Juan Navarro Morales
Expediente 968/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Navarro Morales
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 968/2021-VIII. Puebla, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por los magistrados de ese tribunal, en el recurso de queja Q-136/2021, cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y este juzgado queda enterado de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. De igual modo, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio remitido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, realicen las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, dado que fue desechada la solicitud de amparo en el proveído inicial, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido; una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso, porque sólo exhibió su demanda de amparo y esta no actualiza la hipótesis de devolución. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación de este proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 968/2021-VIII. Puebla, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En éste, comunica el acuerdo de trece de octubre del año en curso, donde el magistrado presidente del citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno por el cual se desechó la demanda; y acusa recibo. Dicho recurso fue radicado con el número de expediente Q-136/2021 de su índice. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 968/2021-VIII. Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso , donde interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso de queja. Ahora, el análisis efectuado al escrito de cuenta permitió detectar que fueron señaladas las constancias que desea se remitan en copia a la superioridad, para el trámite del recurso de queja. En consecuencia, ordena remitir a la superioridad copia certificada de las constancias que refiere la parte quejosa para la tramitación de dicho recurso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, pues en efecto, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo presentada por el promovente, en atención a las razones jurídicas y fundamentos asentados en el mismo. En tal virtud, remítase de manera física al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, el original del recurso y una copia del mismo para el agente del ministerio público federal adscrito a la superioridad, así como todas las constancias en copias certificadas que integran el presente juicio de amparo, pues se estima son necesarias para resolver el recurso de queja interpuesto. Lo anterior, para que por su conducto, se envíe al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, que deba substanciar y resolver el recurso de queja. Se instruye a la Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice en el sistema la anotación correspondiente a la interposición de dicho recurso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 968/2021-VIII. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por , , se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", En el presente caso, se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar el acto reclamado, el cual consiste en la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, que declaro infundado el recurso de revocación (el cual versó sobre el desahogo de la prueba de inspección ocular que considera ilícita porque no se le notificó de la misma por lo que no pudo estar presente). Ahora, de lo anterior se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, .. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última que se opone con la de "formal o adjetiva". Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; esto es, ya no basta que se considere que el acto produce una afectación exorbitante o superior a los derechos de los gobernados para estimar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan de manera material alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo indirecto, lo que ocurre tratándose de la determinación reclamada. En ese orden de ideas, dada la naturaleza del acto que se reclama, se advierte que la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, que declaro infundado el recurso de revocación, en el cual se alegaron cuestiones relativas al desahogo de la prueba de inspección ocular que el promovente considera ilícita, al aducir que no se le notificó de la misma por lo que no pudo estar presente, se refiere a una cuestión de índole procesal (desahogo de prueba), de lo que se desprende que no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni al derecho fundamental de defensa, pues las consecuencias de la posible violación no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. En virtud de que lo determinado por la autoridad responsable, al no revocarse el auto impugnado mediante el recurso de revocación hecho valer por la defensa del quejoso, respecto del desahogo de la prueba de inspección ocular, constituye, en su caso, una violación procesal, la que en caso de no obtener sentencia favorable a sus intereses, podrá combatirse en amparo directo hasta que se dicte el fallo definitivo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impidiendo al quejoso el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido contra el acto que refiere se vulnera en su perjuicio derechos fundamentales. Bajo esa óptica, se hace patente que no pueden ser considerados como actos que afecten derechos sustantivos aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una resolución favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. En esa tesitura, el acto reclamado, no importa una imposible reparación, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta de manera material algún derecho sustantivo de la parte quejosa. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."3 De igual forma, es aplicable, por ..;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."...consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación,....", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." El anterior criterio es aplicable, pues aun cuando interpreta artículos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se contrapone con la actual, pues como se vio en la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corroboró y reforzó el anterior criterio. En esa tesitura, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia invocada, pues está plenamente demostrada, toda vez que, se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, ya que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues está plenamente probado que el acto reclamado consistente en la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de revocación (el cual como ha quedado de manifiesto versó sobre el desahogo de la prueba de inspección ocular), no depara en una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido por el inconforme, pues solo constituye una violación procesal que debe reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 173, Apartado B, todos de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista) y cúmplase.
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