Juan Pablo Cortes Reyes

Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
84/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Pablo Cortes Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de doce de febrero del año en curso, en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO AUTO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Además, se determina que el presente expediente una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso d), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original que fue aportado por la parte promovente, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. Finalmente, debido a que en la Secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda, exhibidas por el promovente y dado que con el presente?? proveído queda firme el auto en el que se desechó la misma, procédase a su destrucción.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION DE 12/02/2021 QUE EN SINTESIS DICE:...Sin embargo, este Juzgado de Distrito estima que respecto de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues el promovente lo consintió tácitamente, al no haber promovido el juicio de amparo, dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de la Materia. En efecto, los dispositivos 61, fracción XIV, 17 y 18 de dicho ordenamiento legal, en lo que trasciende establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleo de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del??????? artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. (...)" De lo expuesto en los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se tramita fuera del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En la especie, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el trece de enero de dos mil veintiuno, le fue notificada la negativa de acceder a un procedimiento abreviado y adjunta el original de la constancia de notificación, de la que se advierte que fue notificado en esa data. Luego, es evidente que entre la fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución que reclama, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el catorce del mismo mes y año, y aquélla en que presentó su demanda de amparo ante la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Córdoba, Veracruz (diez de febrero de dos mil veintiuno); transcurrió en exceso el término genérico de quince días hábiles con que contaba el peticionario de amparo para inconformarse en la vía constitucional contra los actos reclamados de referencia. Es pertinente señalar que el acto aquí reclamado, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; y no se trata de una sentencia condenatoria en materia penal, o bien, de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece. Asimismo, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, la ley, el tratado internacional o el reglamento; y que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Esto es, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, por lo que la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede?????? por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo que es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio. Por ello, el interés jurídico es el derecho que tiene el justiciable para reclamar algún acto de autoridad que le cause perjuicio. En ese sentido, un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos; es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamable en juicio. Por otro lado, como se precisó en párrafos que anteceden, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la negativa de acceder a un procedimiento abreviado, en los autos del proceso penal 305/2020, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento, de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, Tercera Sala, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Por tanto, carece de interés jurídico para instar la acción constitucional en atención a la naturaleza del acto destacado, debido a lo siguiente: El artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: (.) VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad SALVADOR OROZCO DOMINGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3e.20 15/10/23 21:17:54 judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad." El precepto constitucional transcrito constituye el fundamento de las formas anticipadas de conclusión del proceso, entre las que se ubica el procedimiento especial abreviado, el cual procede bajo los supuestos y bajo las modalidades establecidas en las leyes secundarias; en el caso, en los preceptos 185, 201 y 202, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso." CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ABREVIADO Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral;???????? c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. (.)". La interpretación de las normas reproducidas permite comprender que el procedimiento abreviado constituye un principio general del sistema penal acusatorio, el cual es regulable y revisable por el juez a partir de que el implicado no se oponga a él y el Ministerio Público cuente con elementos suficientes para corroborar la imputación, que debe ser aceptada por aquél, desde luego, bajo determinadas reglas jurídicas adicionales. La posición del juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que figurar como un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. Su finalidad resulta en una vía procesal que permite acceder a una forma de terminación anticipada del proceso, con el objeto de que el imputado alcance algún beneficio, de forma destacada, la reducción de penas; adicionalmente, en obtener una rápida solución al conflicto, con la consecuente y eventual reparación del daño a la víctima. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, al encontrarse esa propia facultad restringida a la petición del ente acusador, y no tutelar el numeral 202, del ordenamiento en cita, derecho alguno en ese sentido a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que no se cumple con el presupuesto procesal para su procedencia. En ese sentido, la negativa de acceder a un procedimiento abreviado no materializa una afectación actual, real y directa sobre algún derecho sustantivo, ya que no se tiene la certeza de que, el proceso deba concluir con una condena en perjuicio del imputado, sino que únicamente se refiere a una determinación de trámite de aperturar o no el procedimiento por una vía especial, facultad que se encuentra restringida al Ministerio Público. Por lo expuesto, se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.P.32 P, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2096 del Tomo III, correspondiente al mes de abril de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE SU APERTURA. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el proceso constitucional autónomo sólo puede promoverse por la parte a la que le afecte el acto, omisión o ley que se reclama, ya que su objeto es reparar las violaciones que determinado acto de autoridad genera sobre los derechos del quejoso, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados. En ese tenor, atento a que de los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código?????? Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia." (Décima Época, registro digital 2019669, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 2019, Libro 65, materia penal, página 2096). Finalmente, se considera que de igual manera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1o, fracción I, y 5°, fracción II, del citado ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.?????? 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y penal. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. Por su parte, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional antes citado, en relación con el diverso 185, del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los diversos numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. De ahí, que si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso, que en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad sino un acto procedimental. Estimar lo contrario, implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A,?????? fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia PC.III.P. J/17 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, agosto de dos mil dieciocho, pagina 2222, de rubro y texto siguientes: "REDUCCIÓN DE LA PENA PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PROCESO PENAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUANDO SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE LA NIEGA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b) se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c) no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código referido." Cabe puntualizar además, que el acto reclamado de ninguna manera repercute en el derecho a la libertad personal del imputado. El cual únicamente puede ser restringido a través de la medida cautelar de prisión preventiva que es una figura jurídica distinta. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Cortes Reyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad; como autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Araceli Blanco Rincón, en razón de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y como su autorizada con facultades restringidas, en términos del segundo párrafo del precepto en cita, esto es, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a María Yesica Alvarado Sánchez, por no estar en igualdad de circunstancias. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio.????? Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la 1. Coordinadora de la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, y otra autoridad.

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