Juan Morales Olivares

Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
485/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Morales Olivares
  • Jose Antonio Molina Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUO QUE EN DICE: Córdoba, Veracruz, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÒN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos un documento exhibido por el quejoso, recibido en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente 726/2016, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÒN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos un documento exhibido por el quejoso, recibido en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente 726/2016, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÒN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos un documento exhibido por el quejoso, recibido en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente 726/2016, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÒN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos un documento exhibido por el quejoso, recibido en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente 726/2016, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÒN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos un documento exhibido por el quejoso, recibido en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente 726/2016, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA QUEJOSA QUE DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 485/2020, promovido por . contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el nueve de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA de esta ciudad de Córdoba, Ver. (.) B) C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA de esta ciudad de Córdoba, Ver. (.) C) ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA de esta Ciudad de Córdoba, Ver. (.) IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: La resolución de fecha 2 de septiembre del año 2020 dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil número 726/2016 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Córdoba, Ver., mediante la cual ordena la imposibilidad de la ejecución de la sentencia ejecutoriada que ha causado estado dentro de los autos del expediente señalado en líneas anteriores." SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió la demanda bajo el número 485/2020; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al tercero interesado y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado, . CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1. Juez, 2. Secretario de Acuerdos y 3. Actuario, todos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz: La resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil . en la que, en lo que trasciende, se declaró la imposibilidad material de ejecutar la sentencia dictada en dicho controvertido, particularmente, respecto de la desocupación y entrega del bien inmueble materia del litigio. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado del 3. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, pues con independencia de lo que manifestó en su informe justificado, de la lectura de la resolución que se impugna, se desprende -en lo que trasciende- que dicha autoridad no intervino de forma alguna en la emisión de dicho acto. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridad de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisado en el considerando segundo, así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil .., remitidas por las citadas responsables en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes -relevantes- del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil número . a saber: 1. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 207 a 212 del tomo de pruebas), el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, dictó sentencia en el citado controvertido, al tenor de los resolutivos que se transcriben a continuación: PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que la parte actora . acreditó los elementos de su acción reivindicatoria en contra de .., quien no probó sus excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO: Se condena a . a la desocupación y entrega material a la actora (sic) .. de la fracción del inmueble propiedad de la actora, ubicado en la congregación . del municipio de .. con una superficie de mil cuatrocientos setenta y seis punto setenta y nueve metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: . Para lo cual se le concede el término improrrogable de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que en cause ejecutoria la presente sentencia y sea requerida por esta autoridad, apercibida que en caso de no hacerlo se hará uso de las medida de apremio para su inminente ejecución. TERCERO. Se condena al demandado . al pago de gastos y costas en favor de ., al no haber obtenido sentencia favorable a sus intereses, y la primera de las citadas haber justificado los elementos de su acción, ello de acuerdo con los artículos 100 y 104 del código adjetivo civil, prestación que será regulable en sección de ejecución. (.). 2. Inconforme con dicha determinación, el demandado, ., interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; órgano que mediante resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 242 a 276 ibídem), dictada en el toca ., confirmó la sentencia recurrida. 3. En proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 278 ibídem), se abrió la correspondiente sección de ejecución, por ende, entre otras cosas, se requirió al demandado, ., para que en el término de cinco días cumpliera con lo ordenado en la sentencia respectiva, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondría un medida de apremio. 4. Por auto de dos de marzo de dos mil veinte (foja 290 ibídem), se ordenó suspender cualquier requerimiento tendente a llevar a cabo la desocupación, entrega y desalojo del bien inmueble materia de litigio; ello, se dijo, en cumplimiento a la suspensión concedida en el juicio de amparo . del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5. El dos de septiembre de dos mil veinte (foja 293 a 296 ibídem), el Juez responsable determinó, en lo que trasciende, lo siguiente: (.) III. En el cuaderno de amparo promovido por ., en sus calidades de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado Ejidal del núcleo de población ejidal denominado ., del municipio de ., obra el oficio número . de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, recibido ante este Juzgado el día veintiocho de agosto de esta anualidad signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, por virtud del cual se ordena a este órgano jurisdiccional dé cumplimiento a la sentencia amparadora que fuera confirmada por el Tribunal Colegiado, la cual concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada por los peticionaros de garantías, para los efectos de que: 'en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se le restituya en su goce de su derecho violado, esto es, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de esta Ciudad, no afecte sus derechos agrarios con motivo de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil . y su ejecución.' IV. En esa tesitura y en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo Indirecto número .. del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, se pronuncia resolución en los siguientes términos: V. Como se ha hecho mención, consta en actuaciones que mediante sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el entonces titular de este órgano de justicia declaró procedente la acción intentada por . en contra de Juan Morales Olivares, por lo que dentro de su resolutivo segundo se estableció que: Se condena a . a la desocupación y entrega material a la actora (sic) . de la fracción del inmueble propiedad de la actora, ubicado en la congregación . del municipio de ., con una superficie de mil cuatrocientos setenta y seis punto setenta y nueve metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al este, en cuarenta y uno punto setenta y nueve metros con ., al oeste, en treinta y seis punto cincuenta y seis metros con ., al norte, en cuarenta punto treinta y seis metros con brecha o rodada de terracería y terreno propiedad del actor y al sur, en treinta y cinco punto diecinueve metros con . Para lo cual se le concede el término improrrogable de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que en cause ejecutoria la presente sentencia y sea requerida por esta autoridad, apercibida que en caso de no hacerlo se hará uso de las medida de apremio para su inminente ejecución', veredicto que fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, por lo que en términos del artículo 338 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicho fallo adquirió la categoría de sentencia que causa ejecutoria. No obstante lo anterior, el suscrito respetuoso del criterio emitido por la Autoridad Federal y en estricto cumplimiento a la misma, advierte que en la especie es materialmente imposible la ejecución de la sentencia pronunciada en este controvertido, ya que sostener lo anterior conllevaría la afectación de los derechos agrarios del núcleo ejidal denominado . del municipio de . Esto resulta ser así, ya que atendiendo a las directrices de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, lo quejosos (.) en sus calidades de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado Ejidal del núcleo de población ejidal denominado ., del municipio de ., acreditaron ante el Juez de amparo su calidad de representantes del citado ente jurídico, ya que si bien como lo establece el juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para declarar cuál de los documentos exhibidos por las partes involucradas tiene mejor derecho de propiedad y posesión sobre el otro, lo cierto es que con los documentos exhibidos ante su vista en el juicio de amparo indirecto . de su índice, lograron justificar que por resolución presidencial de dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, el poblado ejidal denominado Monte Alto de Tezonapa, Veracruz, fue dotado de tierras de una superficie de mil trescientos treinta y nueve hectáreas, sesenta y siete áreas, ochenta y ocho centiáreas y setenta y cuatro centímetros. De igual modo, mediante la prueba pericial en agrimensura desahogada dentro de las actuaciones del juicio de garantías, se justificó la identidad del inmueble objeto de protección de la justicia de la unión, con el que fue materia en este litigio, puesto que como lo sostuvo la autoridad federal, de acuerdo al referido medio probatorio se llegó a la conclusión de que la fracción de terrero rustico ubicada en la congregación . de ., con una superficie de mil cuatrocientos setenta y seis punto setenta y nueve metros cuadrados, se encuentra dentro de los terrenos que conforma el Ejido denominado ., del aludido municipio. Consecuentemente, si la teleología de la ejecución de la sentencia pronunciada en este juicio civil tiene como resultado material de que se reivindique un derecho de posesión a favor del actor . sobre una fracción de un inmueble que forma parte de un núcleo de población ejidal sobre el cual gravita la protección de la justicia federal al haberse acreditado los extremos de la acción constitucional, es inconcuso que este juzgador se encuentra imposibilitado para ordenar que se lleva a cabo la desocupación y entrega de la parte en disputa, ya que sostener lo contrario implicaría más allá de un mandato emitido por un Juzgador Federal, la afectación de los derechos agrarios que como núcleo social son objeto de protección por el artículo 27 constitucional (.) Sentado lo anterior, devuélvanse los autos a trámite respectivo en espera de promoción de parte legítima (.). Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Autoridad para efectos del juicio de amparo. En principio, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que respecto de la autoridad responsable, 2. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5° fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" Lo anterior es así, porque el citado funcionario señalado por la parte quejosa como autoridad responsable, no tiene tal carácter, en razón de que su actuación se reduce a la de un fedatario público al que la ley les otorga potestad de autentificar los actos y hechos jurídicos, procediendo así en ejercicio de esas funciones, en acatamiento a un mandato jurisdiccional. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo la jurisprudencia VII.2o.C. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 388, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal. II. Definitividad. Por otra parte, este Juzgado de Distrito también advierte -de oficio-, que en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación de aquél. El artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo. De no observarse el referido principio, se actualizaría la improcedencia del juicio de amparo, en razón de que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el asunto que nos ocupa, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil ., en la que, en lo que trasciende, se declaró la imposibilidad material de ejecutar la sentencia dictada en dicho controvertido, particularmente, respecto de la desocupación y entrega del bien inmueble materia del litigio. Sin embargo, contra el citado acto reclamado procede el recurso de queja previsto en los artículos 525, fracción II, y 527, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen: Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: (.) II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; (.). Artículo 527. El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante el mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. En todo momento se estará a lo siguiente: I. De proceder el Recurso de queja, se pondrá a vista de la contraparte en caso de que sea un juicio contencioso para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y II. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título". El primer precepto transcrito prevé el recurso de queja y establece que, entre otros supuestos, éste procede contra los autos dictados en ejecución de sentencia. En relación con la procedencia del recurso de queja, cabe destacar que, conforme a la fracción indicada, son recurribles en queja todas aquellas resoluciones pronunciadas en la etapa de ejecución de sentencia, sin necesidad de que estén encaminadas a obtener el cumplimiento del fallo definitivo. Así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión . en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Por su parte, el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, regula la tramitación del mencionado recurso cuando se interpone en contra del juez. De ese dispositivo se advierte que el recurso de queja deberá presentarse dentro del término de dos días que sigan al acto que se reclama, en cuyo caso: a) El juez, en caso de que se trate de un juicio contencioso, deberá poner el recurso de queja a la vista de la contraparte para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia. b) Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez deberá remitir los autos a su superior jerárquico su informe con justificación, así como las constancias conducentes en copia legible; y c) Recibido lo anterior por el superior, deberá decidir lo que corresponda dentro del tercer día. Lo referente a la intervención que debe darse a la contraparte del recurrente en la substanciación del citado medio de impugnación, encuentra sustento además en la teleología subjetiva del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, reformado mediante Decreto publicado el ocho de enero de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, ya que del dictamen de conformidad elaborado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, sometido a consideración de la Asamblea de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en sesión de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se advierte que para llevar a cabo tal modificación se consideró lo siguiente: "(.) II. Que, según se advierte del estudio de los antecedentes de la iniciativa, la propuesta hecha deja claro que hay que dar cumplimiento a la necesidad ineludible de que se mantenga incólume la igualdad y seguridad jurídica, instituciones que este Congreso debe darle valor supremo, con el objeto de que ningún habitante de nuestro Estado se considere ciudadano vulnerable y limitado en la posibilidad de defender sus derecho fundamentales. III. Que, en efecto, el artículo 527 del Código Procesal que nos ocupa, regula la queja pero oyendo sólo a uno de los litigantes, sin que la otra parte pueda aportar alegatos o probanza alguna en alzada en beneficio de los intereses que represente, contraviniendo claramente tanto el artículo primero Constitucional como el artículo 8° de la Convención de San José, ambas normas de carácter supremo. IV. Que, por otra parte, también queda claro que de adoptarse esta medida se garantizaría la igualdad procesal y un debido proceso a los litigantes en nuestra entidad, lo cual armonizaría el espíritu del Constituyente con nuestra legislación local. V. Que, dado el acuerdo de los integrantes de esta dictaminadora, respecto de la iniciativa que nos ocupa, se concluyó que es procedente, con modificaciones que no alteran el sentido de lo propuesto, consistentes en señalar que se reforma todo el artículo 527 y en no incluir la fracción III que se propone en ese numeral, toda vez que su texto se corresponde con el del artículo 528 vigente. De igual forma, para que el quejoso y la contraparte se encuentren en igualdad de condiciones, se estimó necesario modificar de tres a dos días el término para desahogar la vista del recurso interpuesto, mismo plazo que se concede al quejoso para interponerlo. (.)" De lo transcrito se advierte que la finalidad de la mencionada reforma al artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que prevé la tramitación del recurso de queja, fue la de garantizar la igualdad procesal y el debido proceso a los litigantes de esta entidad federativa, mediante la incorporación de la contraparte del recurrente a la substanciación de ese procedimiento, lo que no se encontraba previsto en la anterior redacción de ese dispositivo. Ello, a efecto de dar a la contraparte la oportunidad de alegar e incluso de rendir las pruebas que estime necesarias para la defensa de sus intereses, mediante el otorgamiento de una vista por el término de dos días para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Luego, si el acto reclamado en el presente controvertido, esto es, la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil . fue emitido en la fase de ejecución de la sentencia, según se desprende de la relación de antecedentes efectuada en el considerando inmediato anterior; por tanto, en su contra procedía el recurso de queja previsto en el artículo 527, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; y no existe constancia de que el inconforme, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice de la causa de improcedencia en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, localizable en la página 1897, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE SENTENCIA, QUEJA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PERIODO DE (LEGISLACION DE VERACRUZ). Si la resolución reclamada en el amparo, se dictó en ejecución de sentencia, el quejoso debió hacer valer el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 525, fracción II, y 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; por lo que si no agotó dicho recurso, previamente al amparo, éste resulta notoriamente improcedente; sin que obste el razonamiento que haga el quejoso, en el sentido de que no había nada que ejecutar, pues no se precisa que materialmente se ejecute algo, sino que en cumplimiento de tal o cual resolución, se dicte tal o cual proveído." También sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, localizable en la página 1130, Tomo LXXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE SENTENCIA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN (LEGISLACION DE VERACRUZ). Conforme al artículo 56, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, las resoluciones judiciales son autos cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquier otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de prueba y todas las que resuelven un incidente. Ahora bien, la resolución por la cual el juzgador se niega a despachar ejecución en contra del demandado, es decir, a dictar un mandamiento de pago, tienen el carácter de auto, y por estar dictado en ejecución de sentencia, admite el recurso de queja, conforme a los artículos 525 y 573 del código citado, recurso que debe agotarse previamente al amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente." En el entendido de que, en el caso, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues -en principio- el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, ya que de los autos que integran el juicio civil de trato, se advierte que es parte en dicho procedimiento (actor). Además, la procedencia del recurso de queja antes aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos a los que se hizo referencia. III. Resolución dictada en cumplimiento a una sentencia de amparo. A mayor abundamiento, este Juzgado de Distrito estima que respecto del acto reclamado en el presente controvertido constitucional, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De la interpretación sistemática del artículo citado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas en un juicio de amparo o en ejecución de las mismas. Por tanto, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Hipótesis de improcedencia que, como se dijo, se actualiza en la especie. Lo anterior, pues de la lectura del acto reclamado en el presente asunto, es decir, de la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil. se advierte, en lo que trasciende, que fue emitida en estricto acatamiento a la directrices marcadas en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ., del índice de este Juzgado de Distrito, y cuyos efectos transcribió la propia responsable en aquélla determinación (los cuales en obvio de repeticiones innecesarias no son transcritos). Por tanto, existe un impedimento para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues ello implicaría realizar un ejercicio de control constitucional sobre una actuación emitida en ejecución de una resolución de amparo que no dio pauta a la responsable a proceder de otro modo, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica. De ahí que se actualice la causa de improcedencia de trato. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.1o. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 256, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE AL SEÑALARSE COMO ACTO RECLAMADO UNA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA. Si el acto reclamado fue emitido en cumplimiento de una ejecutoria y en éste la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional, esto es, actuando sin plenitud de jurisdicción, es incuestionable que la autoridad responsable al emitir la resolución que se reclama, se encontraba vinculada totalmente a la sentencia de amparo; de ahí que los conceptos de violación aducidos no pueden ser objeto de estudio, mediante el juicio constitucional, precisamente porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la citada Ley." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado, al actualizarse las causas de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 485/2020, promovido por . contra el acto reclamado de las autoridades responsables, Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario, todos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo...

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