JUAN MANUEL MARTINEZ MARQUEZ y Otros.

Expediente 1054/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1054/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • JUAN MANUEL MARTINEZ MARQUEZ y Otros.
  • Juan Manuel Martinez Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio 3767 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y anexo que al mismo acompaña; y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por proveído de dieciocho de octubre de esta anualidad, pues al efecto devuelve debidamente diligenciado el despacho 758/2017 deducido del presente asunto. Atento a lo anterior, téngase por notificado al quejoso Juan Manuel Martínez Márquez, del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dese de baja el despacho 758/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio 3505 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y en atención al contenido del mismo, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diecinueve de septiembre de esta anualidad, pues al efecto devuelve debidamente diligenciado el despacho 669/2017 deducido del presente asunto. Atento a lo anterior, ténganse por notificado al quejoso Juan Manuel Martínez Márquez del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dese de baja el despacho 669/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1054/2017-C. Establecido lo anterior, en primer término, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, relacionados con el similar 107, fracción I, de la Constitución Federal y el 6 de aquél ordenamiento, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por las razones siguientes: Del análisis realizado al referido escrito de demanda se advierte que el mismo carece de firma autógrafa del promovente Juan Conde Pérez o del directo quejoso Juan Manuel Martínez Márquez, o evidencia criptográfica de su envío por línea, por lo que resulta inconcuso que aquél no expresó su voluntad para ejercitar la acción constitucional y por ello no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, entre otros o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona a su nombre. En tal sentido, de la demanda no se desprende cuál es la imposibilidad que tiene Juan Manuel Martínez Márquez, para promover la demanda y firmarla de manera autógrafa, pues únicamente se aprecia que está detenido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, pero no se advierte que esté incomunicado. De igual forma el acto reclamado (orden de traslado ejecutado), no es un acto fuera de procedimiento que ataca la libertad de Juan Manuel Martínez Márquez, pues del capítulo de actos reclamados y antecedentes del mismo se menciona que el Juez Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, calificó de legal el traslado del quejoso del Centro de Reinserción de Zacatlán, al diverso de Tepexi de Rodríguez Puebla, de ahí que al tener una participación de autoridad jurisdiccional no se está en presencia de un acto fuera de procedimiento. En efecto, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, la firma electrónica es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si al promoverse una demanda de amparo, mediante el empleo de las tecnologías de la información, el quejoso no utiliza su firma electrónica, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, ya que no existe firma de quien promueve y no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de instar el juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías, por ser notoria e indubitable su improcedencia, ya que la voluntad de las partes se exterioriza a través de la firma y en el presente caso dicha hipótesis no se actualiza, pues como ya se dijo, el referido escrito carece de la firma electrónica del promovente y no estamos dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Orienta el criterio que aquí se sostiene la tesis de rubro, texto y datos de localización siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA." "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA." "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE" En tal sentido, como se indicó, debe decirse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, no se advierte que se esté en un supuesto de excepción para admitir a trámite la misma sin firma electrónica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo y 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal (anteriormente citados), en virtud de que el acto reclamado no constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, pues si bien es cierto el traslado impugnado se reclama a autoridades administrativas, no menos verídico resulta que se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento en el que tuvo intervención una autoridad judicial quien lo calificó de legal; aunado a que el quejoso directo no está imposibilitado para promover por propio derecho. De igual forma, del análisis del escrito de demanda se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los transcritos preceptos legales se advierte lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2) Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte la existencia de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que el promovente señala como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. En tal sentido, la situación de que el directo quejoso esté detenido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, no es impedimento para que firme la demanda de garantías, máxime que no manifiesta que se encuentre incomunicado, ni el por qué está imposibilitado para promover el juicio de amparo. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede. Por otro lado, el promovente Juan Conde Pérez tampoco manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser el defensor del quejoso en términos del diverso numeral 14 para que sea factible la admisión de la demanda en ese supuesto, y contrario a lo señalado en la demanda de amparo, como se explicó en el párrafos precedentes; no se está frente a un acto fuera de procedimiento, pues si bien es cierto el traslado impugnado se reclama a autoridades administrativas, no menos verídico resulta que se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento en el que tuvo intervención una autoridad judicial quien lo calificó de legal; aunado a que el quejoso directo no está imposibilitado para promover por propio derecho. Además, se insiste, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso); y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional. Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de la parte quejosa, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que el quejoso esté imposibilitado para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que le impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo." Por otra parte, también es de precisarse que de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el promovente en la presente instancia constitucional son: La determinación de traslado del directo quejoso (sesión extraordinaria de treinta y uno de agosto pasado), su calificación de legal, la resolución donde se ordena (acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete), así como su ejecución (cuatro de septiembre del año en curso), del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, son materia del diverso juicio de amparo 1035/2017-E de esta estadística. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que también se actualiza otra causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) De la interpretación del contenido del precepto legal antes transcrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La finalidad de la causa de improcedencia de mérito es impedir que en dos juicios se resuelva el mismo caso, para evitar sentencias contradictorias, pues de no hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Por lo que resulta como hecho notorio para la suscrita que en el diverso juicio de amparo 1035/2017-C del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Juan Conde Pérez a nombre de Juan Manuel Martínez Márquez, también se tuvieron como actos reclamados La determinación de traslado del directo quejoso (sesión extraordinaria de treinta y uno de agosto pasado), su calificación de legal, la resolución donde se ordena (acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete), así como su ejecución (cuatro de septiembre del año en curso), del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y señaló como autoridades responsables también al 1. Encargado del Centro de Reinserción Social del Municipio de Zacatlán, Puebla, 2. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 3. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, 4. Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla, 5. Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez Puebla; y, 6. Juez de lo penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, narrando los mismos hechos que dan origen a los actos reclamados en ambas demandas. Por lo que se ordena extraer copia certificada de la papeleta de turno, demanda y auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, y agregarlas al en que se actúa, para los efectos legales procedentes. De lo anterior se colige que, en el presente asunto opera la figura jurídica de litispendencia, dado que en el juicio en que se actúa y en el diverso 1035/2017-E del índice de este juzgado Federal, el quejoso Juan Conde Pérez a nombre de Juan Manuel Martínez Márquez, reclama los mismos actos La determinación de traslado del directo quejoso (sesión extraordinaria de treinta y uno de agosto pasado), su calificación de legal, la resolución donde se ordena (acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete), así como su ejecución (cuatro de septiembre del año en curso), del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y señaló como autoridades responsables también al 1. Encargado del Centro de Reinserción Social del Municipio de Zacatlán, Puebla, 2. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 3. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, 4. Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla, 5. Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez Puebla; y, 6. Juez de lo penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, sin que a la fecha haya quedado firme el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete por el que se desechó la demanda de amparo en el mencionado expediente 1035/2017-C; por lo que, resulta evidente para la suscrita la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobran aplicación, las tesis cuyos rubros y texto son del tenor siguiente: LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. En efecto, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (1054/2017-C y el diverso 1035/2017-E del índice de este juzgado, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable ordenadora y de actos reclamados en tales juicios. En ese sentido, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la referida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido el directo quejoso, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al directo quejoso Juan Manuel Martínez Márquez, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1054/2017-C-; Notifique a la parte quejosa el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación

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