Juan Miguel Peña Vera
Expediente 599/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Miguel Peña Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a . en los siguientes términos: . En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, .para el efecto de que la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y de Enjuiciamiento Oral, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Córdoba, Veracruz: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el diez de noviembre de dos mil veinte en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, . contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá volver dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad, además de contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia llevada a cabo, a las que omitió dar respuesta, en las que esencialmente expuso lo siguiente: a) Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número . mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. b) Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. c) Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía. Luego, con plenitud de jurisdicción deberá resolver el recurso innominado ., que se hizo valer contra la determinación de no ejercicio de la acción penal. ." Por tanto, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, Juan Miguel Peña Vera. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectaban, esto es: a) Dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad. b) Contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia en las que esencialmente expuso lo siguiente: "I. Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número ., mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. II. Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. III. Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía." En acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia; y se requirió a la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio S-III847/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintidós de septiembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se estima lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1. Dejó insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado ., hecho valer por la víctima, . (minuto 5:58), 2. Con plenitud de jurisdicción confirmó la resolución impugnada, purgando los vicios formales señalados en la sentencia de amparo, pues determinó que no se acreditaba el primer elemento del delito de despojo descrito en el artículo 222 del Código Penal del Estado en vigor, ya que ambas partes poseen título de propiedad (minuto 17:07 a 17:50); asimismo, dio contestación a todos los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, como son, que la resolución se basa en el peritaje 4043 que concluye que no se puede identificar el bien inmueble (minuto 11:00 a 12:23); que las testimoniales e investigación de la policía ministerial son acordes en que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo (minuto 12:38 a 14:07 y 12:38 a 14:07); finalmente, que el no ejercicio de la acción penal carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima (minuto 15:43 a 19:35). En efecto, de la imposición del disco de audio y video que contiene la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se evidencia que la licenciada ..Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues precisó que al tener ambas partes un título que acredita la propiedad del bien inmueble del que se dice despojado el quejoso . no se acreditaba el primer elemento del antisocial de despojo; y que no resultaban fundados los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, ya que, consideró, existen pruebas periciales de las que no se advierte la identidad del inmueble controvertido, sin que se haya hecho de su conocimiento que se hubiera ofrecido diversa experticial pendiente de admisión o desahogo; que el dicho de los testigos no era la prueba idónea para acreditar la propiedad de un inmueble y que sí existen diversos medios de convicción aportados por el fiscal. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable, acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Ese entendido, deben desestimarse las manifestaciones formuladas por el quejoso al momento de desahogar la vista concedida con el cumplimiento a la sentencia de amparo, en el sentido que la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, no dio cumplimiento a la sentencia protectora, ya que omitió ordenar al Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, recabar de manera oficiosa los medios de convicción necesarios para acreditar la identidad del inmueble objeto del despojo, arrojándole la carga probatoria; y que tampoco observó que con el título de propiedad que posee se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el delito de despojo. Ello debido a que dichos argumentos se dirigen a combatir cuestiones fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por cuanto hace a su afirmación en el sentido que la responsable no tomó en consideración que tiene un título de propiedad respecto del inmueble materia de despojo; de la imposición de la audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se aprecia que al resolver el recurso innominado 20/2020, la juez responsable sí dio contestación a ello. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente una unidad usb aportada por la parte quejosa con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, dado que en el presente acuerdo se ha ordenado el archivo de los presentes autos, devuélvase a la licenciada . Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, los dos discos de audio y video que remitió junto con su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia amparadora.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a . en los siguientes términos: . En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, .para el efecto de que la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y de Enjuiciamiento Oral, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Córdoba, Veracruz: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el diez de noviembre de dos mil veinte en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, . contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá volver dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad, además de contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia llevada a cabo, a las que omitió dar respuesta, en las que esencialmente expuso lo siguiente: a) Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número . mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. b) Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. c) Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía. Luego, con plenitud de jurisdicción deberá resolver el recurso innominado ., que se hizo valer contra la determinación de no ejercicio de la acción penal. ." Por tanto, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, Juan Miguel Peña Vera. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectaban, esto es: a) Dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad. b) Contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia en las que esencialmente expuso lo siguiente: "I. Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número ., mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. II. Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. III. Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía." En acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia; y se requirió a la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio S-III847/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintidós de septiembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se estima lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1. Dejó insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado ., hecho valer por la víctima, . (minuto 5:58), 2. Con plenitud de jurisdicción confirmó la resolución impugnada, purgando los vicios formales señalados en la sentencia de amparo, pues determinó que no se acreditaba el primer elemento del delito de despojo descrito en el artículo 222 del Código Penal del Estado en vigor, ya que ambas partes poseen título de propiedad (minuto 17:07 a 17:50); asimismo, dio contestación a todos los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, como son, que la resolución se basa en el peritaje 4043 que concluye que no se puede identificar el bien inmueble (minuto 11:00 a 12:23); que las testimoniales e investigación de la policía ministerial son acordes en que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo (minuto 12:38 a 14:07 y 12:38 a 14:07); finalmente, que el no ejercicio de la acción penal carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima (minuto 15:43 a 19:35). En efecto, de la imposición del disco de audio y video que contiene la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se evidencia que la licenciada ..Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues precisó que al tener ambas partes un título que acredita la propiedad del bien inmueble del que se dice despojado el quejoso . no se acreditaba el primer elemento del antisocial de despojo; y que no resultaban fundados los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, ya que, consideró, existen pruebas periciales de las que no se advierte la identidad del inmueble controvertido, sin que se haya hecho de su conocimiento que se hubiera ofrecido diversa experticial pendiente de admisión o desahogo; que el dicho de los testigos no era la prueba idónea para acreditar la propiedad de un inmueble y que sí existen diversos medios de convicción aportados por el fiscal. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable, acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Ese entendido, deben desestimarse las manifestaciones formuladas por el quejoso al momento de desahogar la vista concedida con el cumplimiento a la sentencia de amparo, en el sentido que la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, no dio cumplimiento a la sentencia protectora, ya que omitió ordenar al Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, recabar de manera oficiosa los medios de convicción necesarios para acreditar la identidad del inmueble objeto del despojo, arrojándole la carga probatoria; y que tampoco observó que con el título de propiedad que posee se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el delito de despojo. Ello debido a que dichos argumentos se dirigen a combatir cuestiones fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por cuanto hace a su afirmación en el sentido que la responsable no tomó en consideración que tiene un título de propiedad respecto del inmueble materia de despojo; de la imposición de la audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se aprecia que al resolver el recurso innominado 20/2020, la juez responsable sí dio contestación a ello. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente una unidad usb aportada por la parte quejosa con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, dado que en el presente acuerdo se ha ordenado el archivo de los presentes autos, devuélvase a la licenciada . Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, los dos discos de audio y video que remitió junto con su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia amparadora.
- Principal
NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a . en los siguientes términos: . En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, .para el efecto de que la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y de Enjuiciamiento Oral, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Córdoba, Veracruz: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el diez de noviembre de dos mil veinte en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, . contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá volver dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad, además de contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia llevada a cabo, a las que omitió dar respuesta, en las que esencialmente expuso lo siguiente: a) Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número . mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. b) Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. c) Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía. Luego, con plenitud de jurisdicción deberá resolver el recurso innominado ., que se hizo valer contra la determinación de no ejercicio de la acción penal. ." Por tanto, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado . hecho valer por la víctima, Juan Miguel Peña Vera. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectaban, esto es: a) Dar contestación a las manifestaciones vinculadas con que ambas partes cuentan con título de propiedad. b) Contestar de manera detallada y puntual a todas las manifestaciones que formuló el asesor jurídico en la audiencia en las que esencialmente expuso lo siguiente: "I. Que la determinación del fiscal se basa esencialmente en el peritaje número ., mediante el cual informa que no existe un inmueble con las características que describe el testimonio público ofrecido por la víctima, por lo que no es posible citar medidas, la localización ni la colindancia; pero que dicho dictamen pericial debe tomarse a su favor, porque con las modificaciones que le hicieron al inmueble no es posible identificarlo. II. Que existen testimoniales y la investigación de la policía ministerial que son acordes en el sentido de que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo; que incluso cuenta con un recibo predial. III. Que carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima, ya que no se han recabado plenamente los datos de prueba para que se identifique el inmueble, como sería girar oficio al Registro Público de la Propiedad, al Departamento de Catastro de este Municipio, otra pericial en agrimensura o una inspección ocular por la fiscalía." En acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia; y se requirió a la autoridad responsable, licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio S-III847/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintidós de septiembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se estima lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1. Dejó insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso innominado ., hecho valer por la víctima, . (minuto 5:58), 2. Con plenitud de jurisdicción confirmó la resolución impugnada, purgando los vicios formales señalados en la sentencia de amparo, pues determinó que no se acreditaba el primer elemento del delito de despojo descrito en el artículo 222 del Código Penal del Estado en vigor, ya que ambas partes poseen título de propiedad (minuto 17:07 a 17:50); asimismo, dio contestación a todos los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, como son, que la resolución se basa en el peritaje 4043 que concluye que no se puede identificar el bien inmueble (minuto 11:00 a 12:23); que las testimoniales e investigación de la policía ministerial son acordes en que la víctima es el dueño del inmueble y logran identificarlo (minuto 12:38 a 14:07 y 12:38 a 14:07); finalmente, que el no ejercicio de la acción penal carece de motivación y se deja en estado de incertidumbre jurídica a la víctima (minuto 15:43 a 19:35). En efecto, de la imposición del disco de audio y video que contiene la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se evidencia que la licenciada ..Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues precisó que al tener ambas partes un título que acredita la propiedad del bien inmueble del que se dice despojado el quejoso . no se acreditaba el primer elemento del antisocial de despojo; y que no resultaban fundados los agravios tendentes a demostrar la identidad del inmueble, ya que, consideró, existen pruebas periciales de las que no se advierte la identidad del inmueble controvertido, sin que se haya hecho de su conocimiento que se hubiera ofrecido diversa experticial pendiente de admisión o desahogo; que el dicho de los testigos no era la prueba idónea para acreditar la propiedad de un inmueble y que sí existen diversos medios de convicción aportados por el fiscal. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable, acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Ese entendido, deben desestimarse las manifestaciones formuladas por el quejoso al momento de desahogar la vista concedida con el cumplimiento a la sentencia de amparo, en el sentido que la licenciada ., Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, no dio cumplimiento a la sentencia protectora, ya que omitió ordenar al Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, recabar de manera oficiosa los medios de convicción necesarios para acreditar la identidad del inmueble objeto del despojo, arrojándole la carga probatoria; y que tampoco observó que con el título de propiedad que posee se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el delito de despojo. Ello debido a que dichos argumentos se dirigen a combatir cuestiones fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por cuanto hace a su afirmación en el sentido que la responsable no tomó en consideración que tiene un título de propiedad respecto del inmueble materia de despojo; de la imposición de la audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se aprecia que al resolver el recurso innominado 20/2020, la juez responsable sí dio contestación a ello. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente una unidad usb aportada por la parte quejosa con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, dado que en el presente acuerdo se ha ordenado el archivo de los presentes autos, devuélvase a la licenciada . Juez de Control y Procedimiento Oral de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, los dos discos de audio y video que remitió junto con su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia amparadora.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta firmado por el quejoso ...; en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista concedida mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en relación al cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la sentencia amparadora. Asimismo, se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este juzgado se pronuncie si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida; asimismo, se le tiene señalando como su nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo notificaciones el que indica en el escrito que se provee.
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