Juan Miranda Lopez
Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CRECENCIO MEJIA NAVA y Otros.
- Juan Miranda Lopez
- Crecencio Mejia Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Desiree Bernal Quintana), en apoyo a su informe justificado consistente en el duplicado de la averiguación previa 1634/2016/ORIEN de su estadística, se ordena devolver dicho documento a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 674/2020-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Crecencio o Crescencio Mejía Nava y Juan Miranda López; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre del presente año (fojas 1 a 8), mediante buzón judicial y remitida el día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Crecencio o Crescencio Mejía Nava y Juan Miranda López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Desiree Bernal Quintana). Los quejosos narraron bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veinticinco de septiembre del presente año (fojas 11 a 15), la demanda promovida por Crecencio o Crescencio Mejía Nava y Juan Miranda López, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 674/2020-B, se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 20). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte (fojas 24 a 25), se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las doce horas con veintidós minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para su celebración, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que Juan Miranda López y Crecencio o Crescencio Mejía Nava, en esta instancia constitucional, reclaman: - El citatorio que les fue girado por la autoridad responsable, dentro de los autos de la averiguación previa 1634/2016/ORIEN, a efecto de desahogar sendas diligencias periciales en materia de caligrafía a su cargo, a las once horas y doce horas con treinta minutos, del seis de octubre del presente año, en su respectivo domicilio. TERCERO. Existencia o Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Desiree Bernal Quintana). Aceptó (Fojas 22 y 23) La autoridad responsable señalada, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Que se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable, consistente en el duplicado de la averiguación previa 1634/2016/ORIEN, al que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, de cuyo contenido se aprecia que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se emitieron los citatorios reclamados (fojas 265 a 267, anexo I). Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, son ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La averiguación previa de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados, se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito considera que respecto de los citatorios reclamados, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional, por las siguientes razones. La fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser vulnerado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, es necesario reiterar que los quejosos reclaman los citatorios de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que les fueron girados por la autoridad responsable, dentro de los autos de la averiguación previa 1634/2016/ORIEN, a efecto de desahogar sendas diligencias periciales en materia de caligrafía a su cargo, las cuales se verificarían a las once horas y doce horas con treinta minutos, del seis de octubre del presente año, en su respectivo domicilio. Para mayor ilustración, se insertan los citatorios materia del presente juicio: Del contenido de los citatorios librados a los quejosos se observa que el Representante Social investigador, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y apoyado con los artículos 21, fracción I, 44, 47, fracción II, 50, fracción I, inciso a), 51, fracción I, 73, 83 y 108, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 6, fracción I y IX, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó a los justiciables a que el martes seis de octubre del presente año, en las correspondientes horas y domicilios, llevaría a cabo diligencias ministeriales de carácter pericial, a efecto de recabar de cada uno, muestras caligráficas a través de los ejercicios correspondientes, ello, por ser necesario para la debida integración de la indagatoria. En ese contexto, dichos actos reclamados no pueden considerarse restrictivos del patrimonio jurídico de los peticionarios del amparo, en virtud que de la lectura de los mismos, se desprende que carecen de apercibimiento en caso de actualizarse la hipótesis de que los justiciables incumplan con lo ordenado por el Representante Social, es decir, omitan acatar el mandato de desahogar en la fecha, hora y lugar ahí precisados, las diligencias ministeriales de índole pericial a su cargo. No es óbice a lo arriba aseverado, que el agente del Ministerio Público en el texto de los citatorios materia del presente juicio, invocó el artículo 47, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que es del tenor siguiente: "Artículo 47. Las citaciones se rigen por lo dispuesto en los siguientes preceptos: I. Las citaciones de testigos, peritos y demás que no estén directamente interesados en el proceso, se harán por medio de órdenes o cédulas firmadas por el Juez, que llevarán los agentes de la policía judicial o municipal, o comisarios del Juzgado o Sala en donde los hubiere, poniendo el secretario en autos la constancia respectiva; II. Con excepción de los Funcionarios tanto de la Federación como del Estado, toda persona está obligada a presentarse ante los Tribunales y oficinas del Ministerio Público cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo por imposibilidad física o material; El Ministerio Público podrá ordenar la presentación a través de la Policía Judicial de las personas que debidamente citadas a declarar en relación con los hechos que se investigan no comparezcan sin justificación;". Del transcrito precepto legal, se advierte que el Representante Social tiene la facultad de ordenar la presentación a través de la fuerza pública, de las personas que debidamente citadas no comparezcan sin justificación. Sin embargo, en los citatorios materia del juicio, tal como quedó asentado, el Agente del Ministerio Público, no realizó apercibimiento alguno, esto es, dejó de advertir o prevenir, a los aquí quejosos, que en caso de incumplimiento a lo indicado en tales citaciones, la consecuencia de ello sería la de ordenar su presentación a través de la fuerza pública. Por tanto, la simple cita del numeral 47, fracción II, del ordenamiento procedimental de la materia y fuero, carece de relevancia para estimar la existencia de alguna consecuencia en caso del incumplimiento a los citatorios emitidos por el Agente del Ministerio Publico responsable, esto es, del apercibimiento respectivo. En virtud de lo anterior, tales citatorios sin apercibimiento, se consideran únicamente una simple convocatoria a comparecer ante el Agente del Ministerio Público, acto que este último emite en uso de las facultades de investigación que le otorga el artículo 21, de la Constitución, pero que no afecta derechos sustantivos del gobernado, en atención a que queda al libre albedrio del citado cumplir o no lo ordenado por el Representante Social. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por el artículo 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene la facultad para emplear los medios de investigación que estime conducentes según su criterio, siempre que no sean contrarios a derecho, para la integración de la averiguación previa. En ese sentido, los citatorios que en el particular nos ocupan, constituyen actos llevados a cabo por el Representante Social investigador que tienen la finalidad de integrar la averiguación previa, y que no vulneran los derechos sustantivos de los quejosos, al no contener algún apercibimiento para el caso de incumplimiento; en virtud, que se itera, el acatamiento de lo ordenado, queda a la libre voluntad de los peticionarios del amparo. A lo antes considerado encuentra aplicación el criterio emitido por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en el que esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no es procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello sucede cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados, lo que no acontece cuando la citación carece de apercibimiento, puesto que su destinatario está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue convocado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee este sumario constitucional por cuanto a los citatorios de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitidos dentro de la averiguación previa 1634/2016/ORIEN. Atento a lo considerado, no es jurídicamente posible realizar el estudio de los conceptos de violación formulados, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo; motivo por el que tampoco es procedente emitir mayor pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por los quejosos, ni considerar, lo por ellos expuesto, en su ocurso de alegatos. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Juan Miranda López y Crecencio o Crescencio Mejía Nava, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando quinto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita; en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma , Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito del quejoso CRESCENCIO O CRESENCIO MEJÍA NAVA y, en su atención, se provee: Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa, copia certificada de las constancias que indica (que obran tanto en el expediente principal como en el anexo I), a través de las personas que autoriza para tal efecto, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma); en la inteligencia, que deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por ********************autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el presente expediente; sin embargo, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procesos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente, ya que el referido ocursante no está facultado para promover en este juicio, pues hasta el momento, se encuentra autorizado por la parte quejosa únicamente con las facultades restringidas del citado numeral de la ley de la materia; lo anterior, sin perjuicio de que sea el aquí quejoso quien, eventualmente, proporcione los datos necesarios para acreditar la calidad de licenciado en Derecho del promovente, o en su defecto, el peticionario de amparo sea quien solicite la reproducción de las constancias que refiere en el libelo de cuenta. Notifíquese por lista al ocursante.
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