Juan Nicolás Pares
Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Nicolás Pares
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 518/2022-VIII. Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el promovente del juicio no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 518/2022-VIII. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ++++ Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso se observa que la demanda de protección recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso contra las autoridades responsables, comprende los actos siguientes: ".orden de aprehensión, y/o orden de presentación, y/o comparecencia."; y la consecuente ejecución. Incluso mencionó una cita para comparecer a audiencia inicial de imputación (sic). Sólo que las únicas autoridades responsables, son el Fiscal General del Estado de Puebla y Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados como autoridades ordenadoras, y el Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado; Director Operativo de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado; Encargado de despacho de la Dirección de la Región Sur Oriente; Primera comandancia de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en la Casa de Justicia de Tehuacán, Puebla; Segunda Comandancia de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con sede en la Casa de Justicia de Tehuacán, Puebla; y Comandante de la Policía Ministerial Grupo Ajalpan, de la Fiscalía General del Estado, como autoridades ejecutoras. En otras palabras, el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Lo anterior, pese a que introdujo una una cita para comparecer a audiencia inicial de imputación, que implicaría el conocimiento pleno de la causa penal debido a la naturaleza jurídica del mencionado acto. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que las distintas órdenes reclamadas a las mencionadas autoridades y la consecuente ejecución, en realidad corresponden a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que el Fiscal General del Estado de Puebla y la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión ni de comparecencia, motivo por el cual puede afirmarse que su carácter de autoridades ordenadoras, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De modo que el reclamo planteado en la demanda, está circunscrito en realidad a una orden de detención con fines de investigación, porque las mencionadas autoridades únicamente podrían haber instruido la detención de aquél para que sea presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, las autoridades señaladas en la demanda como responsables ordenadoras y ejecutoras, sólo pueden instruir la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión ni comparecencia, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a un fiscal y un agente de institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo....Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.6 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis : "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]"....En punto y aparte, el quejoso también reclama la cita para la formulación de imputación. Respecto de este acto, a criterio de esta autoridad, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional. Para justificar lo anterior, como primer punto, se advierte que el referido acto se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Además, es necesario referir que la regulación de la formulación de imputación, está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la formulación de la imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Ministerio Público respecto de que se sigue una investigación en su contra por un hecho posiblemente delictuoso; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del imputado, pues ello, en su caso, dependerá de que el juez de control decida vincularlo a proceso o, incluso, imponerle una medida cautelar. Por consiguiente, el acto consistente en la formulación de imputación, se trata de un acto procesal que no afecta la libertad personal del quejoso. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracciones XIV y XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Juan Nicolás Pares, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal y autorizados. De la demanda se advierte que el quejoso señala dos domicilios para oír y recibir notificaciones, uno ubicado en la ciudad de Puebla y otro por usuario electrónico; sin que haya lugar tener ambos como domicilios para tales efectos, en virtud que ocasionarían falta de certeza jurídica la forma y lugar donde se recibirán las notificaciones del quejoso. Entonces, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario " ", dada la solicitud expresa del quejoso. Luego, se instruye a la secretaria que habilite tanto la consulta del expediente electrónico como la notificación electrónica al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ancelmo Aquilino Velasco Bautista, Cuauhtémoc Fernández Nava y Felipe de Jesús Díaz González pues se encontraron registro de sus respectivas cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a Javier Álvarez Jiménez, María Amairani Campos Gallegos y Rosa Isela Gonzaga Rodriguez, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre, porque no se encontraron registro de sus respectivas cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; al quejoso a través del usuario electrónico " " y cúmplase.
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