro 2006145, visible en la página 265, de texto y rubro siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58, del Volumen 16, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, número de registro 239125, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del Nombre de Usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza realizar a la parte quejosa las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se tienen únicamente como autorizadas para recibir notificaciones, documentos y consultar el expediente a las diversas personas que refiere. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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