Juan Medrano Alguera

Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
130/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Medrano Alguera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la juez Menor Mixto, con residencia en Cortazar, Guanajuato, por el cual acusa recibo del comunicado ****; lo anterior, pues en acuerdo previo se tuvo por recibido un diverso comunicado con igual contenido y se acordó lo conducente.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la jueza Menor Mixto, con residencia en Cortazar, Guanajuato, Guanajuato, se le tiene acusando recibo del comunicado por el que se le notificó el acuerdo en el que se ordenó el archivo del presente asunto, y se le remitió los tomos de pruebas y un sobre con documentos que allegó a su informe de ley.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo -en el expediente principal-, y por una parte se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas y un sobre que dice contener el documento base de la acción que el juez responsable allegó a su informe de ley, se ordena su devolución.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 130/2021, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, juez Menor Mixto, residente en Cortazar, Guanajuato, ****** solicitó, en la vía directa, el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Menor Mixto, residente en Cortazar, Guanajuato y otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 77 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Una vez integrado el expediente, el juzgador responsable lo remitió al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, con sede en Guanajuato, capital, para su substanciación. Por razón de turno conoció el Segundo, cuyo presidente el cuatro de marzo pasado decretó la legal incompetencia, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia ni resolución que pone fin a juicio. Asimismo, lo envió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad. TERCERO. Por cuestión de turno, tocó conocer a este Juzgado Octavo. En auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda y únicamente se mandó notificar el proveído a las autoridades responsables y a la parte tercera interesada, en razón de que ya habían sido emplazadas. Asimismo, se dio la intervención legal que compete al fiscal de la adscripción. CUARTO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir son ejecutables en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa el acto reclamado: La audiencia de remate efectuada el cinco de noviembre de dos mil veinte en el juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Único Menor Mixto en Cortazar, Guanajuato, en el que se declaró fincado el remate en favor de ****** y se ordenó otorgar la escritura del inmueble materia del litigio. TERCERO. Existencia de actos. El juez Menor Mixto, residente en Cortazar, Guanajuato, aceptó la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó, por lo que se tiene como tal para resolver el presente juicio. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Menor Mixto, con sede en Cortazar, Guanajuato, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: ****** y ******, en su carácter de endosatarios en propiedad de ******, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, al aquí quejoso. El reclamo versó sobre la cantidad consignada en el documento base de la acción y anexidades legales. El siete de diciembre de dos mil diecisiete se verificó la diligencia tripartita, en la que se embargó un inmueble identificado ******. Seguido el juicio por su cauce legal, el dos de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demanda al pago de treinta y ocho mil pesos por concepto de suerte principal más anexidades legales. En el fallo se hizo saber que, de no cumplirse con la obligación, se remataría el inmueble secuestrado. En auto de diez de octubre de dos mil diecinueve se declaró que dicho fallo causó ejecutoria. En escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el actor presentó avalúo del bien embargado. A esa promoción recayó el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en el que se puso a la vista de las partes para que se impusieran de su contenido, en términos del artículo 1411 del Código de Comercio. En auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas del treinta de enero de dos mil veinte para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de remate en primer almoneda del inmueble embargado. En escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, el mandatario del demandado promovió incidente de "suspensión o interrupción del procedimiento", bajo el argumento de que uno de los dos endosatarios en procuración (******) había fallecido y no existía en juicio representación de su sucesión. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la incidencia. El treinta de enero de dos mil veinte, se levantó acta de imposibilidad de llevar a cabo el remate, en razón de que no se encontraban las partes ni postor alguno. El cinco de febrero de dos mil veinte, se resolvió el incidente de suspensión, por improcedente, esto es, se desechó, bajo las siguientes consideraciones: "El actor incidentista en realidad está promoviendo 2 incidentes: Incidente de nulidad de actuaciones; y Suspensión o interrupción del procedimiento. El principal efecto de la invalidez del acto procesal de notificación, es retrotraer el juicio al momento inmediato anterior a la notificación practicada, es decir, caerán así los actos procesales posteriores dependientes, pero no los anteriores. Declarada la ineficacia del acto procesal de notificación, corresponde mandar que se le reitere de conformidad con las formalidades procesales correspondientes. Así tenemos que a efecto de acreditar su pretensión agrega: -Copia certificada del acta de defunción número****** a nombre de ****** de fecha 16 dieciséis de febrero de 2019. Ahora bien, la personalidad la cual en el campo del derecho procesal se entiende, en un sentido amplio a la capacidad de ser sujeto de derecho, en ser un centro ideal de imputación de derechos y obligaciones, y en un sentido más restringido se identifica a la personalidad de los litigantes como la que los faculta para comparecer válidamente como parte y ejercitar sus derechos. La personalidad de los litigantes es el requisito para ser parte en un proceso o intervenir en él como un tercero, consiste en tener personalidad jurídica, es la facultad que la ley reconoce a determinadas personas y niega a otras de ejercitar el derecho de la acción procesal, de acudir a los tribunales en demanda de justicia llevando a cabo todos. La personalidad entre otros presupuestos procesales, es un requisito que previamente ha de cumplirse para la procedencia de la acción pues es necesario para que la relación procesal pueda válidamente constituirse y mediante su desarrollo obtenerse la sentencia, luego entonces la personalidad es la capacidad en la causa para accionar en ella, es la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos, de suerte que habrá falta de personalidad cuando la parte a la cual se le imputa no se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos para actuar en el proceso. Siendo aplicable la siguiente jurisprudencia PERSONALIDAD, FALTA DE Y ACCIÓN. Para acreditar plenamente la representación y en consecuencia la personalidad con la cual se comparece a juicio, se debe demostrar plenamente esta última, argumento con apoyo en la siguiente tesis PERSONALIDAD, COMPROBACIÓN DE LA, DEBE SER PLENA Y DIRECTA. El numeral 1060 del Código de Comercio establece (no se transcribe) Por ello, si bien es verdad que la representación común es una institución procesal, cuya finalidad es evitar la confusión que se produciría si cada uno de los promoventes obrase con independencia de los demás pudiéndose originar promociones contradictorias del artículo en comento se desprende que al establecer la obligación de nombrar representante común es cuando son las partes materiales y no las formales las que se presentan a tramitar un juicio, pues el artículo dice "existirá litis consorcio activa." y ".cuando dos o más personas ejerciten una misma acción.", es decir, que hablan de litis consorcio y ésta solo puede darse entre las partes materiales pues éstas ejercitan la acción porque puede resultar afectada su esfera o su ámbito jurídico, es decir, que la sentencia que se llegue a pronunciar les llega a afectar, se refiere el sujeto del nexo material o de fondo que está por debajo o atrás del proceso, es decir, aquella persona a la cual el resultado del proceso, la probable sentencia, estará en posibilidad de afectarle su ámbito jurídico de una forma muy particular y determinada, afectación que puede consistir en una ampliación, restricción, o mera medida de protección a dicha esfera jurídica. Ahora bien, del documento que agrega la parte actora, consistente en un documento ejecutivo mercantil, de los denominados "pagaré" se desprende que los beneficiarios del mismo son ****** Y/O ******, es decir, existe una conjunción, que es una particula invariable que sirve para relacionar palabras y oraciones. Carecen de significado propio, pues solo tienen valor relacionante, dado que son nexos, de tal suerte que para el caso que se estudia, solo se tomarán en cuenta las conjunciones que coordinan dos o más palabras las cuales desempeñan una misma función, entre las conjunciones copulativas se encuentra la Y. Mientras que las disyuntivas son conjunciones coordinantes que enlazan palabras u oraciones para expresar posibilidades alternativas, distintas o contradictorias, entre dichas conjunciones se encuentra la O, de tal manera que según las reglas de la gramática, al unir ambas conjunciones, es decir, a Y con la O, mediante una diagonal, no solo une dos nombres de tal manera que son inseparables, y la acción tiene que ser realizada por ambas personas, sino que se establece la posibilidad de que sea una persona o bien otra pero no obligatoriamente los dos sujetos. En virtud de lo anterior, surge la figura jurídica de la solidaridad, cuyo concepto jurídico según la doctrina, se ha entendido como el vínculo u obligación en que cada acreedor puede pedir y cada deudor debe cumplir la totalidad de la obligación o deuda de una sola vez, sin perjuicio del ajuste posterior de cuentas entre los acreedores o deudores para la justa percepción o contribución de cada cual. El artículo 1984 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente al de Comercio, señala que cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, existe la mancomunidad. El numeral 1987 del propio ordenamiento, establece que además la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno por sí el cumplimiento total de la obligación y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores tengan la obligación de cubrir cada uno, en su totalidad, la prestación debida. El artículo 1988 del Código Civil en materia federal establece que la solidaridad no se presume sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, sino de manera solidaria, mientras que el numeral 1989 del mismo ordenamiento establece que cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Por lo que sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede establecer que ****** Y/O ****** son acreedores solidarios y en consecuencia cualquiera de ellos puede cobrar el título de crédito, disponer de dicho crédito como mejor lo considera, por lo que en consecuencia, ****** puede continuar con la tramitación del juicio. En ese orden de ideas, es improcedente su petición de que se declare nulo todo lo actuado con posterioridad al fallecimiento de ****** y en consecuencia, la personalidad con la que comparece ****** en el presente negocio quedó debidamente acreditada, toda vez que la literalidad del documento base de la acción que acompañan los promoventes en su escrito de demanda, particularmente el endoso en propiedad cumple todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito así que ****** es dueño y propietario del documento, pues en virtud del endoso en propiedad se le transfirió el pleno dominio del título y todos los derechos a él inherentes y en consecuencia. Por lo que la personalidad del actor está debidamente acreditada y es improcedente la nulidad de actuaciones posteriores al fallecimiento de ******. TERCERO. En cuanto a la suspensión o interrupción del procedimiento, se desecha su petición en base a los siguientes argumentos: El Código de Comercio no regula en forma expresa ni contiene algún artículo con esa denominación, sin embargo, del articulado de dicho Código se desprende en qué casos se contempla la suspensión del procedimiento y son: Los previstos en el artículo 1076, fracción IV, del Código de Comercio, relativo a la caducidad, se menciona la posibilidad de suspender un procedimiento al indicar que la caducidad no opera en aquellos casos en que es necesario esperar una resolución previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades, así como en los demás casos previstos por la ley. En los casos de falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en un pleito, pues así se desprende del artículo 1251 del Código de Comercio por lo que con fundamento en el artículo 1349 es de aplicarse los numerales 113 y 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado y en estos supuestos se da vista al agente del Ministerio Público adscrito y únicamente a petición de Ministerio Público se puede suspender el procedimiento a partir de la citación para sentencia, hasta en tanto se declare que no ha lugar a intenta la acción penal, conclusión a la cual se llega con el enlace de los artículos 1054 y 1358 del Código de Comercio: 141 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como con lo previsto en los diversos 133 y 134 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato. Cuanto se interpone una tercería excluyente de dominio, en este caso señala el artículo 1373 del Código de Comercio, el juicio se seguirá en sus trámites hasta antes del remate y se suspende el procedimiento hasta que se decida la tercería. Cuando las partes hayan pactado la suspensión del término ordinario o extraordinario, en cuyo caso el juez otorga la suspensión del procedimiento, expresando en el auto la causa para hacerlo. Siendo que en el presente caso ninguno de lo supuestos anteriores se actualiza y con ello no es procedente la suspensión, pues si bien el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, también lo es que tal Código solo se aplica en los casos de supletoriedad que en este caso no es necesario usar por lo siguiente. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos. La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley suplir; y Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Y en cuanto a la interrupción, el artículo 369 del código federal de procedimientos civiles establece el momento procesal antes del cual se puede pedir la interrupción y es. Artículo 369. El proceso se interrumpe cuando muere o se extingue, antes de la audiencia final del negocio una de las partes. También se interrumpe cuando muere el representante procesal de una parte, antes de la audiencia final del negocio. Por lo que al haberse dictado sentencia el día 2 de agosto del 2019, ya no es la etapa procesal para interrumpir el procedimiento, por lo que es improcedente su petición." K) El catorce de octubre de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de remate en cuarta almoneda. l) El cinco de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia de remate en cuarta almoneda. En ella, se tuvo como postor a uno de los dos endosatarios en propiedad (Martín Omar Gayaga León) y se adjudicó en su favor el predio embargado. Este es el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación. La razón radica en que: Son tendentes a controvertir las consideraciones del juzgador para declarar la improcedencia del incidente de suspensión del procedimiento, pero en nada controvierten el remate, por sí, o por violaciones procesales acaecidas durante su tramitación. Son afirmaciones dogmáticas que no constituyen causa de pedir. 1. Inoperancia por no combatir el procedimiento de remate. En efecto, de la lectura integral de la demanda, se obtiene como primera causa de pedir, que el juzgador actuó indebidamente, en razón de que, al reconocer el fallecimiento de uno de los actores, debió esperar a que compareciera el representante de la correspondiente sucesión. Al no hacerlo, vulnera el debido proceso en su perjuicio y los derechos del fallecido. A la letra, dijo: ". mi mandatario judicial informa al Juzgado (.) sobre el fallecimiento del C. ******, lo que se acreditó con copia certificada del acta de defunción (.) a fin de que se suspenda dicho procedimiento hasta en tanto no se apersone el representante legal de la sucesión a fin de dar legal cumplimiento al procedimiento, máxime que el C. ****** se apersonara como representante común en el escrito inicial de demanda. A lo cual esta autoridad inferior, por medio de su resolución incidental de fecha 5 de febrero del presente año 2020 determinara improcedente dicha solicitud, ya que argumenta sic: (En virtud de lo anterior surge la figura jurídica de la solidaridad, cuyo concepto jurídico, según la doctrina, se ha entendido como el vínculo u obligación en cada acreedor puede pedir y cada deudor debe cumplir la totalidad de la obligación o deuda de una sola vez, sin perjuicio del ajuste de cuentas entre los acreedores o deudores) de lo remarcado resulta el hecho de que la resolutora no tomara en consideración el hecho de que uno de los acreedores estaba fallecido, por consecuencia no se puede dar el ajuste de cuentas que dicha autoridad manifiesta lo que deja en estado de indefensión al suscrito y a la sucesión legítima del finado pues en dicha sentencia de fondo se reconoce el derecho de ambos endosatarios en propiedad." Como puede advertirse, la pretensión del quejoso es controvertir las consideraciones por las que el juez estimó que sí es jurídicamente posible continuar el procedimiento con la presencia de uno solo de los coactores. Esos argumentos fueron expuestos en la resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte, en la que se consideró por qué sí es posible que el codemandado continúe, por sí, el procedimiento; además de que, se explicó la imposibilidad para suspenderlo. Estos actos no forman parte del contenido de la audiencia de remate, de tal guisa que no son tendientes a controvertir el acto reclamado, sino uno diverso. Sirve como criterio orientador, por identidad jurídica sustancial de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACEN VALER ARGUMENTOS QUE NO SE HICIERON EN UN AMPARO ANTERIOR. Es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso hace valer argumentos, que debió controvertir en un juicio de amparo promovido anteriormente, porque si no lo hizo, es obvio que aun cuando pudiera tener razón en lo que aduce, ya no es permitido en atención a la técnica del juicio de garantías; que lo haga hasta ahora, pues se trata de un aspecto que, por falta de impugnación oportuna, ya no puede ser materia de estudio." Es cierto que la incidencia en la que se resolvió sobre la posibilidad de continuar el trámite de la ejecución y el remate, ocurrió en el mismo periodo o ámbito temporal que el procedimiento de subasta; sin embargo, se está ante actuaciones que debieron ser impugnadas en la vía indirecta de forma autónoma y no como violación procesal, como enseguida se explica. El procedimiento de remate se rige por las reglas contenidas en los artículos 1410 a 1414 del Código de Comercio, así como supletoriamente, los numerales 496 a 503 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos numerales regulan una serie concatenada de actos que, en lo sustancial y en lo referente a inmuebles, se reducen a la instancia del ejecutante, valuación del bien y la fijación del precio de la subasta, así como la fecha y hora en que esto ocurrirá, lo que se anuncia públicamente bajo ciertas formalidades; además del llamamiento con la debida anticipación de los acreedores que aparezcan en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, a fin de que comparezcan a hacer valer su derecho o a manifestar su intención de compra a través de una puja o propuesta, que culmina en la declaración de remate y adjudicación en favor del mejor postor. Ahora bien, en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, precisó un límite: el amparo únicamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio constitucional que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. En interpretación extensiva de esa regulación, hay homologación de criterios jurisprudenciales en el sentido de que existen ciertos actos que, excepcionalmente, pueden ser impugnados en amparo indirecto, en tanto que, si bien, encuentran vinculación con el procedimiento de remate, guardan la suficiente autonomía pues no son tendientes, por sí, a lograr la subasta como finalidad del procedimiento o, en su caso, afectan derechos sustantivos. Entre ellos, se encuentran aquellos que, no solo no tiendan a ejecutar la sentencia o verificar el remate, sino aquéllos que tengan como finalidad su detención o interrupción. Esta clase de actos deben ser impugnados en amparo indirecto en forma independiente en el momento en que sean dictados (previo agotamiento del principio de definitividad) y no constituirán violaciones procesales impugnables en la vía biinstancial que se ejercite en contra del acto que culmina el procedimiento de remate, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo. El siguiente criterio explica los supuestos de procedencia "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Para mejor entendimiento, se formulan las siguientes reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo: Contra la resolución que pone fin al procedimiento de ejecución o de remate. Contra resoluciones intermedias que guarden autonomía con aquellos procedimientos o que afecten derechos sustantivos con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Entre estas destacan aquellas que no son tendientes a cumplimentarlos o, en su caso, que tienden a suspenderlos o detenerlos. Luego, si el acto encuadra en la segunda hipótesis, a fin de controvertirlo, es menester hacerlo de inmediato en la vía indirecta. Esto genera una inevitable regla de exclusión: La ley otorga o reconoce el derecho a impugnar de forma inmediata los actos que encuadran en la segunda hipótesis, pero impide que sean estudiados como violaciones procesales si se impugnan las conductas de la primera hipótesis. Lo anterior guarda concordancia con los principios que subyacen a los mecanismos de impugnación: evitar una doble oportunidad de controvertir o atentar contra la cosa juzgada y, sobretodo, generar certeza entre los contendientes. Se trata pues, de una interpretación conforme con los valores constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica. No es inadvertido que, en el nuevo marco de los derechos fundamentales motivado con la reforma constitucional de junio de dos mil once, se flexibiliza el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, acorde inclusive con la jurisprudencia internacional vinculatoria de la Corte Interamericana en materia protectora de los derechos humanos; empero, no debe pasar inadvertido que las reglas alusivas a los mecanismos de impugnación, también son una garantía protectora no sólo del derecho humano a la seguridad jurídica, sino a la igualdad a la que ya se hizo referencia; en el entendido de que en todo proceso existen dos o más contendientes a los que debe respetarse la oportunidad de controvertir lo resuelto en similares condiciones; en esa medida, dejar de lado las inoperancias aduciendo vulneración a prerrogativas fundamentales, podría generar un desequilibrio entre las partes que, a la postre, vulneraría esa igualdad que se predica como principio toral del sistema de derechos humanos. En esa medida, sin prejuzgar sobre lo acertado o desacertado de la causa de pedir, lo cierto es que esta instancia constitucional no sólo debe ser respetuosa sino promotora del derecho humano a la seguridad jurídica que conlleva un procedimiento reglado por el legislador y por una lógica impugnativa; de ahí que resulte obligatorio obedecer las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, en los términos de ley y la jurisprudencia correspondiente. Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la incidencia que resolvió sobre la petición del ahora quejoso sobre la paralización del procedimiento de remate, se corresponde con los dilemas que, si bien guardan cierta relación, no solo son autónomos, sino que afectan derechos sustantivos y no pueden considerarse como parte de él, sino de uno diverso que busca, inclusive, suspenderlo por causas ajenas. Así se desprende de forma clara, en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación" Bajo esa perspectiva, toda causa de pedir que busque controvertir una interlocutoria como la que, en el caso, desestimó la petición de suspender el procedimiento de remate, debe ser hecha valer en un juicio de amparo indirecto autónomo, en el que se señale como acto dicha resolución y no puede ser materia de la demanda promovida en contra de la audiencia de remate. De ahí que se corrobore la inoperancia de los conceptos de violación expuestos en el asunto que nos ocupa. 2.Afirmación de que la falta de llamamiento de la sucesión afecta el debido proceso. Finalmente, en la parte final de los conceptos de violación, el quejoso argumenta: De todo lo anterior, se colige que el Juzgado (.) solo consideró como acreedor y adjudicatario a uno solo de los acreedores y (.) resulta en perjuicio de la sucesión legítima del finado (.) puesto que nunca se les dio aviso, a fin de que el representante legal de dicha sucesión compareciera con ese carácter a dilucidar sus intereses y acreditando con ello que se me vulnera mi derecho fundamental a un debido proceso, pues de lo narrado resulta obvio que la resoluciones y adjudicación de remate vulneran el derecho al debido proceso del suscrito, así como violenta derechos de terceros, como es la sucesión legítima del finado C. Jesús Martín Gayaga Villalpando.." Como puede advertirse, expone que la falta de llamamiento a la sucesión del de cujus violenta el derecho de ésta, así como "el debido proceso del suscrito"; empero, la mera afirmación dogmática de que esa circunstancia le causa afectación, sin exponer mayor argumento que permita ser contrastado, impide su estudio. De analizarlo, se traduciría en una revisión oficiosa que contraviene el estricto derecho en los conceptos de violación, a que se refiere la Ley de Amparo, cuando en su artículo 79 regula los supuesto de la deficiencia de la queja, entre los que no se encuentra el caso que nos ocupa. En todo caso, el promovente debió explicar en qué se ve afectado por la forma en que se verificó el remate; inclusive en sentido contrario, es decir: cuál sería el beneficio para él, en que fuera llamada la sucesión. Por ello es que, la frase "se vulnera el debido proceso", no contiene elemento alguno que permita contrastarse en lo particular o individualizarse como causa de pedir, con las conductas tildadas de inconstitucionales; se insiste, se está ante una afirmación dogmática incapaz de ser analizada jurídicamente. Es aplicable la jurisprudencia, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." También orienta la jurisprudencia que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." CONCLUSIÓN En suma, ante lo inoperante de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal a Juan Medrano Alguera. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******, en contra del acto y autoridad precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones indicadas en el último considerando.

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