Juan Manuel Rueda Juarez

Expediente 995/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
995/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • JUAN MANUEL RUEDA JUAREZ y Otros.
  • Juan Manuel Rueda Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 33264/2022, signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control, visto su contenido, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de octubre de dos mil veintidós y remitiendo las constancias que le fueron solicitadas. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional.I. ACTOS RECLAMADOS. 1. De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Marcela Elizabhet García Cante):a) La resolución pronunciada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. De la Directora del Centro Penitenciario de Puebla (María del Rayo Mendoza Farfán):b) La ejecución de dicha determinación. II. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.Como ya se adelantó, este juzgador de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)"En relación con dicha porción normativa se estima que es improcedente entrar al estudio de las violaciones cometidas en el procedimiento penal acusatorio una vez que se ha transitado de una etapa a otra del mismo.Al respecto se cita la siguiente tesis:"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo". Para corroborar la causa de improcedencia, conviene mencionar que tratándose del Sistema Procesal Penal Adversarial de Corte Acusatorio y Oral, el "cambio de situación jurídica" debe atenderse a la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales en sí mismas, pues esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Ahora bien, sobre el particular, ********, reclama de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control y otra autoridad, la resolución dictada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como su ejecución. Sin embargo, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en audiencia de once de octubre de dos mil veintidós, fue emitido FALLO ABSOLUTORIO en autos de la causa penal 187/2019, a favor del aquí quejoso ***** y otro, respecto de los siguientes delitos: 1. Robo de vehículo de automotor que presta servicio de autotransporte federal de carga, previsto y sancionado en el artículo 367, en relación con los diversos 376 Bis y 376 Ter, todos del Código Penal Federal. 2. Privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso d), con las agravantes establecidas en el artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.3. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, incisos b) y f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, 4. Utilización de vehículo robado, previsto y sancionado en el artículo 375, fracción VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En consecuencia se ordenó el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se ordenó girar el oficio de libertad correspondiente a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla. En este estado de cosas, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia previamente señalada, pues queda demostrado que respecto el acto reclamado consistente en la resolución pronunciada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se actualizó un cambio de situación jurídica, con el dictado de la sentencia absolutoria en el proceso de origen, sin que exista la necesidad de esperar a que el referido fallo absolutorio quede firme, pues ese tipo de sentencias destruyen total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías.III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas con veinticuatro minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, señaladas en auto de veintiuno de septiembre del presente año para la celebración de la audiencia constitucional (foja 11), pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público federal; por lista a los terceros interesados Verónica Flores García asesora de jurídica de la víctima, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Puebla, MEX AMERIK, Sociedad Anónima de Capital Variable; mediante oficio a las autoridades responsables, al autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 33264/2022, signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control, visto su contenido, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de octubre de dos mil veintidós y remitiendo las constancias que le fueron solicitadas. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. I. ACTOS RECLAMADOS. 1. De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Marcela Elizabhet García Cante):a) La resolución pronunciada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. De la Directora del Centro Penitenciario de Puebla (María del Rayo Mendoza Farfán):b) La ejecución de dicha determinación. II. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.Como ya se adelantó, este juzgador de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)"En relación con dicha porción normativa se estima que es improcedente entrar al estudio de las violaciones cometidas en el procedimiento penal acusatorio una vez que se ha transitado de una etapa a otra del mismo.Al respecto se cita la siguiente tesis:"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo". Para corroborar la causa de improcedencia, conviene mencionar que tratándose del Sistema Procesal Penal Adversarial de Corte Acusatorio y Oral, el "cambio de situación jurídica" debe atenderse a la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales en sí mismas, pues esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Ahora bien, sobre el particular, ********, reclama de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control y otra autoridad, la resolución dictada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como su ejecución. Sin embargo, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en audiencia de once de octubre de dos mil veintidós, fue emitido FALLO ABSOLUTORIO en autos de la causa penal 187/2019, a favor del aquí quejoso ***** y otro, respecto de los siguientes delitos: 1. Robo de vehículo de automotor que presta servicio de autotransporte federal de carga, previsto y sancionado en el artículo 367, en relación con los diversos 376 Bis y 376 Ter, todos del Código Penal Federal. 2. Privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso d), con las agravantes establecidas en el artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.3. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, incisos b) y f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, 4. Utilización de vehículo robado, previsto y sancionado en el artículo 375, fracción VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En consecuencia se ordenó el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se ordenó girar el oficio de libertad correspondiente a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla. En este estado de cosas, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia previamente señalada, pues queda demostrado que respecto el acto reclamado consistente en la resolución pronunciada en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 187/2019, en la que se declaró infundada la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se actualizó un cambio de situación jurídica, con el dictado de la sentencia absolutoria en el proceso de origen, sin que exista la necesidad de esperar a que el referido fallo absolutorio quede firme, pues ese tipo de sentencias destruyen total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías.III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas con veinticuatro minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, señaladas en auto de veintiuno de septiembre del presente año para la celebración de la audiencia constitucional (foja 11), pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público federal; por lista a los terceros interesados Verónica Flores García asesora de jurídica de la víctima, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Puebla, MEX AMERIK, Sociedad Anónima de Capital Variable; mediante oficio a las autoridades responsables, al autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Intégrese a las actuaciones el pedimento 303/2022 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga por presentado en tiempo y forma los alegatos de cuenta; 2. Se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en el presente juicio de garantías; y, 3. Se le expida copia de las constancias que indica en su comunicado de cuenta. Al respecto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas sus manifestaciones, vertidas en vía de alegatos; solicitando se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa del presente juicio de amparo; y, en el momento procesal oportuno, expídasele a su costa copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional; así como del auto que la declare ejecutoriada. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos aparece que para integrar debidamente el presente juicio de amparo es necesario contar con lo siguiente: Acuerdo dictado en autos de la causa penal 187/2019, de la estadística del juzgado de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio del centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que señaló el cuatro de octubre de dos mil veintidós, para la celebración del juicio oral. La resolución del recurso de revocación que confirmó como fecha para la celebración del juicio oral (el cuatro de octubre de dos mil veintidós), e; Informe si se celebró la audiencia de juicio oral fijada para el cuatro de octubre de dos mil veintidós, y remita las constancias que acrediten lo anterior. En ese sentido, solicítese a la autoridad responsable Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando en su carácter de Jueza de Control, para que de no tener inconveniente legal alguno haga llegar la información solicitada a este órgano de control constitucional. Notifíquese por medio de lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable requerida.

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