Juan Martín Rodríguez Prieto

Expediente 428/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
428/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
18/06/2015

Partes del expediente

  • Juan Martín Rodríguez Prieto

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso *********, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente cuaderno, previa razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el veinticinco de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por el quejoso.

  3. Principal

    Por recibido el escrito de Juan Martín Rodríguez Prieto, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada el diecinueve de los actuales; por tanto, se tiene por desahogada, a lo que se provee: Vista la demanda de amparo presentada por Juan Martín Rodríguez Prieto, así como su escrito aclaratorio, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, en relación a los actos reclamados consistentes en el auto de dos de julio de dos mil catorce, y la notificación de ocho de mismo mes y año, de los antecedentes se advierte: El promovente es parte en el juicio laboral 893/2007/L1/CC/IND. En acuerdo de dos de julio de dos mil catorce, se requirió al quejoso para que proporcionara datos precisos y concretos de localización de los domicilios de los absolventes de una prueba confesional de hechos propios. (primer acto reclamado) El ocho del mismo mes y año, se notificó al quejoso la celebración de una diligencia de "reposición de autos". (segundo acto reclamado) El seis de abril de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de "reposición de autos" y en ese día tuvo conocimiento de los actos reclamados, lo que hizo saber bajo protesta de decir verdad. Lo anterior permite advertir que los actos reclamados consistentes en el acuerdo de dos de julio de dos mil catorce, y la notificación de ocho del mismo mes y año, fueron conocidos por el quejoso el día que compareció ante la responsable, esto es, el seis de abril de dos mil quince. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días,." "Artículo 18.Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Acorde con los numerales en cita y los antecedentes narrados, la presentación de la demanda resulta extemporánea, pues el primer día del cómputo fue el siete de abril del año en curso (día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento de las conductas) y el último fue el día veintisiete de abril del presente año. Se componen de la siguiente manera: Días hábiles: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de abril pasado. Días inhábiles: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de abril del año en curso. Luego, si la demanda fue presentada hasta el quince de mayo de dos mil quince (según se advierte de la papeleta correspondiente), entonces se encuentra fuera del plazo aludido. Razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por Juan Martín Rodríguez Prieto, en relación al acto reclamado consistente en el auto de dos de julio de dos mil catorce y la notificación llevada a cabo el ocho del mismo mes y año. Se destaca que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción al término de quince días, previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación al diverso acto reclamado (resolución de veinte de abril de dos mil quince), en que la autoridad responsable se negó a sustanciar el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Se retoman los antecedentes: El promovente es parte en el juicio laboral 893/2007/L1/CC/IND, en el cual aún no se dicta sentencia. El seis de abril del año en curso, se llevó a cabo una diligencia de "reposición de autos", en la que estuvo presente. El nueve de abril del presente año, interpuso incidente de nulidad de la notificación practicada el ocho de julio de dos mil catorce, en la que se le llamó a la diligencia citada en el párrafo anterior. El veinte abril pasado, se dictó un acuerdo en el que se negó su petición de sustanciar el incidente en mención. (éste es el tercer acto reclamado). A juicio del suscrito este acto no puede considerarse como conducta cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales. En efecto, la única consecuencia es la validez de una notificación, lo que se traduce en una mera afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal que puede ser reparada si el ahora inconforme, obtiene sentencia favorable en el juicio de donde deriva el acto reclamado; de no ser así, la violación al procedimiento puede ser reparada mediante el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Dicho de otra manera, el derecho afectado materialmente reviste la categoría "adjetivo", expresión antagónica a lo sustantivo, cuya afectación no puede considerarse actual o patente desde que surge el acto -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esas reflexiones dieron origen a la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), consultado en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 105, de dicho Ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por Juan Martín Rodríguez Prieto, contra el acto consistente en el auto dictado el veinte de abril de dos mil quince. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano