Juan Navarro Morales
Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Navarro Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 539/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso , contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, se observa que dicho medio de impugnación se radicó con el número de queja 118/2021. De lo anterior, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 539/2021. Puebla, Puebla, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el escrito signado por ***, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó su solicitud de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso de queja. Ahora, el análisis efectuado al escrito de cuenta permitió detectar que fueron señaladas las constancias que desea se remitan en copia a la superioridad, para el trámite del recurso de queja (todas las que hasta el momento integran el presente juicio de amparo). En consecuencia, se ordena remitir a la superioridad copia certificada de las constancias que refiere la parte quejosa para la tramitación de dicho recurso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, pues en efecto, mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo presentada por el promovente, en atención a las razones jurídicas y fundamentos asentados en el mismo. En tal virtud, remítase de manera física al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, el original del recurso y una copia del mismo para el agente del ministerio público federal adscrito a la superioridad, así como todas las constancias en copias certificadas que integran el presente juicio de amparo, pues se estima son necesarias para resolver el recurso de queja interpuesto. Lo anterior, para que por su conducto, se envíe al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, que deba substanciar y resolver el recurso de queja; a quien respetuosamente se le pide emite el acuse de recibo correspondiente. Se instruye a la Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice en el sistema la anotación correspondiente a la interposición de dicho recurso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 539/2021-IX. Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento de la prevención. Se recibe el escrito signado por el quejoso ++++++++++, mediante el cual desahoga debidamente la prevención formulada en auto de dieciséis de agosto dedos mil veintiuno. En tal virtud, se provee: Fijación del acto reclamado. Del análisis integral y armónico de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa, en realidad, se duele de lo siguiente: La resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se confirmó la inadmisión de la probanza consiste en: ".4) El informe que debe rendir el Juez Penal de Tepeaca, misma que resulta necesaria para demostrar las afirmaciones en que se sustenta mi dicho dentro de la presente causa penal, es decir, dicha prueba tiene como finalidad conocer las funciones que realizaba en el Juzgado Penal de Tepeaca, así mismo, la solicitud de que en dicho informe se acompañe el rol de guardias del día en que súpuestamente estaba como Secretario de Guardia, pues hasta este momento no está plenamente demostrada esa situación, aunado a que como puede verse tanto en materia federal como en el ámbito estatal existen un rol en el que se mencione el nombre del funcionario que se encuentra de guardia." Antecedentes del acto reclamado. Del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que, al quejoso se le instruye la causa penal +++++, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal. Durante el procedimiento de la causa penal de que se trata, el quejoso ofreció cuatro pruebas, las cuales consistieron en: 1. Ampliación de Declaración Preparatoria; 2. Careos a los supuestos agraviados; 3. Interrogatorios a los supuestos agraviados; y 4. El informe que deba pedirse al Juez Penal de Tepeaca, respecto a las funciones que desempeñaba en dicho órgano judicial y el rol de guardias, en la época de los hechos delictivos que se le atribuyen. Luego, sólo las tres primeras probanzas, fueron admitidas y desahogadas el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Mientras que, por auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, fue negada la admisión de la restante. En contra de dicho auto el quejoso aquí recurrente, interpuso el recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto aquí recurrente. Desechamiento. De lo antes expuesto, se advierte claramente que respecto del acto que se reclama en la demanda de protección de derechos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que, depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo en el que se resuelve el recurso de revocación que se interpuso contra el proveído de uno de marzo de dos mil nueve, en el que no se le admitió el informe de referencia, dentro de la causa penal ++++, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En ese orden, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio penal de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.)" A lo anterior, tiene aplicación, en sentido contrario, la jurisprudencia número P./J. 6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 13, del Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO."1 De igual modo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/11 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 2003448, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, página 1993, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES."2 A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."3 Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Se hace notar que, el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a las consideraciones expuestas en la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."5 Notifíquese; por lista a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
UICIO DE AMPARO 539/2021. En dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un oficio con un testimonio anexo; recibido físicamente, y registrado con el folio de control interno 11206. Conste. Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de la ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio (y anexo) de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 78/2021, que en sus puntos resolutivos establece: ".ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de queja." En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Efectos de la ejecutoria. En la ejecutoria recibida se precisó que sus efectos se contraían a: ".la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, deje sin efectos el auto recurrido, y en su lugar, emita uno diverso en el que en términos del diverso numeral 114 de la legislación citada requiera a +++++ a fin de que señale con precisión cuáles son las pruebas que le fueron desechadas mediante proveídos de uno, cuatro y veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, y cuyo desechamiento fue confirmado en la resolución reclamada; apercibido que de no dar cumplimiento con el requerimiento dentro del plazo de cinco días posteriores a su notificación, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Una vez recibido el escrito aclaratorio, la juez de Distrito deberá considerar la naturaleza de las pruebas desechadas, y con ello determinar si, el acto reclamado, es o no un acto de imposible reparación, de manera indudable y manifiesta y en consecuencia, acordar lo conducente...". Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el citado tribunal, se deja sin efectos el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la parte relativa al desechamiento de la demanda, dictado en este juicio. Atento a lo anterior, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo presentada por +++++, bajo las directrices trazadas en la ejecutoria de referencia. Prevención. De la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La resolución de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de los autos de fecha 1 uno, 4 cuatro y 27 veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; misma que me fue notificada hasta el 11 once de mayo de 2021 dos mil veintiuno." Por su parte, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que al quejoso se le instruye la causa penal ++++, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal. Luego, durante el procedimiento de la causa penal de que se trata el quejoso ofreció diversas pruebas, las cuales fueron desechadas mediante acuerdos de uno, cuatro y veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Contra tal determinación, el quejoso promovió recurso de revocación, el cual fue admitido y resuelto por la responsable mediante determinación de veintidós de abril del año en curso Resolución en la que se determina que no se revocaban los acuerdos recurridos por lo que no admite las pruebas ofertadas. Ahora, como se ve, de dicha narrativa no se advierte con certeza y claridad, cuáles y cuántas pruebas en particular le fueron desechadas y en qué consistían cada una de ellas (naturaleza de las mismas), pues si bien es cierto que se hace alusión al "informe que debe rendir el Juez Penal de Tepeca", ello no es suficiente para tener la certeza de si esa fue la única probanza que le fue desechada o si, dado que se trata de tres acuerdos impugnados a través del recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto reclamado, fueron más pruebas las que no le fueron admitidas. Entonces, una vez establecido lo anterior, con la única finalidad de tener conocimiento cierto sobre el número, tipo y naturaleza de las pruebas que le fueron desechadas al quejoso, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y V, y 14 fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a ++++, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, presente un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad: ? Señale con precisión cuáles, cuántas y en qué consistían cada una de las pruebas que ofreció y le fueron desechadas mediante proveídos de uno, cuatro y veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, y cuyo desechamiento fue confirmado en la resolución reclamada -de veintidós de abril de dos mil veintiuno-. Lo anterior, en el entendido de que si es posible para el quejoso, deberá exhibir en el mismo plazo, ante este órgano judicial, las pruebas de referencia. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio y no dar cumplimiento con el requerimiento dentro del plazo de cinco días posteriores a su notificación, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista); por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase
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