Juan Melendez Xopa
Expediente 112/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN MELENDEZ XOPA y Otros.
- Juan Melendez Xopa
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que los quejosos Juan Meléndez Xopa y Leticia Morales Roldán, no desahogaron el requerimiento que les fue formulado por esta autoridad en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de que, precisaran cuál era la autoridad responsable ordenadora que emitió las órdenes de aprehensión, detención y presentación giradas presuntamente en su contra. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo signada por Juan Meléndez Xopa y Leticia Morales Roldán, quienes promueven por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Director de la Policía Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 3. Director de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía del Estado de Puebla; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 112/2018-B. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y su penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise cuál es la autoridad responsable ordenadora que emitió las órdenes de aprehensión, detención y presentación giradas presuntamente en su contra, a quien atribuyen la ejecución de dichos actos reclamados a las autoridades responsables 1. Director de la Policía Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 3. Director de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía del Estado de Puebla; ya que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridades responsables ejecutoras a las previamente citadas, sin indicar cuál es la autoridad ordenadora que emitió los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame, así como quién emitió el mismo; lo anterior es así, en razón de que el requisito aludido no constituye una sola formalidad, sino un aspecto trascedente, pues no se tiene la certeza jurídica qué autoridad emitió cada una de las órdenes de captura que los quejosos señalan de inconstitucionales. Aunado, a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados (en el entendido que también de dónde emanan éstos), lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. En ese sentido, hágase saber a la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la citada ley, para cada una de las partes. Se apercibe al promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por los quejosos y no por conducto de las personas que autorizan en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte promovente a Juan Meléndez Xopa; sin perjuicio de que, en su caso, la parte quejosa lo sustituya. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo; en esas condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Por otra parte, se tienen por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Claudia Juárez Ortiz, Cecilia Juárez Roldán y Guillermina Molina Sánchez, quienes cuentan con cédulas profesionales de Licenciadas en Derecho, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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