Juan Miguel Clemente Díaz
Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Miguel Clemente Díaz
- Ángel de Jesús Jiménez Roblero
- Danglis Rigoberto Hernández Argueta
- Andrik Jonathan Bautista Bautista
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite queja. Se integra al expediente electrónico, el oficio signado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que el magistrado presidente interino de ese tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el defensor de los quejosos, contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, informa que el citado recurso quedó radicado con el número de expediente xxxx de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de Queja Se recibe un escrito con evidencia criptográfica de XXXX, defensor particular de los quejosos: XXX mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL: Acuerdo: Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada de forma electrónica por xxxx, como defensor particular de los quejosos xxxx, -personalidad que manifiesta tener reconocida en la causa penal xxxx-, contra actos del Juez de Control xxxx, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda formulada por el defensor de los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: ".La resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal xxxx, en la cual se negó ajustar los hechos en la acusación, planteada vía incidental por la defensa de los quejosos." Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que la resolución en la cual el juez de control decidió negar un ajuste a los hechos de la acusación, no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto en el trámite de una causa penal, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. Dicha causal se encuentra contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación. De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue preciso al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la resolución reclamada por el defensor del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la resolución que se pretende combatir es la dictada en la audiencia intermedia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en lo conducente a una negativa de ajustar los hechos materia de la acusación contra los quejosos, porque la defensa consideró que los hechos expresados por la fiscalía, no son los mismos por los cuales se les dictó el auto de vinculación a proceso. Luego, derivado de la lectura de los conceptos de violación y entendida la demanda como un todo, se observa que la defensa de los quejosos pretende que no se continúe con la secuela procesal, hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, por considerar como una violación procesal el hecho de que se continúe bajo los hechos de la acusación formulada, pues ello podría trascender al resultado de lo resuelto en la audiencia de juicio oral. Sin embargo, aunque no es claro lo acontecido en dicha audiencia derivado de la solicitud de los quejosos de que se ajustaran los hechos de la acusación; es decir, se desconoce si con motivo de la incidencia planteada el juez de control difirió la audiencia intermedia o si por el contrario continuó con la secuela procesal, lo cierto es que esa determinación, a criterio de la suscrita, no es una que afecte derechos sustantivos, sino más bien, encuadra en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable. Sobre todo porque se trata de un mero acto intraprocesal que no entraña afectación a sus derechos sustantivos, pues aun cuando el juez de control decidiera continuar con la audiencia intermedia en los términos de la acusación formulada por la fiscalía, la materia de los hechos que la sostienen, se encontrará sujeta al debate que se desarrolle en la audiencia de juicio oral, lo cual de ningún modo implica que se les dicte una sentencia condenatoria. Aunado a lo anterior, la audiencia intermedia de donde deriva el acto reclamado, precisamente se trata de una etapa procesal de preparación a juicio, en la cual se tiene la oportunidad de ofrecer medios de prueba y controvertir los hechos materia de la acusación conforme a sus intereses, y será hasta en la etapa de juicio oral cuando se determine o no su plena responsabilidad. De ahí que el simple hecho de que el juez de control haya decidido negar el ajuste solicitado a los hechos de la acusación, por considerar que son diferentes a los vertidos para la vinculación a proceso, no entraña afectación irreparable a los derechos fundamentales de los quejosos. De ahí que se afirme, el citado acto reclamado es meramente procesal, pues no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener una resolución favorable. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la resolución reclamada ni una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos. Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda contra la resolución reclamada al juez responsable por considerarse que no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada de forma electrónica por xxxx, como defensor particular de los quejosos xxxx, -personalidad que manifiesta tener reconocida en la causa penal xxxx-, contra actos del Juez de Control xxxx, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda formulada por el defensor de los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: ".La resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal xxxx, en la cual se negó ajustar los hechos en la acusación, planteada vía incidental por la defensa de los quejosos." Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que la resolución en la cual el juez de control decidió negar un ajuste a los hechos de la acusación, no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto en el trámite de una causa penal, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. Dicha causal se encuentra contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación. De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue preciso al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la resolución reclamada por el defensor del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la resolución que se pretende combatir es la dictada en la audiencia intermedia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en lo conducente a una negativa de ajustar los hechos materia de la acusación contra los quejosos, porque la defensa consideró que los hechos expresados por la fiscalía, no son los mismos por los cuales se les dictó el auto de vinculación a proceso. Luego, derivado de la lectura de los conceptos de violación y entendida la demanda como un todo, se observa que la defensa de los quejosos pretende que no se continúe con la secuela procesal, hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, por considerar como una violación procesal el hecho de que se continúe bajo los hechos de la acusación formulada, pues ello podría trascender al resultado de lo resuelto en la audiencia de juicio oral. Sin embargo, aunque no es claro lo acontecido en dicha audiencia derivado de la solicitud de los quejosos de que se ajustaran los hechos de la acusación; es decir, se desconoce si con motivo de la incidencia planteada el juez de control difirió la audiencia intermedia o si por el contrario continuó con la secuela procesal, lo cierto es que esa determinación, a criterio de la suscrita, no es una que afecte derechos sustantivos, sino más bien, encuadra en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable. Sobre todo porque se trata de un mero acto intraprocesal que no entraña afectación a sus derechos sustantivos, pues aun cuando el juez de control decidiera continuar con la audiencia intermedia en los términos de la acusación formulada por la fiscalía, la materia de los hechos que la sostienen, se encontrará sujeta al debate que se desarrolle en la audiencia de juicio oral, lo cual de ningún modo implica que se les dicte una sentencia condenatoria. Aunado a lo anterior, la audiencia intermedia de donde deriva el acto reclamado, precisamente se trata de una etapa procesal de preparación a juicio, en la cual se tiene la oportunidad de ofrecer medios de prueba y controvertir los hechos materia de la acusación conforme a sus intereses, y será hasta en la etapa de juicio oral cuando se determine o no su plena responsabilidad. De ahí que el simple hecho de que el juez de control haya decidido negar el ajuste solicitado a los hechos de la acusación, por considerar que son diferentes a los vertidos para la vinculación a proceso, no entraña afectación irreparable a los derechos fundamentales de los quejosos. De ahí que se afirme, el citado acto reclamado es meramente procesal, pues no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener una resolución favorable. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la resolución reclamada ni una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos. Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda contra la resolución reclamada al juez responsable por considerarse que no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas.
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