Juan Molina Lagunes
Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Molina Lagunes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese el telegrama que remite el Encargado de la Jefatura de Detectives de Paso del Macho, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 33662/2021, por el que se hizo de su el auto de diecisiete de junio del año en curso. Sin que obste, que realice manifestaciones en cumplimiento a la sentencia amparadora; toda vez que de autos se advierte que en la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, misma que causó estado el diecisiete de junio del año que transcurre, y se ordenó su archivo. Cúmplase
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 198/2021, promovido ., contra actos del 1. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito, con sede en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de su derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de marzo del año en curso, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: "III. Autoridades Responsables: Ordenadora FISCAL PRIMERO INVESTIGADOR EN DELITOS DIVERSOS DE LA UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO UNO, con residencia pública y notoria en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ejecutoras. COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN DE LA POLICÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN CÓRDOBA, VERACRUZ. Leonel Ronquillo Espina, Policía ministerial del Municipio de paso del macho con residencia y notoria en ese municipio. IV. Acto Reclamado. DE LAS ORDENADORAS.- la privación ilegal de la libertad personal, fuera del procedimiento judicial, así como la incomunicación, ya hasta este momento no han dicho al suscrito los hechos por los cuales estoy retenido, sin que hasta este momento exista informe policial homologado dentro de la carpeta de investigación . DE LA EJECUTORA. a. El cumplimiento de esa orden. b. La falta de integración del informe homologado y el desconocimiento del hecho generador de mi privación ilegal de mi libertad. (...)" SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veinte, este órgano de control constitucional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que el acto reclamado, tuvo ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama del 1. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, Córdoba, Veracruz: a) La privación ilegal de libertad fuera de procedimiento. b) La incomunicación. Asimismo, de las ejecutoras 2. Delegado de la Policía Estatal Región XXI conurbación Córdoba-Fortín, Veracruz y 3. Agente de la Policía Ministerial de Paso del Macho, Veracruz: c) La ejecución de dichos actos. d) La falta de integración del informe homologado y el desconocimiento del hecho generador de su privación de libertad. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto que se reclama. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos precisados en los incisos b) y d) del considerando anterior, reclamado a la autoridad responsable, Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, Córdoba, Veracruz, y a las autoridades ejecutoras, pues al rendir su informe con justificación negó la autoridad ordenadora su existencia, sin que el quejoso haya aportado medio de prueba alguno que desvirtúe dicha negativa. Máxime si respecto a la incomunicación reclamada se toma en consideración que en diligencia de nueve de marzo del presente año, el propio quejoso indicó, entre otras cosas, que tuvo comunicación con su familia y su abogado, lo cual fue corroborado por el actuario judicial de la adscripción. Por otro lado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la inexistencia de la omisión reclamada, consistente en la falta de integración del informe policial homologado y el desconocimiento del hecho generador de su privación de libertad; pues obra agregado en la carpeta de investigación el aludido informe policial; y de la constancia levantada por la Fiscal se desprende que hizo del conocimiento de . el contenido del informe, así como el hecho que se le imputa y la persona que lo denunció (foja 47 del tomo de prueba). En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Certeza de actos reclamado. Son ciertos los actos reclamados señalados en los incisos a) y c), del considerando segundo. Ello, en razón de que la 1. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, Córdoba, Veracruz, 2. Delegado de la Policía Estatal Región XXI Conurbación Córdoba-Fortín, y 3. Agente de la Policía Ministerial de Paso del Macho, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que el nueve de marzo de dos mil veintiuno fue detenido el quejoso, ., como probable responsable del hecho constitutivo de delito de detentación de vehículo robado en modalidad de alteración de dígitos, por lo que se radicó la carpeta de investigación .. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitida por el Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, Córdoba, Veracruz; documental pública que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados a que se contrae este considerando. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos del acto aquí reclamado han cesado, con motivo de que el once de marzo del año que transcurre, el directo quejoso, ., fue puesto en libertad. En efecto, el precepto legal antes invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de las constancias remitidas por la 1. Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, con sede Córdoba, Veracruz, se advierte que el quejoso, ., fue detenido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, por la conducta delictiva tipificada como detención de vehículo robado en modalidad de alteración de dígitos; sin embargo, de las actuaciones remitidas por el 2. Delegado de la Policía Estatal Región XXI Conurbación Córdoba-Fortín, se observa que la referida Fiscal, mediante oficio 2719/2021, de once de marzo siguiente, ordenó su inmediata libertad con las reservas de ley; documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese entendido han desaparecido en forma total los efectos de la detención aquí reclamada por el quejoso, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 61, fracciones XVI y XVII, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por . contra los actos reclamados de las autoridades responsables y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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